Callejón con salida

El enquistado conflicto en la enseñanza concertada vasca obliga a rescatar un diálogo sincero para evitar un daño aún mayor a sus 120.000 alumnos

Callejón con salida
Fernando Gómez
EL CORREO

Los colegios concertados de Euskadi se enfrentan a una nueva campaña de huelgas entre hoy y el viernes, que se extenderá a abril y mayo. Con las diez nuevas jornadas de protestas convocadas por los sindicatos, los paros sumarán 24 días lectivos en el presente curso. La conflictividad enquistada en el sector por las diferencias en torno al convenio colectivo no puede ser asumida como un fenómeno irreversible, con el que resulta obligado convivir, cuando se resiente la formación ofrecida a sus 107.000 alumnos y ha encendido una comprensible alarma en decenas de miles de familias. La huelga es una opción legítima, pero ha de ser utilizada con prudencia para evitar consecuencias colaterales indeseables, como vaciar de contenido el derecho a la educación, como advirtió ayer el Ararteko. Urge romper el círculo vicioso en el que las centrales plantean reivindicaciones cuya procedencia es, en la mayoría de los casos, poco discutible, aunque con un elevado coste económico, y la patronal alega que no puede satisfacerlas como quisiera por carecer de los recursos suficientes.

El cierre en banda de ambas partes en sus respectivas posturas y su renuencia a una mediación solo garantiza permanecer 'sine die' en un callejón sin salida cuando en realidad la tiene: actuar con responsabilidad y explorar un diálogo sincero que conduzca a una solución razonable, alejada de maximalismos. El daño causado a la imagen de la enseñanza concertada por la sucesión de protestas en nada beneficia a medio y largo plazo a sus 9.000 trabajadores, ni a la capacidad de atracción de esta red para captar estudiantes en un contexto de caída de la natalidad. Tampoco favorece el objetivo de la excelencia educativa en el que están comprometidos todos los agentes implicados en el conflicto. Resulta incomprensible que el convenio del sector lleve una década sin actualizar, un periodo en el que han permanecido casi congeladas las aportaciones del Gobierno vasco para financiar sus 215 colegios, lo que limita al máximo su margen de maniobra. Como garante del sistema de enseñanza en Euskadi, el Ejecutivo ha de ejercer una función arbitral para favorecer un acuerdo que zanje un pulso cuyas consecuencias están pagando los alumnos y sus familias. Y valorar un eventual aumento de los conciertos para compensar una década de ajustes, que ya ha corregido en buena medida en la red pública.