Publicadas las bases para el alquiler en el edificio de Arenal 8

El inmueble es de titularidad municipal. /A. G.
El inmueble es de titularidad municipal. / A. G.

Las dos viviendas se destinarán a familias con hijos de 2 a 6 miembros en situación de protección especial

TONI CABALLERO

El Boletín de la Provincia de Burgos (BOPBUR) dio luz ayer a las bases para regular el acceso y las condiciones de uso de las dos viviendas adquiridas por el Ayuntamiento para fines de carácter social en el número 8 de la calle Arenal.

Las dos estancias, situadas en el segundo y tercer piso, disponen de tres habitaciones cada una; con salón–cocina equipada y dos baños, respectivamente. Ambos espacios serán destinados por el Consistorio a familias con descendencia que tengan de dos a seis miembros. Colectivos de especial protección, en especial a familias numerosas o monoparentales con hijos a cargo.

Dentro de los requisitos a presentar por los solicitantes, es necesario haber residido en la ciudad durante seis meses consecutivos y disponer de unos ingresos mensuales, en el momento de la solicitud, entre el 0,5 y 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) calculado en 14 pagas. Además, los concurrentes no podrán ser titulares de otra vivienda, salvo que ésta sea evaluada como inadecuada por el criterio municipal, y deberán estar al corriente tributario con el Ayuntamiento.

Las solicitudes deben presentarse en el Servicio de Atención Ciudadana (SAC) dentro de los quince días posteriores a la publicación en el boletín, adjuntando la documentación exigida en las bases. En lo referente al precio del alquiler de ambas viviendas, la renta será como máximo el 25% de los ingresos de la unidad familiar según el número de miembros que la conformen.

En cuanto a las ayudas al alquiler del Consistorio, a día de hoy sólo se han otorgado 4.500 euros de los 100.000 euros presupuestados para el ejercicio. Pese que a 39 personas se las calificó como favorables después de completar los tramites, sólo 10 recibieron dotación económica.

A este hecho se refirió Pablo Gómez, el concejal de Servicios Sociales, valorando que «una ayuda, sea la que sea, no puede ser valorada por la cuantía con la que se presupuesta la partida o la que se ha otorgado cuando finaliza la convocatoria». El edil socialista mantiene que el procedimiento está «ajustado al reglamento» y que lo importante «es la existencia de la ayuda para aquellas personas que lo solicitan».

Cabe recordar que éstas se han repartido entre un número reducido de personas de las 56 que concurrieron a la convocatoria abierta en septiembre del pasado año. Para concurrir a ella, los solicitantes tenían que presentar una renta a la que destinaran más del 30% de sus ingresos mensuales, uno de los requisitos para poder acogerse a una subvención que tenía su tope fijado en 200 euros mensuales.

Así que, inicialmente el grupo de personas con derecho a prestación económica quedó reducido a 10, de las que se acabaron descolgando dos, una por no presentar la documentación requerida y otra por renunciar a ella al tener concedida una ayuda de la Junta de Castilla y León para la misma finalidad. Fue a esos ocho a los que se les hizo el ingreso correspondiente al último trimestre del pasado ejercicio.

Gómez quiso remarcar los baremos para la concesión de apoyo al alquiler del Consistorio han sido, hasta este año, «más amplios» que los establecidos por la Comunidad Autónoma. En 2018, esos requisitos han sido igualados desde el Gobierno regional. Para optar a la ayuda, los ingresos deben oscilar entre los 3.759 euros de ganancia mínima anula y una máxima de 22.558 euros, entre 0,5 veces y 3 veces el IPREM. Por su parte, la Junta anteriormente aplicaba un límite de 2,5 veces el IPREM, una ganancia máxima anual de 18.796 euros.

Para finalizar, el concejal resaltó que «el Ayuntamiento tiene esta línea de ayudas, algo importante, y tienen un sentido que no es otro que concederlas a las personas que lo necesitan». Asimismo, también subrayó que en los últimos años, el Consistorio ha estado «abarcando a un abanico mayor» de posibles personas beneficiarias que la Junta de Castilla y León.

 

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