Miranda oferta 8 pisos en alquiler para familias con especiales necesidades

¿Por quién? Por aquellos que cumplan los requisitos establecidos por el Ayuntamiento, que busca dar una opción a colectivos con especiales necesidades de protección; en particular a familias monoparentales con hijos menores a cargo, personas sin hogar, mujeres víctimas de violencia de género y personas con discapacidad.

Destinatarios a los que se pedirá que lleven al menos 6 meses empadronados en la ciudad, tengan unos ingresos mensuales situados entre 0,8 y 2,5 veces el IPREM (que es de 600 euros mensuales), no tengan deudas con el Ayuntamiento, en el caso de tener hijos menores que estén escolarizados, carezcan de otra vivienda en propiedad (salvo que esté en ruina, tenga otro usufructuario o se le haya adjudicado a la otra parte de la pareja en el caso de divorcio); o, bien, si pagan una  renta que rebase el 30% del dinero del que disponen al mes.

Evidentemente, aquellos que sean los adjudicatarios tendrán que tener en el inmueble a alquilar su residencia habitual, por la que pagarán, como máximo el 25% de los ingresos netos de la unidad familiar. Abono de renta al que deberán sumar el coste de servicios como agua, luz o gas.

Las personas interesadas dispondrán de un mes de plazo para formalizar su petición una vez que las bases aprobadas por el Consistorio aparezcan publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Burgos. Después, entre todas las solicitudes recibidas Servicios Sociales elegirá a los futuros moradores, ya que la adjudicación se hará por concurrencia competitiva. Es decir, serán para quien sume más puntos atendiendo a los criterios fijados por el Consistorio.

Y es que, tal y como destacó el responsable del área, Pablo Gómez, el objetivo de esta iniciativa «no es sólo paliar un problema habitacional, sino también trabajar de manera integral con las personas».

Hay que tener en cuenta que aquellas familias a las que se les adjudique un piso social en alquiler lo van a poder ocupar durante un plazo de siete años, prorrogable hasta los diez. Se apuesta por dar una garantía habitacional a largo plazo, para que los destinatarios tengan tiempo suficiente de cara a dar la vuelta a su situación personal y mejorar sus condiciones económicas hasta el punto de poder dejar ese recurso municipal.

El reglamento pendiente ahora de publicación sigue las pautas del aprobado por el Ayuntamiento años atrás cuando adquirió el edificio de Arenal 8. Fue a principios de 2019 cuando salieron en alquiler dos pisos en ese bloque y fueron once las peticiones que llegaron a Servicios Sociales para optar a ellos.

En estos momentos, el Consistorio tiene 15 viviendas adjudicadas en alquiler social, que pasarán a ser 23 cuando se sumen las 8 más que ahora están en tramitación. Además, hay que tener en cuenta que de los pisos en buen estado de los que es propietario el Ayuntamiento, dos están cedidos a Salud Mental, otros dos a Aspodemi –aunque todavía no se ha puesto en marcha uno de ellos–, con uno cuenta Cáritas y otro más está reservado por el Servicio de Urgencia Social.

Al margen del ámbito asistencial, también forman parte de ese patrimonio municipal el albergue de peregrinos, la sede de la asociación de Vecinos de Bardauri y la de la agrupación belenista.