Miranda trabaja en anular en fiestas el tope legal de ruido y buscará el consenso con los afectados

El fallo obliga al Consistorio a buscar un nuevo emplazamiento no residencial para esas actividades –algo que se considera inviable para este ejercicio–; o a adoptar medidas efectivas de control acústico, con mediciones de ruido y limitación de niveles, que es en lo que ya se está trabajando, mientras se decide también si se recurre el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, ya que la sentencia no es firme. El Ayuntamiento tiene hasta el 8 de julio para tomar una decisión.

«Estamos estudiando la sentencia y, al mismo tiempo, Montse Cantera está pidiendo ofertas a empresas que se dedican a hacer estudios técnicos acústicos para poder dar cumplimiento a la sentencia», explicó la alcaldesa, Aitana Hernando, que dejaba claro que van a cumplir con la obligación de realizar un acto administrativo expreso para levantar los niveles máximos acústicos en momentos de especial importancia, tal y como recoge la ley, convencidos de que las fiestas patronales de la ciudad entran en ese epígrafe.

Pero en ese sentido, una de las abogadas de la Asociación de Afectados por el Ruido de Miranda, María José Rodríguez, advertía de que «se pueden suspender los niveles de calidad acústica en el periodo estrictamente necesario, pero no los derechos fundamentales de las personas, que siempre se priorizan. Hay que valorar la incidencia acústica, establecer controles horarios de funcionamiento de las actividades, poner limitadores de sonido en los emisores acústicos... ».

Recordaba, además, que el Consistorio no ha hecho nada para solucionar el problema desde 2019, cuando se presentaron las primeras denuncias por exceso de ruido derivado de las barracas, los conciertos y las txosnas;ni después, cuando el Procurador del Común les dio la razón. La única respuesta ha sido el silencio administrativo, cuando la competencia es municipal.

«Llevan años soportando en el interior de sus viviendas un ruido desproporcionado, durante muchísimas horas, durante muchos días que duran las fiestas. Niveles que les impiden dormir y estar a gusto en sus casas y tienen derecho a la inviolabilidad del domicilio por ruido descontrolado», valoró la letrada; que recordaba que en las mediciones aportadas al caso se verificó que el nivel nocturno en fiestas estaba dentro de 3 viviendas entre 50 y 77 decibelios, cuando el máximo legal es de 30. «Era un ruido industrial», incidió.

Por su parte, el equipo de Gobierno apuntaba ayer que tiene pendiente sentarse a hablar con miembros de la Asociación contra el Ruido, algo que tratarán de hacer en cuanto tengan un estudio técnico sobre la sentencia, tal y como apuntó el concejal de IU-Podemos, Guillermo Ubieto.

«Independientemente de lo que dice la sentencia, nuestra voluntad ha sido, es y será, intentar llegar a soluciones consensuadas porque suelen ser las que mejor funcionan y nos parece que es lo mejor para la ciudad. Aunque se estudie el recurso vamos a intentar reunirnos para llegar a una solución y lo haremos de forma rápida, lo más inmediata posible»

También está pendiente la convocatoria de la mesa del ruido, a la espera de que varias asociaciones de vecinos nombren representante. Aún no lo han hecho «a pesar de que se ha insistido en varias ocasiones y creemos que para que sea algo verdaderamente representativo de la sociedad mirandesa tienen que estar todos», valoró Hernando. Consistorio, hostelería y Asociación contra el Ruido ya han designado a los suyos.

Foro, en el que entre otras medidas, se debatirá el compromiso municipal de crear un recinto ferial, aunque ésa «no es una medida que se pueda tomar de inmediato ni en el corto espacio de tiempo. Tenemos que buscar una ruta de consenso que beneficie a todo el mundo, que mejore la calidad de vida de la gente a la que le afecta el ruido pero que se compagine con el derecho al ocio y al disfrute de las fiestas populares», señaló Ubieto.

Pero el presidente de la Asociación de Hosteleros Altamira, Pepe Rey, tiene claro que por mucho que se hable de compaginar ambas cosas «el que más va a perder es el ciudadano mirandés. Nosotros montaremos donde nos manden y, si no es viable, no nos pondremos». Al final se trata de un negocio y tiene que ser rentable, en caso de no serlo «no se volverá a hacer».

Otra cosa es dar opciones reales de ocio a los mirandeses y a los que visitan la ciudad en esas fechas. «Habíamos creado unas fiestas atractivas y ahora no sabemos hacia dónde van a ir». Además, se muestra convencido de que si se opta por un recinto ferial, las fiestas dejarán de ser de calle, como han sido hasta ahora. Perderán su esencia. «Se va a vaciar la ciudad y eso me da pena».

Más allá de que ve muy difícil crear un recinto ferial en un lugar de la ciudad al que vayan a desplazarse masivamente los mirandeses y no resida nadie a quien se pueda molestar. «Esta sentencia lo que hace es pasar el problema de un sitio a otro»

De momento, el compromiso municipal para este año pasa por tener un «estudio preciso» sobre los posibles emplazamientos de ese recinto ferial, donde se reúnan las condiciones y características para que tenga garantías.