Sancionan con 24.000 euros a la gestora del centro animal de Miranda por incumplir el contrato

Tras meses de estudio concienzudo y profundo análisis, los técnicos de la entidad municipal han dado luz verde a la notificación de la sanción económica que, según ha podido saber ELCORREO, va a ser recurrida por la firma de Roberto Solagaistua, especializada en veterinaria y todavía gestora del Cemba en la ciudad. De momento, el Ayuntamiento ha congelado el pago mensual del servicio (unos 9.600 euros), puesto que el computo de las penalizaciones es superior.

Entre los diversos incumplimientos del contrato, el Consistorio mirandés enumera que no se ha creado una página web para registrar los animales recogidos que posibilite la adopción por parte de la ciudadanía, una condición recogida en el pliego y que no se ha puesto en marcha desde 2020; así como tampoco se ha llevado a cabo un control de las colonias felinas, haciendo hincapié en solares urbanos que son residencia de colonias gatunas, y más específicamente en la zona de San Juan del Monte. Todo ello con el objetivo de disminuir el número dentro de las instalaciones existentes.

En otro orden de quebrantamientos contractuales, la Concejalía de Medio Ambiente asegura que la empresa gestora de la perrera tampoco ha emitido informes mensuales para hacer un seguimiento ni ha acometido la rotulación del vehículo dispuesto para el servicio con los logos del Cemba y del Ayuntamiento.

En este contexto, María Cueva, titular del departamento, sí que quiere dejar claro que «todas estas sanciones están dirigidas exclusivamente al gestión del centra, nada tienen que ver con los trabajadores del Cemba, cuyo compromiso con la ciudad ha sido ejemplar. Nuestro grado de satisfacción con los trabajadores es máximo y todas las sanciones son responsabilidad de la empresa gestora».

Así las cosas, Medio Ambiente se ha esforzado en detectar y sancionar los cuatro incumplimientos. Además, queda pendiente de aportar la documentación de subrogación del servicio que el Ayuntamiento le ha requerido a la empresa saliente para completar todos los trámites antes de que entre la nueva gestión.

De acuerdo a la Ley de Contratos Públicos, la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar y que tenga la condición de empleadora de los trabajadores afectados estará obligada a proporcionar la referida información al órgano de contratación, a requerimiento de este. Como parte de esta información, en todo caso se deberán aportar los listados del personal objeto de subrogación, indicándose: el convenio colectivo de aplicación y los detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada trabajador y los pactos aplicables.

Otro de los puntos que han generado discordia en el departamento es la negativa de la gestora a la hora de devolver el vehículo que fue adquirido con fondos municipales.Según informan desde Medio Ambiente, de los dos vehículos que constaban en el contrato del servicio, uno de ellos fue pagado por el propio Ayuntamiento. Sin embargo, aunque la inversión económica ha corrido por parte del ente municipal, todo apunta a que el todavía gestor del Cemba no tiene intención de retornar el transporte. Así se lo hizo saber a Medio ambiente a través de una comunicación escrita.

Todos estos motivos hacen pensar que el tramo final del contrato con la empresa gestora puede enfangarse. El Ayuntamiento cree que tiene razones de sobra para imputar las sanciones y confía en que todo se allane de cara al nuevo contrato que dará comienzo en apenas unos días.