Miranda cuenta con una treintena de infraestructuras críticas en zonas inundables

Los daños superarían notablemente los 200 millones en una de las probables avenidas que ocurren 'una vez cada cien años', de los que más de 100 se concentrarían en el corazón urbano de la ciudad, entre el Casco Viejo, la zona de Ebro-Entrevías, el barrio de Anduva y La Charca.

Se libraría del impacto del agua el área 'central' del municipio, entre Ronda del Ferrocarril a la altura del parque Antonio Machado hasta la calle Logroño; el Antonio Cabezón y buena parte de Ramón y Cajal y Arenal, a partir del cruce con Francisco Cantera; y Condado de Treviño desde Comuneros de Castilla.

Pero fuera de ese cogollo urbano exento de mojarse, el resto de la ciudad alberga muchas de las infraestructuras consideradas críticas para la ciudad. El listado incluye, entre las que tienen un nivel de riesgo muy grave en caso de una inundación con un periodo de retorno de 100 años, cinco de los siete colegios públicos de la ciudad: Las Matillas, Cervantes, Altamira, Anduva y Príncipe de España. A estos hay que sumar el IES Fray Pedro de Urbina, que en la crecida de enero 2019 ya vio cómo el agua anegaba parte de sus instalaciones. Nada que ver con el Montes Obarenes, al que por su ubicación se le asigna un riesgo leve.

Pero al margen del ámbito educativo, también se incluyen en el listado con un riesgo muy grave equipamientos deportivos como el polideportivo (con experiencia en achicar agua), el Estadio Municipal de Anduva o el campo de fútbol de La Charca. Preocupante en ese tipo de avenida sería la ubicación de recursos sociales para personas mayores o dependientes. El nivel de riesgo es muy elevado para los centros de Afami y la Residencia Vital y grave para la Residencia Mixta. En el mismo apartado de grave se incluyen las comisarías de Policía Local y Policía Nacional.

En el ámbito empresarial, el foco de inundación muy grave se pone en Azucarera, Polynt Composites, Biomasa Miranda, Cespa y en los terrenos de Montefibre, que no tiene actividad en este momento.

El patrimonio cultural y religioso tampoco se libraría de los efectos de la riada en caso de crecida con un periodo de retorno de 100 años. Entre los inmuebles afectados: la antigua iglesia de San Juan y las iglesias del Espíritu Santo y San Nicolás.

Se 'librarían' las estaciones de autobuses y trenes, a las que se asigna por su ubicación un nivel de riesgo leve. Si bien, sí que se inundaría todo el entramado de vías desde los andenes de viajeros hasta la confluencia con el Bayas. De hecho, en caso de una crecida de las que ocurren 'una vez cada cien años', se estiman unos daños en esa infraestructura de transporte que superaría los 24,8 millones de euros. Se librarían del agua los polígonos de Bayas, Las Californias e Ircio.

Nada desdeñable sería el impacto económico de una avenida de esas características en el polideportivo, donde se calcula un impacto de 15,5 millones para su recuperación. En otros 2,7 se estima la inversión que habría que hacer en el estadio municipal si resultara dañado por un fenómeno natural de esa magnitud.

Al menos, así se evidencia en el nuevo visor del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), un instrumento de apoyo a la gestión del espacio fluvial y la prevención de riesgos de inundación. El eje central del SNCZI es el visor cartográfico de zonas inundables, que permite acceder a la cartografía de esas áreas en peligro y del Dominio Público Hidráulico (DPH) con la que se han diseñado los mapas que hacen posible saber los riesgos y las consecuencias de una inundación en el territorio.

Este nuevo visor está habilitado para desplegar capas y, además de las zonas inundables por una crecida a 10, 100 y 500 años de recurrencia, añade un cálculo hasta ahora desconocido: el daño que estos episodios infligen a actividades económicas, infraestructuras de todo tipo y ecosistemas.

También permite conocer el número de ciudadanos que resultarían afectados por ese tipo de fenómenos meteorológicos. En términos humanos, en Miranda, la crecida con un periodo de retorno de cien años obligaría a evacuar a 21.799 personas, un 61,5% de la población. Porcentaje que se reduciría a un tercio, con 10.177 habitantes desplazados, en el caso de una crecida de las de una cada 10 años. En el otro extremo, la de mayor impacto, en la de una inundación de las que hay una cada cinco siglos, obligaría a mover a 26.704 vecinos.