El Fuenlabrada, en riesgo de descenso

El organismo federativo designó a Ricardo Esteban Díaz Sánchez para instruir el caso y, una vez que el Comité de Competición haya desestimado hasta en dos ocasiones sendas recusaciones del Club de Fútbol Fuenlabrada, este ha dictado sus valoraciones sobre lo acontecido el pasado 20 de julio, cuando en la expedición de los madrileños a La Coruña para disputar el último encuentro de la Liga SmartBank se detectaron varios positivos por el virus SARS-CoV-2 pocas horas antes del inicio.

Y la resolución de Díaz Sánchez no puede ser más negativa para los intereses fuenlabreños: pide su descenso administrativo y una multa de 15.001 euros y entiende que su propuesta cumple el «principio de proporcionalidad», adecuándose a «la gravedad de los hechos infractores».

En el expediente se asegura que la actuación del Fuenlabrada «se apartó» de lo que debía haber sido una «actuación respetuosa y leal con las normas, con la competición, con el fair play, con el resto de los contendientes, los árbitros, los jugadores y el titular de la competición». «Lejos de ello -añade-, se trató de una actuación insolidaria, que miró exclusivamente por el propio interés del club en detrimento del resto de actores de la competición, y que resulta aún si cabe más reprochable al tratarse del último partido del Campeonato y no haber reparado en la posible afectación a la salud de los participantes en la competición», justifica.

Según las valoraciones de Díaz Sánchez, el Fuenlabrada era «conocedor» de cuatro positivos por Covid-19 antes de viajar a Galicia, pero no se comunicaron los mismos ni a la RFEF ni al Consejo Superior de Deportes (CSD).

«El hecho de no comunicar esta información al CSD y a la RFEF -sigue el expediente- pudiera haber quedado en una mera anécdota si no fuera porque, al final, donde había cuatro casos se convirtieron en veintiocho, se tuvo que suspender la celebración del partido siendo la última jornada y se produjo una desvirtuación (hasta ahora nunca vista en la historia del fútbol español) de la competición», sostiene.

Entiende que «efectivamente, el club (Fuenlabrada) y la LaLiga ocultan, deliberadamente, toda la información que conocían, quizá con la esperanza de los casos no trascendieran».

«Posteriormente», añade el instructor en su relato, «cuando ya no tienen más remedio habida cuenta de que la situación se había descontrolado, es cuando en la tarde del lunes 20 de julio deciden ponerlo en conocimiento de la Dirección General de Deportes y este, a su vez, del secretario general de la RFEF».

Eso, apunta en su expediente, propicia que se celebrara una reunión de urgencia en el marco de la Comisión de Seguimiento para el Convenio de Coordinación RFEF-LNFP, con presencia del CSD para tratar el asunto.

Considera «un tanto llamativa la información que remite el secretario general de la RFEF que manifiesta que recibe llamadas del CSD para la convocatoria de una reunión sin determinar el asunto y que recibe correos electrónicos de la LaLiga en los que ya se adelanta el borrador del acta de la reunión (que no se había celebrado) sin que, con anterioridad, esta institución fuera informada de nada».

En este sentido, cree que «la ocultación de la información» por pate del Fuenlabrada y de LaLiga llevó a la toma «de una decisión que afecta a toda la competición». «Si en el momento que conocen la existencia de cuatro casos positivos se hubiera dado traslado a la Comisión, se podría haber tratado el asunto con más tiempo e, igual quién sabe, se hubiera adoptado otra decisión», razona.

Precisa, igualmente, que «deliberadamente, club y LaLiga ocultaron información, «aún a sabiendas de que es el Comité de Competición el que, en última instancia, tiene la competencia para la suspensión de los partidos». Y que si se hubieran comunicado los positivos desde el principio «es posible que las decisiones hubieran sido de otra índole, terceros clubes no se hubiesen visto perjudicados en sus intereses por un asunto del cual no son responsables pero sí víctimas y no se hubiese alterado el buen orden deportivo y la finalización de la competición».

El instructor sostiene, igualmente, en su exposición que LaLiga abandonó «a su suerte al resto de clubes participantes en la competición» y mostró «un interés desmedido, adquiriendo un rol interesado y sobreprotector en defensa del Fuenlabrada».

«Entre los días 20 de julio y 14 de agosto han ocurrido un sinfín de situaciones en relación con la competición de Segunda», avanza el juez, que «no alcanza a entender cómo pueden permitirse ciertas cosas a clubes que con sus conductas han perjudicado gravemente la competición», en alusión a que el encuentro se hubiera, finalmente, disputado el 7 de agosto.

Considera que los perjudicados han sido el Deportivo, que no pudo «competir en igualdad de condiciones» y el Numancia, que también descendió en la última jornada. También cree que se le generó un «perjuicio grave e irreparable» al Zaragoza, Almería, Girona y Elche, que se clasificaron para la promoción de ascenso y han tenido que esperar «varias semanas» para disputarla.

Por otra parte, entiende que «uno de los hechos más graves y que, nuevamente, muestran el grado de ocultación por parte de los dirigentes (del club) y de la LaLiga de la situación real, es lo que sucede con los propios jugadores y el cuerpo técnico» del Fuenlabrada. El instructor advierte de incongruencias en el relato del médico del Fuenlabrada, testimonio que el club madrileño intentó invalidar durante el procedimiento, y concluye que «los jugadores no fueron informados inmediatamente de los casos positivos o posibles casos».

Y «lo que es aún más grave, no se les informó de que realmente eran casos positivos, se les ocultó esa información y se les obligó a entrenar el domingo y a coger un avión a La Coruña el lunes por la mañana», apunta el juez, que se apoya en el testimonio del representante de Hugo Fraile, Rodrigo Fernández Lovelle, ratificado por el jugador.

Esgrime, además, que «no existe una prueba más reveladora de la ocultación malintencionada del club de lo que estaba ocurriendo que el hecho de que el entrenador, José Ramón Sandoval, no conociese la existencia de casos positivos hasta el lunes por la tarde, momento en que la situación se descontrola por completo».

El instructor también critica al sindicato AFE, del que dice que «no ha mostrado el más mínimo interés en defensa de sus jugadores, salvo la remisión de una documentación» que le fue requerida.

Esta resolución no es vinculante y es el Comité de Competición quien debe tomar la ecisión, aunque el ezpediente de Díaz Sánchez pone al Fuenlabrada en una situación más que delicada.

El club del sur de Madrid, ante esta resolución, reaccionó ayer reiterando su posición contraria al nombramiento del juez instructor recordando que un perito independiente ha acreditado «en una probabilidad de 5 sobre 5» que Ricardo Esteban Díaz Sánchez no escribe las providencias que firma, sino que el autor real de las mismas es el vicesecretario general de la RFEF, Miguel García Caba, por lo que «el auténtico instructor no es un Juez independiente, sino un miembro de la cúpula federativa de la máxima confianza de Luis Rubiales y Andreu Camps».

Inciden los madrileños en que el procedimiento «disciplinario está plagado de infracciones procesales (tomas de declaración sin asistencia letrada, incumplimiemto de plazos, falta de práctica de prueba de forma arbitraria y falsedad manifiesta obviando prueba aportada) y que las acciones que están realizando «un grupo directivos de la RFEF instrumentalizando a sus órganos disciplinarios de la RFEF con el objetivo de descender administrativamente al CF Fuenlabrada de forma ilegal, son ademas un delito de intento de alteración de la competición contemplado en el 286.bis.4 del Código Penal».

Añade el Fuenlabrada que ya ha denunciado «estos y otros hechos» ante los Juzgados de Instrucción Penal y ante el Consejo Superior de Deportes, y avisa de que llegará «hasta las últimas consecuencias para probar y desmontar este turbio plan criminal del que ya obra prueba concluyente».

Para concluir, los madrileños aseguran ver el proceso con «total tranquilidad» toda vez que el Comite de Competición «no estimó que existiese conducta siquiera para la pérdida provisional de tres puntos, por lo que es técnicamente imposible que considere que se pudiese llegar a la locura absoluta de un descenso administrativo», culmina.