Miranda recurrirá al Supremo el pago de cantidades a un trabajador temporal

Un documento, recordó la concejala de Hacienda y Personal, Laura Torres, «firmado por unanimidad por sindicatos y partidos políticos» y en el que se excluye expresamente la aplicación de los artículos del 3 al 10 para la contratación de trabajadores al amparo de las subvenciones del Ecyl.

Por tanto, entiende la edil que las manifestaciones de CC OO suponen «ir en contra de sus propios actos y del principio de buena fe que debería regir en todas las negociaciones». De hecho, considera que si el sindicato considera «ilegal» el planteamiento debería haber votado en contra en su momento y no haber esperado seis años para denunciar la situación. Eso sí, deja claro que si el texto se aprobó así fue para «facilitar que más personas desempleadas pudieran entrar a trabajar».

De hecho, recuerda que con anterioridad a 2011 se aplicaba en todos los casos el convenio municipal y que si se cambio fue precisamente para favorecer un mayor número de contrataciones. «Si podemos sacar a 40 personas del desempleo mejor que a 20, ese es el espíritu que primó cuando se firmó el acuerdo».

Desde entonces, tras el pacto alcanzado el 25 de enero de ese año, se han venido aplicando los convenios de cada sector, algo que entiende que se seguirá haciendo mientras no se negocie un nuevo marco laboral en el Ayuntamiento. «Lo que no podemos hacer es no cumplir lo que nosotros hemos acordado con nuestros trabajadores y está en vigor. Por eso, nos ha sorprendido que ahora una jueza nos diga que lo incumplamos», incidió.

Máxime cuando en primera instancia, el juzgado número 1 de lo Social de Burgos había dado la razón al Consistorio sobre este asunto. Pero no fue así en la resolución dictada el día 14 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que es la que ha estimado la demanda de cantidades presentada por uno de esos 44 trabajadores. Aunque, como apuntó la concejala de Hacienda y Personal, Laura Torres, la cuantía fijada tampoco se corresponde con la solicitada por el empleado. «Se fija más o menos la mitad». ¿Por qué? «No sabemos en qué se basa, no está motivada. Lo que determina el fallo no se corresponde con lo que se derivaría de la diferencia con nuestro convenio».

Además, la concejala de Personal asegura que su departamento consultó con anterioridad a la firma de los contratos si debía fijar los mismos salarios que percibe la plantilla municipal y «nos dijeron que no, porque eso iba en contra de lo establecido en nuestro convenio colectivo y que la Junta de Castilla y León no puede romper unilateralmente las reglas de juego que nos hemos dado; aunque tampoco lo pretende».

Al mismo tiempo, Torres quiso dejar claro que la resolución de TSJ no es extensible al grupo de personas que contrató el pasado año. Afecta únicamente al demandante. «La demanda es de una persona y se le contesta en exclusiva y solo para la cuestión económica. Nada se dice de las condiciones de trabajo, que son las del convenio colectivo», detalló.

El escrito de la sala de lo Social se centra únicamente en condenar al Ayuntamiento al pago de una cuantía. «Nada más puede decir porque esto ha sido el objeto procesal, la cantidad». Y solo para una persona porque la demanda interpuesta es individual, no colectiva «ni interpuesta ni promovida por sindicato alguno». Además, asegura que hasta la fecha no hay notificación en el Ayuntamiento de más reclamaciones.

Pero lo esencial para Torres es que se ponga de manifiesto que el Consistorio en todo momento ha obrado bien en este tema. Primero porque está cumpliendo con lo que tiene firmado con su plantilla; y, segundo, porque la subvención del Ecyl tiene por objeto disminuir el número de desempleados, gracias a una ayuda de 10.000 euros por persona. Un dinero que el año pasado las arcas municipales completaron poniendo 100.000 euros de fondos propios para este programa.

Excluidos por edad

Por otro lado, la concejala de Personal recriminó a Comisiones Obreras que en la mesa de diálogo del consejo social en la que está presente el sindicato haya avalado que se excluya a posibles trabajadores por edad, por ser mayores de 35 y menores de 45, una década que queda al margen de poder acceder a un empleo temporal vinculado a las subvenciones del Ecyl. «Eso sí que es sangrante, porque en esa horquilla hay mucha necesidad. Se quedan en tierra de nadie. Nosotros siempre hemos pedido que se quite esa limitación porque alguien con 42 años tiene el mismo derecho a trabajar que alguien de 48», zanjó.