El acuerdo para eliminar el paso a nivel de El Crucero se encalla en la expropiación de suelo

Queda pendiente completar la calzada de unión del barrio con la carretera nacional. /A. G.
Queda pendiente completar la calzada de unión del barrio con la carretera nacional. / A. G.

ADIF insiste en quele corresponde al Ayuntamiento pagar el coste del suelo necesario para poder ejecutar la obra

CRISTINA ORTIZ

El acuerdo en el que desde hace meses se trabaja para cumplir con la eliminación del paso a nivel de El Crucero parece encallarse en la expropiación de los terrenos necesarios para acometer la obra, en quién debe asumir el coste de esa operación. ADIF, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, mira al Ayuntamiento de Miranda, al que considera responsable de poner a disposición de la entidad el suelo que se necesita para ejecutar la conexión del barrio con la N-1, completando una calzada que quedó inconclusa hace varios años y que no lleva a ningún sitio.

La empresa pública asegura en una carta remitida a la alcaldesa, Aitana Hernando, que no puede «aceptar la pretensión» municipal de comprar los terrenos incluidos en el proyecto de conexión de El Crucero con la Nacional. El argumento empleado es que «no se puede imputar esa carga a ADIF por el hecho de que las exigencias de la Demarcación de Carreteras determinen ahora que se hayan de expropiar suelos de terceros que están fuera del sector Crucero Oeste».

Para los responsables de la entidad dependiente del Ministerio de Fomento, «no parece razonable que el Ayuntamiento asuma esta carga cuando obtiene los suelos que están en ese sector de forma gratuita, pero no cuando los ha de obtener de forma onerosa».

Tampoco comparte ADIF la visión municipal de que no tiene competencia para expropiar unos suelos para una obra dependiente de otra entidad. No lo ve así el administrador, que no ve objeciones jurídicas a un procedimiento del que recelan técnicos municipales. «Esa conexión es una obra de interés general para ese municipio y además afecta a suelos no urbanizables de escaso valor económico».

Pero es que, además, le parece injusto a la empresa pública, que ella asuma todos los gastos con cargo a futuros ingresos y el Consistorio mirandés, nada. Argumento que justifican poniendo negro sobre blanco las cifras de lo ya gastado y lo que se comprometerá con la ejecución de la eliminación del paso a nivel.

Y es que, aseguran, que el convenio firmado en 1999 entre ambas partes previa un coste de 2.163.643 euros para suprimir las vías en Bayas y El Crucero y que, aunque dos décadas después queda una parte del trabajo pendiente de ejecutar, ADIF lleva ya gastados en esos conceptos un total de 3.517.211 –casi 1,4 millones más de lo calculado– y restaría por desembolsar, para completar el proyecto, alrededor de 1.820.000 euros más. Dinero que, destacan en el escrito remitido a Miranda, asumirá el administrador «a cuenta de futuros ingresos, por lo que a todas luces no parece equilibrado ni razonable que el Ayuntamiento no asuma pago alguno para la obtención de los suelos necesarios para la obra restante».

Más abierta se muestran los responsables de la empresa pública a recibir alguna propuesta que «elimine la ambigüedad que han detectado y que nosotros no vemos» en la redacción de una de las cláusulas de la adenda al convenio sobre el que ambas partes comenzaron a trabajar a finales de octubre del pasado ejercicio. Al Ayuntamiento le genera dudas las consecuencias que a futuro se puedan derivar de una redacción poco definida que solo apunta que en el caso de que ADIF «no recibiera suficientes ingresos adicionales» por la venta de los suelos incluidos en el convenio de 1999 para cubrir el total de la obra, habría que negociar una nueva modificación. ¿Quién decide que son ingresos insuficientes y con qué criterio?

Sí que acepta ADIF otra de las reivindicaciones formuladas por el Ayuntamiento. La menor de ellas, que hace referencia al mantenimiento de un vallado de unos 10 metros lineales que protege la línea férrea en la zona del paso a nivel suprimido, del que ADIF se hará cargo.

Además de responder a los aspectos concretos que el Consistorio planteó sobre el contenido del borrador de adenda al convenio que está sobre la mesa, la entidad también ha querido trasladar otras consideraciones que cree que se deben tener en cuenta, como el hecho de que el acuerdo alcanzado en su momento presenta un déficit de ingresos que «no se daba cuando se firmó el acuerdo» ya que se vivía un boom inmobiliario y no se atisbaba la crisis inmobiliaria que llegaría años después.

Por otro lado, el escrito no comparte que la realización de obras de mejora de accesibilidad en la estación de trenes supusieran una modificación del orden de los trabajos a financiar con las plusvalías del suelo y que, según se marcaba en el convenio, tenía que empezar por la supresión de pasos a nivel. En su opinión, el primer cambio se produjo a beneficio del Ayuntamiento, al construirse una estación de autobuses en la que ADIF invirtió 3,5 millones.