El declive industrial en Miranda deja un reguero de más de 6 millones de deuda con los despedidos

El ejemplo más claro es Rottneros, que bajó la persiana hace más de una década, pero la plantilla sigue a la espera de la venta de los terrenos para percibir cerca de cinco millones de euros que no llegó a cubrir el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Con la puesta en marcha de la terminal logística de JSV cobraron una mínima parte y con la ampliación prometida, este verano les tocará otro pellizco, pero aguardan impacientes el avance de otras operaciones abiertas como la planta de hidrógeno verde, una inversión que reportaría a la caja concursal una suma importante de dinero.

Los exempleados de Montefibre llevan tres años de espera para cobrar, la mitad de tiempo que las personas que trabajaban en Horno de Tuesta. La fábrica dedicada a la producción de bollería estaba ubicada en Valdegobia pero la mayor parte de su plantilla era de Miranda. Las movilizaciones obreras no pudieron impedir un cierre al que se vieron abocados por la mala gestión de los propietarios, interesados en llevarse la producción a otras sedes del grupo.

Desde un primero momento, las 59 familias que se quedaron en la calle trataron de demostrar que Horno de Tuesta estaba totalmente vinculada a Dolca, Ibercake y Horno de Almansa, que siguen en funcionamiento, y que por lo tanto son esas firmas las que deben hacerse cargo de sus indemnizaciones. La decisión final corresponderá al Tribunal Supremo ya que el propietario ha decidido agotar la vía judicial para no pagar el 20% aún pendiente.

Fogasa asumió gran parte de las indemnizaciones pero todavía quedan por abonarse 150.000 euros. Aunque las primeras sentencias dan la razón a los extrabajadores, la empresa ha decidido continuar hasta el final con los procedimientos legales por lo que el caso ha llegado hasta última instancia. Ahora será el Tribunal Supremo el que tenga que fallar sobre un cierre sucedido hace seis años.

Metecno y Alba Macrel son las últimas en sumarse a una lista en la que también aparecen Vesuvius, Tropical Miranda, Grupo Roma (apenas duró dos años en la ciudad) y un puñado de pymes en las que los despedidos, además de perder sus puestos, han tenido que sufrir un laberinto legal, un proceso concursal o arduas negociaciones con la empresa para cobrar al menos un dinero que les permita hacer frente a su nueva situación.