Miranda reduce el gasto en deportes y bomberos, pero lo eleva en colegios

La misma evolución registran los números centrados en instalaciones deportivas ya que esas dependencias municipales consumieron recursos económicos por valor de 1.744.984 euros, 181.225 menos que el importe que reflejó el análisis de situación económica un año antes.

Contrario fue el paso marcado por los colegios, que volvió a incrementar el gasto por encima de lo presupuestado. El total fue de 1.669.586 euros, cifra que supuso para las arcas municipales destinar 140.000 más al mantenimiento de los centros educativos de Infantil, Primaria y Educación Especial. Incremento que rebasó en casi 55.000 euros el aumento ya fijado en el presupuesto anual teniendo en cuenta el mayor esfuerzo económico que supone tener que asumir tanto la limpieza de las aulas de niños y niñas de 0 a 2 años que se abrieron nuevas y también la necesidad de contar con personal que abra los centros fuera del horario lectivo escolar, diferente para los más pequeños.

Por otro lado, apenas se redujo la factura anual del alumbrado público, pese a la bajada de los precios de la electricidad y que durante varios meses ese suministro pagó un IVA reducido del 10%. El desembolso total por ese servicio fue de 1.191.649 euros, apenas 55.500 euros menos que el balance previo, cuando se venía de una subida de hasta el 40% de la factura respecto a 2022.

El pago por el mantenimiento del resto de servicios y tareas experimentó un incremento moderado. A la recogida de residuos se destinaron 1.034.791 euros, a limpieza viaria 2.044.977 y al cuidado de parques y jardines, otro millón.

El informe de Intervención también destaca las modificaciones de crédito hechas en el presupuesto durante el pasado ejercicio, que ascendieron a 16,7 millones de euros. Si bien, sólo la incorporación de remanentes procedentes de partidas de 2023 ascendió a 11,6 millones, casi el 70%.

La Cuenta General señala además que el IBI y la participación de los tributos del Estado supusieron el 54,8% de la recaudación neta del Consistorio. Por transferencias de la administración general llegaron 11,6 millones y por el impuesto vinculado a los inmuebles de la ciudad casi diez (9.969.356 euros). Importe en el que ya estaban descontados los 478.618 euros que se ahorraron los titulares de viviendas, locales o suelo en la ciudad gracias al 5% de descuento de bonificación por tener domiciliado el pago.

Casi el mismo importe, 450.280 euros, tuvo que devolver el Consistorio por la liquidación negativa de la Participación en los Tributos del Estado en 2020, el año de arranque de la pandemia.

Por otro lado, en casi un millón de euros aumentó el importe total de lo que el Ayuntamiento tenía pendiente de cobrar. Al acabar el pasado ejercicio el total ascendía a 22.212.755 euros, frente a los 21.153.881 que marcaba la Cuenta General de 2023. Es un 5% más. Y, de todo ese importe, el informe de Intervención fija como de dudoso cobro 15,4 millones. Es decir, el 70% de lo que tiene pendiente de recaudar la administración local «hay que entenderlo como que ya será muy difícil, por no decir imposible, que se pueda cobrar».

 Por otro lado, el Consistorio amplió el tiempo que tarda en cobrar los importes a los que tiene derecho, pasó de los 29,1 días de 2023 a los 31 del pasado ejercicio; mientras que el periodo de pago siguió el camino contrario. La administración local rebajó el plazo que tarda en abonar las facturas con los proveedores, quedándose en 23 días frente a los 26 del balance previo. Tres jornadas menos.

Si se analizan las variables económicas en función de los habitantes de Miranda, la Cuenta General de 2024 marca un incremento del gasto por vecino, hasta elevarlo a 1.142 euros, que son 12,1 más que un año antes;y un aumento de la inversión por residente que sube 19,2 euros, al pasar de 101 a 120. También sube el superávit por habitante, al pasar de 19,2 a 70,7 euros.

El informe también llama la atención sobre la necesidad que tiene el Ayuntamiento de Miranda de valorar o actualizar la valoración de los bienes que son de su titularidad. En ese sentido, Intervención insta a la administración local a «proveerse de una aplicación informática que interrelacione el servicio de Patrimonio que gestiona el inventario y su enlace con la Contabilidad».

No es una necesidad nueva, como se señala en el documento, de ello «ya se ha dado cuenta en ejercicios anteriores, pero no se ha logrado hasta la fecha su implantación».