Exigen que se paralice el pliego de limpieza o recurrirán al tribunal regional de recursos

El número de trabajadores es uno de los aspectos sobre los que discrepan los grupos. /A. G.
El número de trabajadores es uno de los aspectos sobre los que discrepan los grupos. / A. G.

IU asegura que el documento está lleno de «irregularidades» y que todos los costes están calculados con el IPC de 2016

CRISTINA ORTIZ

Si el pliego para la nueva contratación del servicio de limpieza viaria sale adelante en el pleno del jueves Izquierda Unida lo denunciará ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (TARCCyL), organismo que están convencidos les dará la razón por las «numerosas irregularidades» que contiene el documento que servirá de base para la adjudicación del contrato de «mayor cuantía» que gestiona el Ayuntamiento, más de 3 millones anuales. «Es un despropósito. Con este pliego vamos a aumentar los problemas que tenemos», aseguró el portavoz de la formación, Guillermo Ubieto.

Por eso, para evitar llegar a esa situación que retrasaría aún más la concesión de un servicio que lleva más de dos años en prórroga forzosa, la formación pidió ayer públicamente que se «paralice» el pliego, «quede sobre la mesa y se abra un debate» en el que se analicen con detalle las necesidades de la ciudad y se trasladen correctamente al papel, al documento que va a regir la licitación.

Situación que entienden no se da ahorra, con un texto que, de partida, incluye un estudio de costes que es insostenible. Para empezar porque todos los cálculos se han hecho con los precios de 2016, sin tener en cuenta la evolución del IPC. No se ha actualizado. «Se han dejado 2,5 puntos por el camino», apuntó el concejal;al tiempo que destacaba que el propio Interventor municipal recoge que «en el expediente no consta ningún informe técnico sobre si la dotación de medios y gestión de los servicios propuestos son adecuados para prestación satisfactoria de los mismos».

Pero es que además, tampoco se contemplan los costes de todo el material que exige el pliego. «Hay una incongruencia entre las prescripciones técnicas y el estudio económico», incidió. A modo de ejemplo, Ubieto apuntó que el calculo del coste de los contenedores, se hace tomando como referencia que son 500 y el precio que tenían en 2017, cuando la suma de listado de los que hay en la ciudad alcanza los 540 (es de hace 3 años).

Número en el que, además, destacó, no están incluidos algunos que hay en los barrios, lo que elevaría aún más el total y también el 5% que tiene que tener en stock para reposiciones. Los no incluidos, valorados al precio de 1.600 por unidad, supondría elevar la partida para ese punto en «110.000 euros». Lo mismo ocurre con las papeleras, las 600 que se supone que hay en Miranda y de las que cada año se tendrá que renovar un 10%, no aparecen en el estudio de costes.

Más grave considera las implicaciones que se derivarán de los cálculos que afectan al pago de la plantilla. Yes que, apuntó Ubieto, se recoge una categoría laboral que no existe en el convenio por el que se rigen los trabajadores de la UTE que presta el servicio. El nuevo documento habla de conductor de día y no existe nadie con ese cargo, su consideración es de conductor de noche, lo que supone un salario anual de 3.187,42 euros más.

Cantidad que multiplicada por 13 conductores, eleva la cifra a 50.000 euros. Por lo que la partida establecida para ese grupo de trabajadores se queda corta y no responde a la realidad, a no ser que se apliquen rebajas salariales que supongan un retroceso en las mejoras conseguidas en la negociación laboral.

No es lo único que no les cuadra en lo relativo a la plantilla. Tampoco los números, ya que el mínimo de 53 personas que recoge el pliego, pasan a ser 59 si se tiene en cuenta el personal que se estipula como necesario en uno de los anexos para llevar a cabo todas las tareas especificadas. Además, echan en falta que se refleje junto a la palabra plantilla la palabra «específica», porque si no es así entienden que la empresa adjudicataria no tendría la obligación de cubrir todas las bajas que se produzcan.

De manera general, IUtiene claro que con 2.959.090 euros al año no se van a poder prestar todos los servicios que se piden. Es un precio demasiado bajo y que, además tampoco coincide con el que figura en el estudio de costes y que sumado da 3.311.135. «O quitamos servicios o subimos el precio», zanjó.