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Óscar Casado
Lunes, 5 de febrero 2018, 00:02
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La última convocatoria municipal para las ayudas al alquiler salió el pasado mes de septiembre. Un momento en el que empezó a correr el reloj de unas ayudas anuales, para las que se presupuestó una partida máxima de 200.000 euros. Por el momento, solo ha pasado un trimestre en el que, según el concejal de Servicios Sociales, Pablo Gómez, se han repartido un total de 2.165,94 euros.
Una cantidad que supone poco más del 1% del total, aunque es cierto que habrá que esperar a saber cómo se comporta la demanda en los otros tres trimestres que restan para llegar hasta septiembre. En cualquier caso, de seguir esta misma tendencia, el dinero concedido se quedaría ligeramente por encima del 4% de los 200.000 euros. Eso sí, esta línea cubre los ratios más altos, puesto que por debajo de ella están las ayudas de emergencia social, que pueden suplir necesidades del alquiler, o las que se otorgan por este mismo concepto desde la Junta de Castilla y León.
En cualquier caso, hasta el momento se han atendido 38 solicitudes en este primer trimestre, aunque no todas ellas han recibido el dinero. En concreto, Gómez aclara que solo diez las presentadas cumplían con todas las obligaciones reflejadas en el reglamento, y por lo tanto, los más de 2.000 euros repartidos hasta ahora han recaído en una decena de casos.
Esto se debe a que según explica el responsable municipal, algunas de las personas demandantes tienen un alquiler que se trata de «justo en función de los ingresos que ellos reciben». En este sentido, el propio el reglamento del Consistorio refleja que «se entiende por alquiler justo el resultante de aplicar el 30% a los ingresos totales de la unidad de convivencia».
Un elemento por el que se han quedado fuera el resto, las 28 solicitudes descartadas por este aspecto, pese a que a nivel personal sí que cumplían con el resto de los requisitos. Por este motivo, el concejal explica que ya en este segundo trimestre en el que se encuentran las ayudas «se revisará y si su alquiler ha subido podrían entrar a ser beneficiarios», confiesa. Un elemento importante puesto que se establece que el pago de las cantidades concedidas se realiza al trimestre y no mensualmente.
Pero al margen de lo que hasta ahora se ha aportado, desde la oposición se suele criticar que por parte del equipo de Gobierno se presupuesta una cantidad que no se suele alcanzar, entre otros motivos, por los reglamentos que hacen que sea difícil cumplir con cada uno de los requisitos. Para tratar de rebatir este argumento, Gómez resalta que desde los Servicios Sociales se han sacado ayudas «como la del alquiler y la de suministros en la que estamos por encima de la Junta de Castilla y León».
Esto quiere decir que los criterios son más abiertos y que dejan más margen de maniobra, aunque Gómez tiene claro que «hay que poner límites a los reglamentos» por una cuestión de «justicia social». En este sentido, también defiende que las normas están claras y si se cumplen «se otorga la ayuda. No hay una decisión política, es una valoración objetiva», defiende.
Además, respecto a la cantidad de personas que se acercaron en el primer trimestres a por esta ayuda, Gómez considera que el «número de solicitudes es como para considerar que sí que se ha informado», resalta el concejal, teniendo en cuenta que surgen después de la disolución de Viranda, algo que a su entender «ya no influye».
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