Aspodemi ve insuficiente la inversión municipal en Miranda para la discapacidad intelectual

Para empezar, según explicó el tesorero de la asociación, Miguel Ángel Sancho, porque el pliego elaborado por el Consistorio recoge una subida salarial del 6,1% y la que se ha aplicado en el convenio del sector es del 10%. Hay cuatro puntos de desfase, porcentaje a mayores que de alguna manera van a tener que costear. Al igual que vienen haciendo con la antigüedad de la plantilla, ya que no entienden por qué, pliego tras pliego, sólo se contempla la nómina base, sin tener en cuenta los años que cada trabajador lleva contratado y que supone un mayor desembolso en nóminas.

Según sus cálculos, el importe anual de los salarios vinculados a los 17 profesionales que forman parte del contrato asciende a 506.987 euros y en el contrato figuran 495.000 para ese apartado. Hay una diferencia de 12.000 euros.

No es el único desequilibrio que les llama la atención. También lo hace el dinero reservado para la comida, que asciende a 33.000 euros anuales en el pliego, cuando el desembolso que Aspodemi hace al catering que se encarga de preparar los menús es de 46.155. Son 13.000 euros más. Lo mismo les ocurre con el transporte, un servicio que van a intentar seguir prestando con medios propios ante la imposibilidad de poder asumir el coste de un contrato con una empresa de autobuses. El presupuesto que manejan es de 26.400 y la partida fijada en el contrato para ese cometido es de 16.500.

«Los 100.000 euros más que se han destinado al contrato no son suficientes. La partida total está demasiado ajustada. Lo único bueno es que son dos años de vigencia y no cuatro, como el que teníamos ahora», valoró.

Entonces, ¿por qué han licitado? Entienden que no tienen otra opción porque el colectivo lo conforman familias de personas con discapacidad intelectual que quieren formar parte de la atención que se presta a los usuarios. De hecho, algunas de ellas ya les habían adelantado que si asumía la gestión Eulen, que inicialmente presentó la documentación necesaria para ser evaluada como apto antes de presentar la plica y luego no concurrió, «dejarían de llevar a sus familiares».

Evidentemente, tienen claro que la partida municipal está calculada para cubrir el 51,6% del contrato, que otro 26,3% corre a cargo de la Junta (un porcentaje que ha ido disminuyendo en la última década) y el 22% restante a cargo de los usuarios, a los que ya han subido las cuotas –no se habían movido desde 2021– para llegar a recaudar mensualmente 11.440 euros, frente a los 9.100 que ingresaban hasta ahora. Son 2.340 más cada mes. Aún así aseguran que no es suficiente e insisten en que «el resto de la entidad tiene que trabajar para este contrato».

Por otro lado, están pendientes de que se incorporen los 52.219 euros de la vivienda supervisada que aún no se ha puesto en marcha. Confían en hacerlo este año, una vez que, como mínimo, tengan tres candidatos que respondan a los requisitos de un espacio que requiere además de cierta autonomía también una determinada conducta que les permita convivir. De momento, tienen uno confirmado y otro que están valorando.

Para lo que sí hay más demanda que oferta es para la vivienda tutelada. Las 8 plazas están cubiertas y hay 3 personas en espera. Aunque podrían ser más, porque otras tantas se fueron el año pasado a diversos recursos de la propia provincia y de La Rioja porque no encontraron alternativa en la ciudad y no podían esperar.