Miranda deja de ingresar 30.000 euros de las multas prescritas «por falta de personal»

Cabe recordar que la Relación de Puestos de Trabajo recoge que, en Policía Local, tiene que haber un administrativo y un auxiliar de administración, pero la primera plaza «quedó vacante hace meses y ubicaron a la auxiliar administrativa a hacer las labores del técnico administrativo», explican. Posteriormente, la auxiliar volvió a su puesto original «tras alguna discrepancia con el equipo de Gobierno, y fue entonces cuando se negó a realizar las labores propias del administrativo, entre las que está la tramitación de las multas».

Finalmente, en julio del pasado curso, el servicio se volvió a quedar con este puesto de administrativo vacante, hasta el 14 de este mes. Por ende, según añaden fuentes cercanas a la rama administrativa municipal, la ausencia del profesional encargado de informar las sanciones graves ha derivado en la prescripción de los boletines registrados entre «mediados de julio y mediados de octubre».

En base a este periodo temporal, calculan que son «alrededor de 300 sanciones graves las que han caducado, más o menos un centenar por mes, al no haberse tramitado. Graves hay muchas más que leves en la ciudad y, entendiendo que la mayoría suelen conllevar una multa económica de 200 euros y que prácticamente la totalidad de personas suele abonar el importe con pronto pago, con un 50% de rebaja, el Ayuntamiento habrá dejado de ingresar unos 30.000 euros por estas sanciones no tramitadas».

Como reiteran diversas fuentes a EL CORREO, la RPT municipal es clara y meridiana, no deja lugar a dudas, con lo que la responsabilidad de que no se hayan tramitado las multas y estas hayan quedado sin efecto recae totalmente sobre la Corporación.

Se trata de un episodio más del tira y afloja entre la plantilla policial y Pablo Gómez, Concejal de Seguridad Ciudadana del Consistorio. De hecho, este medio publicó hace escasos días que el cuerpo municipal sólo está imponiendo un tercio de las sanciones que acostumbraba a registrar antes de julio de 2022, mes en el que dio comienzo la disputa entre ambas partes, lo que ocasiona que Miranda deje de ingresar 400.000 euros anuales en concepto de multas.

Asimismo, varios sindicatos y el Grupo Municipal Popular elevaron la voz esta misma semana para reclamar la cobertura de una veintena de vacantes en la plantilla municipal, incluyendo a un departamento de Policía Local que presenta las vacantes de 2 inspectores, 1 subinspector y 5 oficiales.

«El sábado de Semana Santa había dos efectivos en Policía Local. Uno cogía el teléfono y el otro hacía lo que podía, no había patrulla en la calle en un festivo con mucha gente en la calle», denunciaba Sergio Montoya, portavoz popular.

Son varios los frentes abiertos y por parte de la plantilla policial siguen llegando nuevas reclamaciones para el desempeño de sus labores.

En cuanto a las dependencias municipales, «es vergonzoso que se sigan desatendiendo las deficiencias halladas por Inspección e Trabajo. Se sigue contando con instalasciones obsoletas, inseguras y peligrosas para el trabajador, y nada accesibles para los mirandeses por ubicación. Desde que comenzamos las reivindicaciones, sólo se ha conseguido que habiliten un espacio para el vestuario femenino», apuntan.

Agregan que son muchas promesas sin cumplir por parte del equipo de Gobierno y que «se hizo saber que con el dinero que se sacase de la venta de un piso heredado por el Ayuntamiento en Bilbao se acometerían las mejoras en Jefatura de Policía, pero sólo fue una estrategia para acallar criticas y ese dinero ha ido a parar a otras partidas».