Los jueces anulan la multa a Orón por tirar petardos en las fiestas del pueblo

Los hechos se remontan a agosto de 2023. Semanas antes de la celebración de las fiestas, una representante de la pedanía solicitó los permisos para todos los actos que se iban a desarrollar y para lanzar fuegos artificiales, pero en el expediente faltaba parte de la documentación, por lo que los técnicos emitieron un informe desfavorable al empleo de pirotecnia al no constar la relación de los productos que se iban a tirar ni su categoría, lo que impedía determinar la carga explosiva.

La legislación advierte del peligro y de las obligaciones a cumplir si se superan los 10 kilos de carga. En la solicitud presentada, tampoco constaba el plano exigido sobre el lugar exacto en el que se iban alanzar al ser una época con mucho riesgo de incendio. Desde Orón nunca se dio respuesta al requerimiento municipal.

Poco después el Ayuntamiento tuvo constancia de que, pese a no contar con la autorización, se habían tirado los petardos. Al solicitar más explicaciones al alcalde pedáneo, la máxima autoridad del pueblo les informó de que la cantidad de pólvora era muy baja y que por lo tanto ese tipo de petardos pueden ser manipulados por cualquier mayor de edad sin necesidad de ser un experto ni tener formación específica.

Aún así, a pesar de considerar que no existía ningún riesgo al ser artefactos de uso común, se habían seguido todas las medidas de seguridad ya que el lanzamiento se realizó a más de 20 metros de distancia del público asistente y en medio se había colocado una valla metálica de 5 metros de altura.

Las explicaciones no convencieron al Ayuntamiento, que decidió sancionar tanto a la entidad local como a las dos personas que tiraron los petardos por encargo del alcalde pedáneo, que eran dos vecinos de la localidad, por infringir la convivencia ciudadana.

Tampoco se tuvieron en cuenta las alegaciones y recursos posteriores presentados con el objetivo de anular la multa, motivo por el que los afectados decidieron elevar el caso a la Justicia.

La sala de lo contencioso administrativo de Burgos ha fallado ahora a favor de los sancionados al entender que se vulneró su derecho a la defensa y que no existía motivación suficiente para imponer 1.500 euros a cada uno de los implicados ya que la pirotecnia se utilizó para un servicio público como eran las fiestas del pueblo y no se contravino ninguna ordenanza.

Contra el fallo del tribunal burgalés no cabe recurso, por lo que los denunciados se librarán de pagar la multa y será el Ayuntamiento el que deberá abonar los 200 euros de las costas procesales, ya que así lo recoge la sentencia.