Hernando plantea recurrir en el Contencioso la paralización de la piscina por el TARCCyL

Emplazamiento en el que está proyectado levantar el nuevo equipamiento deportivo./A. G.
Emplazamiento en el que está proyectado levantar el nuevo equipamiento deportivo. / A. G.

La decisión deberá ser votada en un pleno municipal antes del 13 de mayo, fecha límite para poder trasladar el caso a los tribunales

CRISTINA ORTIZ

La opción de la vía judicial gana peso. Tras sopesar las distintas alternativas que se abrían después de que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla yLeón (TARCCyL) tumbara la licitación de la nueva piscina cubierta, el equipo de Gobierno se inclina por elevar el caso a la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y que sea la justicia quien tenga la última palabra. «Pienso, sinceramente, que deberíamos recurrirlo», avanzó ayer la alcaldesa, Aitana Hernando.

Y en esa línea es en la que, en estos momentos, se está trabajando para llegar a tiempo de presentar el recurso judicial antes del 13 de mayo. «Se está preparando para llevarlo a Comisión Informativa de Hacienda y después a Pleno antes del día en que finaliza el plazo. He pedido que se me informe del procedimiento y se me ha dicho que tiene que ir a Pleno, igual que fue en su día el demandar a ADIF por no ejecutar el convenio con el Ayuntamiento para la supresión del paso a nivel de El Crucero», incidió.

Ésa será una decisión que se tomará en una sesión en la que el PSOE deberá contar, al menos, con una abstención de alguno de los grupos de la oposición para poder sacar adelante esa posibilidad. Pero es que, aseguró, el equipo de Gobierno, está convencido de que ésa es la mejor salida atendiendo al análisis elaborado por el secretario general y el jefe de Contratación y Patrimonio, en el que se rebatían los criterios en los que se apoyó el tribunal administrativo regional para anular la licitación y la adjudicación de la construcción de la piscina climatizada.

«El informe que obra en el expediente va desmontando uno a uno los argumentos del TARCCyL porque los técnicos municipales consideran que no tiene razón ese organismo y que no tenía que haberse anulado el procedimiento», destacó.

Pero antes de tomar una decisión definitiva, Hernando ha solicitado a la letrada del Ayuntamiento que elabore un informe jurídico valorando la viabilidad del caso en los tribunales. Se ha solicitado a quien sería la persona encargada de defender los intereses de la ciudad en la vía judicial. «Con independencia de que la ley no son matemáticas y que en los juicios al 100% nunca se sabe qué va a pasar, sí que quiero que me dé su opinión como abogada», señaló Hernando; al tiempo que volvía a recalcar que «nosotros somos partidarios de recurrirlo en vía Contencioso-Administrativa».

El principal reparo que, inicialmente, se había visto en esta opción era el tiempo que puede tardar en salir la resolución y que afectaría al inicio de las obras de la nueva infraestructura deportiva. Yes que, apuntó, «si se recurre, lo lógico sería esperar. De no hacerlo el Ayuntamiento estaría yendo contra los actos propios. No sería lo lógico iniciar un nuevo procedimiento».

Pero independientemente de que los tribunales puedan tardar más o menos en pronunciarse, lo que sí quiso dejar muy claro Hernando es que en ningún caso el equipo de Gobierno piensa renunciar a la ejecución de la piscina. «Se deberá decidir en Pleno si se recurre o no; pero no renunciamos a hacerla. Hemos trabajado mucho para sacar el proyecto adelante, con muchas trabas de distinta índole; y, además, tenemos la financiación».

Tampoco hay que olvidar la posibilidad de solicitar al juzgado que suspenda la ejecución de la resolución dictada por el TARCCyL. Una opción que se recoge en el informe emitido el 20 de marzo por el secretario y el jefe de Contratación y Patrimonio, en el que se destaca que de acudir al Contencioso-Administrativo, en su recurso, el Ayuntamiento estaría defendiendo la adjudicación a favor de la UTE Urbico-Roacon, por lo que «carecería de sentido convocar una nueva licitación para adjudicar las obras, ya que estaría actuando en contra de sus propios actos, tal y como también ayer apuntó la alcaldesa.

Ese documento en el que se apoya el equipo de Gobierno para optar por llevar a caso a los tribunales incide en que la segunda licitación no incorporó ningún cambio sustancial que hiciera inviable plantear una adjudicación a partir de la invitación a participar en el proceso a todos los que decidieron presentar sus ofertas inicialmente.

Tampoco comparten sus redactores que eliminar el porcentaje máximo que se podía rebajar el precio –fijado para el primer proceso en el 15%– supusiera una cortapisa a la hora de que una empresa decidiera presentarse. Criterio que argumentan con un ejemplo en el que señalan que «si un licitador estuviera dispuesto a ejecutar este contrato por un precio de 2.644.560 euros (resultado de aplicar una baja del 25% al tipo de licitación), también debería estar dispuesto a hacerlo por una cantidad superior como 2.874.522 euros (resultado de aplicar una baja del 15% al tipo de licitación), ya que se conseguiría un precio mayor por el mismo trabajo».

De ahí que en su informe insistan los técnicos municipales en que «no cabe entender» que de no haber existido esa limitación a la baja en el primer proceso de adjudicación de la obra, ésta «hubiera atraído a más participantes».

Tampoco comparten la conclusión a la que llega el TARCCyL en su resolución, ya que entienden que «el cambio en la regulación de las bajas temerarias podría producir el efecto de aceptación de ofertas distintas a las admitidas inicialmente y podría atraer a más participantes en el procedimiento de contratación».