Se encalla el derribo de Plaza del Mercado 5 y la conservación de la muralla medieval de Miranda

Sin embargo, cuando el proceso parecía llegar a su final y la satisfacción era plena en el equipo de Gobierno, las semanas comenzaron a sucederse y nunca llegó un nuevo avance.

Según ha podido saber ELCORREO, la inmobiliaria propietaria del edificio contactó hace seis meses con el Ayuntamiento para comprometerse a derribar el inmueble declarado en ruina «respetando todas las condiciones» requeridas y, como gesto de buena voluntad, el ente municipal se encargo de recopilar toda la información relativa al estudio arqueológico, que fue redactado en 2016 y figuraba en papel, para enviárselo.

«El estudio no estaba en formato digital, por lo que sacamos todo el archivo en papel para que los arquitectos comprobasen qué partes había que incorporar en su proyecto de demolición», explicó el edil a finales del pasado ejercicio.

Pero, por sorprendente que parezca, la propiedad de la vivienda se ha vuelto a evaporar una vez más ante los intentos de comunicación por parte del Consistorio y el proceso de demolición se ha encallado. La problemática parece renacer y, con ella, un gran malestar y frustración en el seno de la Concejalía de Urbanismo, liberada por Guillermo Ubieto.

De hecho, el edil está tratando de retomar vías de mensajería con la inmobiliaria para expresar tanto el hartazgo municipal como las posibles sanciones coercitivas que se dibujan en el horizonte en caso de que los propietarios no hagan frente a sus responsabilidades.

Y es que no se trata de la simple demolición de un edificio en ruinas, sino que también afecta a la conservación del patrimonio histórico mirandés. Ya en 2016, el estudio arqueológico obligatorio por normativa al tratarse de un bloque perteneciente al P.E.R.I (Plan Especial de Reforma Interior del Conjunto histórico de Miranda) demostró que el inmueble contaba con un trozo de muralla medieval mirandesa, patrimonio protegido que llegó a medir entre 8 y 10 metros de altura, lo que sólo permite una demolición parcial de la construcción, y acabó por frenar en seco el proceso de derribo que los anteriores propietarios iniciaron en 2018.

A día de hoy, lo que parecía ya un proceso en trámites ha retornado al punto de partida. Por ende, cabe subrayar que una vez quemados todos los plazos de información pública el año pasado, habiendo dado traslado del expediente de ruina al servicio territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León, con resolución firme, y tras los correspondientes apercibimientos a la propiedad del inmueble; a Urbanismo sólo le quedaría una salida en caso de que siga haciendo caso omiso: comenzar a imponer sanciones coercitivas.

En esta línea, las potenciales sanciones económicas podrían depender de la valoración que hiciese Patrimonio. Así pues, los técnicos de este departamento valorarían el estado de los restos de la muralla medieval, si se está dañando el patrimonio con el retraso del derribo parcial del bloque y las medidas para la conservación de la misma. El hartazgo también fue trasladado a Patrimonio Cultural de Burgos, órgano dependiente de la Junta de Castilla y León, para plantearles el problema existente con la propiedad.