Miranda se opone a la construcción de una macro incineradora regional en el Consorcio Provincial de Residuos

Planta de valorización energética que para Cueva no es más que «un eufemismo» de macro incineradora. Un proyecto, al que se se quiere dar forma mediante la aprobación de un convenio con 40 años de duración, que se firmará, presumiblemente en abril, y que afectará a todas las provincias de Castilla y León.

Y es además, el único aspecto, que se puso sobre la mesa de los puntos incluidos en la ley de economía circular. Se quedaron fuera del debate tanto las campañas de sensibilización, como la reutilización o el reciclado. «No estamos reduciendo ni reciclando lo suficiente como para cumplir los objetivos, pero no podemos pasar directamente al punto de valorización energética sin hacer absolutamente nada por concienciar a la población sobre el problema y sobre las multas que vamos a tener que pagar por el incumplimiento de los objetivos europeos».

Pero es que además, recordaba Cueva, «la creación de esta incineradora conllevará inexorablemente una subida de la tasa de gestión de residuos de la Diputación de Burgos, porque es muy costosa, tanto su construcción como su gestión».

Y es que atendiendo a la información que maneja la Concejalía de Medio Ambiente, Castilla y León genera 350 mil toneladas de residuos al año. La construcción de la planta de valorización va a costar entorno a los 350 millones de euros, y se realizará a través de una «concesión administrativa», que va a conllevar el pago de hasta 90 euros por tonelada de residuo sólido urbano (es decir, la fracción que no puede reciclarse y se elimina a vertedero), más 10 euros como pago por las emisiones de CO2 emitidas.

El convenio se suscribe a 40 años, un periodo muy largo de tiempo en el que «las circunstancias pueden cambiar mucho», pero en el que a los ayuntamiento se los obliga a «aportar una cantidad determinada de residuos». De hecho, los municipios concurrentes se comprometen a la entrega de, al menos, el 90% del rechazo que resulte del tratamiento de sus residuos municipales. Porcentaje que, en este caso, han calculado que supone 346.000 toneladas anuales de residuos sólidos urbanos.

Cifra a la que, también se recoge de manera específica en el convenio, según apuntaba Cuevas, si no se llegara con ese tipo de restos, se podrían sumar otros que se puedan valorizar energéticamente para alcanzar el total establecido, de cara a garantizar la sostenibilidad económica de la planta.

Es decir, «si hacemos bien nuestro trabajo y reducimos los residuos, o disminuye la población, de manera que no aportemos la suficiente cantidad a la planta, se usarán otros residuos que sí son reciclables. Básicamente -avanza- es dar preferencia a la viabilidad económica de la planta frente al reciclaje de residuos. Es un verdadero despropósito», denunciaba la concejala.

En cuanto al impacto económico, el convenio señala que la entrega de menos toneladas de la recogidas en el convenio, supondrá un incremento del precio a satisfacer por cada tonelada, inversamente proporcional al decremento de residuo entregado. Oscilaciones del precio que serán repercutidas individualizadamente a cada entidad local o consorcio. Por contra, a quien aporte a partir de un 25% más de los residuos que le correspondan sí se le rebajará el importe a abonar

«Esto significaría que si generamos menos residuos pagamos más, algo que es justo lo contrario que lo que dice la ley: quien contamina, paga», recordaba.

Al mismo tiempo, señalaba que en el convenio no hay evaluación de impacto ambiental, ni estudio técnico, pues se hará a posteriori. Algo que genera muchas dudas ya de partida en Cueva porque «según un estudio de la Universidad de Granada muchos de los materiales que son susceptibles de reutilización son al mismo tiempo combustibles necesarios para el funcionamiento de la incineradora»

Para la concejala de Medio Ambiente hay motivos más que suficientes para votar en contra del convenio, e insta tanto a la Junta como al resto de las administraciones implicadas a recapaciten «seriamente sobre la idoneidad de construir una incineradora sin haber hecho todo lo posible para cumplir los objetivos a través de otro tipo de medidas sin estos inconvenientes.»