Demandan al Ayuntamiento de Miranda por la muerte de un fontanero expuesto al amianto

Son las condiciones que figuran en el borrador del acuerdo que las abogadas de la demandante entregaron ayer a la letrada municipal minutos antes del inicio de la vista fijada en el juzgado número 3 de los Social en Vitoria y que no llegó a celebrarse. Ahora, la pelota está en el tejado del Consistorio, que tiene hasta el 20 de enero del próximo año para decidir si acepta o no la propuesta trasladada por la familia.

Si no lo hace, ese día volverán a verse las caras ambas partes ante el tribunal; que será el que tenga que tomar una decisión en un caso con el que la familia busca, esencialmente, un reconocimiento de que las cosas no se hicieron bien por parte del Ayuntamiento; administración que, hasta la fecha, no ha respondido a las peticiones de información realizadas por el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales Osalan.

El fallecido, trabajó en el Consistorio entre mayo de 1960 y julio de 1999 en tareas de instalación, mantenimiento y reparación de la red de agua de la ciudad y en febrero del año pasado le fue diagnosticado un mesotelioma en el Hospital de Santiago de Vitoria.

Una patología de la que Osakidetza informó a Osalan por considerar que, dada la actividad laboral del paciente, su enfermedad podría ser consecuencia del contacto directo y habitual con el amianto. Y así lo concluyó el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales  en el estudio emitido a principios de año, pese a no haber recibido ningún dato de los solicitados a la administración local.

«El técnico de Osalan, para poder hacer un informe, pidió al Ayuntamiento documentación sobre las funciones que había desempeñado mi padre en su puesto y  con qué materiales había trabajado; pero no han querido presentar nada, pese a que se les ha requerido varias veces», lamentó notablemente dolida la hija de la víctima;que ante ese silencio administrativo decidió recurrir a Aviamie, la asociación que reúne a los damnificados por la exposición al amianto, y abrir la vía judicial.

Lo hizo a mediados de enero de este año, cuando su padre aún estaba vivo y con la esperanza de que pudiera llegar al momento del juicio, pero no ha sido así. De todos modos, ella tiene claro que seguirá hasta el final

 «No ha habido ninguna vigilancia de la salud, ni protocolo de actuación, ni pruebas periódicas, como sí hay, por ejemplo, en Renfe cada año por esa misma exposición al  amianto», lamentaba la hija;para quien todavía resulta más sangrante que «a día de hoy se sigan haciendo reparaciones y obras, como la de hace unos días en La Picota, sin medida alguna de seguridad frente al asbesto».

No entiende por qué si hace medio siglo que se sabe que la manipulación de ese material es nocivo para la salud y hay normativas claras al respecto sobre su manipulación, se siguen sin  aplican en el Ayuntamiento de Miranda.

«Tendría que haber una empresa especializada que retire el amianto, con trajes apropiados... Se juega con la salud de las personas que están trabajando y desempeñando un servicio público», denunció Raquel, convencida que el de su padre no es el único caso, aunque nadie más haya denunciado la situación.  

Ella lo hizo porque aunque «las vidas son impagables y mi padre ya no va a volver», cree que su caso puede contribuir a que se adopten esas medidas que garanticen la correcta protección de la plantilla actual. «La salud es irreemplazable y con mi padre y otros trabajadores se han ahorrado mucho dinero en contratar empresas especializadas y en protocolos de vigilancia y salud. Hay que hacer las cosas bien».