El derribo de la fachada de la calle Vitoria 9 y 11, pendiente solo del dictamen de la Junta

La estructura que sostiene el edificio se levantó a comienzo de 2014. /A. G.
La estructura que sostiene el edificio se levantó a comienzo de 2014. / A. G.

El Ayuntamiento remitió el expediente completo sobre el edificio a Valladolid hace mes y medio

CRISTINA ORTIZ

La Ponencia Técnica del Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León, la Diputación Provincial de Burgos, la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León, la Subdelegación del Gobierno, la Agencia de Protección Civil de la Consejería de Interior y Justicia, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y la Dirección de Calidad y Sostenibilidad Ambiental han valorado la idoneidad de rebajar la protección del inmueble que ocupaba los números 9 y 11 de la calle Vitoria.

Estos son los organismos –siete en total– que han elaborado los informes sectoriales que se han adjuntado al expediente que plantea, a petición de los propietarios del bloque del que solo queda en pie la fachada, modificar la catalogación urbanística que le acompaña y limita la intervención.

Una solicitud que ya había hecho suya el Ayuntamiento, que sometió la cuestión al pleno de octubre del pasado año para iniciar a continuación un periodo de dos meses para la presentación de alegaciones. La propuesta volvió a ser votada en junio en el Consistorio, que confirmó el visto bueno al cambio de catalogación de manera inicial.

La definitiva depende de la Junta de Castilla y León, que tiene en su poder el expediente completo desde el 2 de octubre. Informe en el que todos los implicados respaldan la viabilidad de rebajar la protección a la fachada. «Una vez que la administración regional dé el visto bueno, se entenderá modificado el PGOU y el edificio pasa automáticamente a tener protección ambiental», explicó la concejala de Urbanismo, Noelia Manrique.

Lo que no se sabe es cuándo se tomará una decisión. No hay un plazo establecido para hacerlo. Eso sí, una vez que lo haga la resolución deberá publicarse en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) para que pueda entrar en vigor. A partir de ahí, quedaría modificado el Plan General de Ordenación Urbana, «nosotros ya no tenemos que intervenir para nada», apuntó la responsable del área.

El fin último de este recorrido administrativo es poder tirar la fachada que desde hace cinco años permanece apuntalada por una estructura metálica. Es el último vestigio que queda del inmueble y que con el cambio de catalogación se podrá eliminar para levantarlo con igual diseño y estética en el momento en el que se presente un nuevo proyecto de construcción.

Los trabajos de derribo del inmueble, que se prolongaron unas dos semanas, arrancaron a mediados de enero de 2014; unas tareas que continuaron con la construcción de una solera de hormigón que desde entonces se emplea como paso peatonal provisional, ya que la base en la que se apoya el mecano tiene una anchura de tres metros.

Entonces se planteaba que la estructura metálica y el esqueleto de 16 metros de altura que sujeta la fachada formara parte de la estética de la calle durante 18 meses, tiempo que ya se ha triplicado. Lleva 58. Casi cinco años.

El estado de abandono de un inmueble que databa de 1925 llevó en 2013 al Ayuntamiento a decretar una serie de medidas cautelares que, finalmente derivaron, en un compromiso de demolición controlada y «la posterior reconstrucción total» manteniendo los valores históricos, algo que ahora se está en tramites de cambiar.

Inmediata se prevé la resolución sobre el derribo pendiente en el edificio número 11 de la calle La Cruz, gravemente afectado por un incendio a mediados de junio. Después de que el Ayuntamiento descartara quedarse con la titularidad del solar a cambio de acometer el derribo, planteamiento que lanzaron los propietarios; estos han seguido trabajando en la misma línea y han dado con un promotor interesado en la operación.

Ahora solo falta cerrarla. Así se lo explicaron al Ayuntamiento, en un escrito registrado a finales de la semana pasada; aunque es un proceso que llevan intentando concluir varias semanas. De hecho, en el documento se explica que «la venta ya se intentó en la Notaría de Miranda hace más de un mes, pero por motivos de cargas en dos inmuebles de uno de los propietarios no se pudo llevar a cabo», explicaron.

Ahora, una vez solucionado ese problema se está realizando esa actualización de información en el registro de la propiedad. Paso previo a poder volver ante el notario. Ya se ha pedido cita para firmar esa venta a cambio de la demolición, pero aún no se ha efectuado.

Situación que han querido poner en conocimiento del Consistorio para que entiendan por qué necesitan que se amplíe el plazo dado para ejecutar el derribo y no se acometa éste de manera subsidiaria por el Ayuntamiento y que luego éste pase el cargo a los propietarios.

Pero que se pueda prolongar este tiempo va a depender de las condiciones en las que se encuentre un inmueble que tras el incendio se apuntaló y valló, para evitar posibles desprendimientos. Desde entonces han pasado cinco meses, así que hoy mismo estaba previsto que realizaran una visita a la zona el arquitecto municipal, junto a uno de los propietarios, al promotor y un aparejador. Tras esa revisión, Urbanismo emitirá un nuevo informe en el que se definirá si se concede esa ampliación de plazo solicitada.

 

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