El PP pide un reglamento de buen uso y cámaras de seguridad en la biblioteca de Miranda

Por este motivo, el PP pide un reglamento que regule las normas básicas de respeto que deben cumplir todos los usuarios facilitando así la tarea de los funcionarios y que además establezca las posibles sanciones para los que no respeten la normativa, categorizándolas en faltas leves, graves y muy graves. «De esta forma obtendremos una claridad y seguridad jurídica, una proporcionalidad de las sanciones y una regulación de la vida local», aseguran desde las filas del principal partido de la oposición Belén Vélez y María de Otero.

Las dos ediles populares dejan claro que no se refieren al funcionamiento, sino de un documento que tiene que aprobarse por el pleno «y cuya redacción debiera hacerse con los jefes de servicio para conocer de primera mano las necesidades y problemas de cada espacio público, dando lugar a una redacción más clara de unas normas básicas».

Los principales problemas se han dado en las piscinas y la biblioteca. En los últimos veranos se han dado casos de personas que se saltaban las vallas para no pagar entrada e incluso grupos de bañistas que querían tirarse al agua vestidos, siendo necesaria la presencia policial. En la climatizada, últimamente también se han registrado incidentes con usuarios que han increpado a los socorristas al no querer salirse del agua en los cierres de media hora a mitad de jornada por falta de personal. Los sucesos en la biblioteca hicieron que el concejal llegara a plantear la necesidad de un reglamento «pero nueve meses después no se ha vuelto ni a hablar del tema».

Vélez y De Otero creen que se debe ir un paso más allá y reclaman que ese documento vaya a mesa de negociación para dar voz a todas las formaciones políticas pero también a los sindicatos y asociaciones afectadas, e incluso proponen una medida adicional para garantizar la seguridad como la instalación de cámaras de vigilancia en puertas de acceso y puntos más conflictivos. «Por un desembolso mínimo, que puede oscilar entre 3000 y 6000 euros, conseguiríamos unas garantías de seguridad tanto para trabajadores como para los usuarios», remarcan.

Asimismo, plantean la posibilidad de instalar en las dependencias públicas un botón de pánico conectado directamente con Policía Local para que los funcionarios puedan hacer uso del mismo en los casos muy graves, en los que se vea alterada tanto el funcionamiento como la tranquilidad del resto de usuarios. Eso sí, todo ello informado con los correspondientes carteles para cumplir con la legislación relativa a la protección de datos y también para que tenga un efecto disuasorio