Menos aforados

El acuerdo PP-PSOE-Ciudadanos para reformar la Constitución se enfrenta a sus diferencias de criterio y a un enrarecido clima político

Albert Rivera Díaz. /El Correo
Albert Rivera Díaz. / El Correo
EL CORREO

La regeneración de la vida pública española es una necesidad ineludible. El comportamiento de algunas élites políticas y económicas ha desencadenado un profundo hartazgo social, que hace difícil de asumir para la opinión pública el mantenimiento de figuras como el aforamiento, asociadas en el imaginario colectivo a un trato de favor en sus relaciones con la Justicia. Ese mar de fondo ayuda a explicar que la cruda batalla partidista sobre este asunto se transformara anoche en una amplia mayoría en el Congreso. El PP sorprendió al sumarse a una iniciativa de Ciudadanos, apoyada también por el PSOE, que emplaza a emprender una reforma de la Constitución en el plazo de tres meses para acabar con los beneficios que el aforamiento concede a los diputados, senadores y miembros del Gobierno. El texto, aprobado sin ningún voto en contra, invita a los parlamentos autonómicos a revisar sus respectivos estatutos en la misma dirección. Pese al respaldo cosechado, no es seguro que la propuesta de Albert Rivera se materialice en una revisión de la Carta Magna. No solo porque las diferencias sobre esta materia sean palpables entre los tres partidos que sumaron ayer sus fuerzas. También porque está por ver si el PP, sin cuyo apoyo es inviable la modificación de la ley de leyes, actúa desde la convicción de que la medida es prioritaria o para evitar que su presidente, Pablo Casado, quede ahora en evidencia. Solo su aforamiento por ser diputado ha impedido que un juez le imputara por su polémico máster y que la decisión quedara en manos del Tribunal Supremo. La votación se había visto precedida de la improvisada propuesta de Pedro Sánchez para impulsar una reforma exprés de la Constitución que suprima los aforamientos de los políticos exclusivamente en los casos de delitos ajenos al ejercicio de sus funciones. El debate en el Congreso visualizó hasta qué punto la iniciativa del Gobierno ha abierto, como era de prever, una desatada puja partidista en una doble dirección. La primera, sobre quiénes deben ser privados del aforamiento. El PP, el PSOE y Ciudadanos no coinciden en el alcance ni en el ritmo de la medida. Podemos y los nacionalistas quieren extender la supresión a la Familia Real. La segunda, sobre la posibilidad de emprender una reforma de la Constitución de mayor envergadura. La inestabilidad política que azota España y la debilidad del Ejecutivo sobrevolarán en torno la reforma.