Más de 2.000 personas reclaman en la calle su derecho a una sanidad pública de calidad

Un futuro negro, muy negro, auguraba el Observatorio por la Sanidad Pública al término de una manifestación que secundaron más de 2.000 mirandeses para exigir una atención rápida en el hospital comarcal y garantizada por suficientes profesionales de todas las especialidades que forman parte de la cartera de servicios del Santiago Apóstol.

«No podemos dejar de movilizarnos, tenemos que insistir. Nos va la vida en ello», clamaba  Eloy Navarro, uno de los miembros de la plataforma y único hematólogo en un centro sanitario que debería contar al menos con dos. Y no los tiene porque los políticos no quieren. Eso lo tiene claro. Para empezar, porque hace más de un año que pidieron a la Consejería de Sanidad que designara Miranda como zona de difícil cobertura e implantara medidas atractivas para los profesionales médicos: contratos de larga duración, aumentar la puntuación de cara a conseguir plaza o elevar la dotación económica.

«Hay que hacer lo que haga falta para que vengan y se queden», incidía Navarro; al tiempo que pedía a los responsables de la Junta que tomaran buena nota de todas las medidas que está poniendo en marcha Osakidetza, a  30 kilómetros de Miranda, para asegurarse los profesionales que necesita. «Vamos a entrar en una competencia feroz en la que Miranda tiene todas las de perder. Si les dan 500 euros más, van a una ciudad más grande y les tratan mejor, se van a ir».

Frente a esa postura, en Sacyl, denunciaba el médico, tenemos «que mendigar a los profesionales del HUBU que vengan a echarnos una mano. Es la misma área de salud, hay que establecer unos criterios y unas obligaciones para que aquí no falte asistencia, para que tengamos la misma que puedan tener en Burgos».

No vale escudarse en decir que no hay especialistas a los que contratar para que vengan a Miranda. Tiene claro que esa excusa no es válida para un partido que lleva más de dos décadas en el Gobierno de la Junta. «Ya saben desde hace 20 años las necesidades que tenemos, ¿qué tipo de planificación es esta para decirnos ahora que no encuentran neurólogos o radiólogos o hematólogos? ¡Eso no es así!», recalcaba.

También pedía desde el quiosco de la plaza de España al Ayuntamiento, a su equipo de Gobierno, en parte presente en la manifestación, una mayor implicación en la búsqueda de soluciones, llamando a la puerta de la ministra de Sanidad o del presidente del Gobierno para que conozcan la situación e instarlos a que deroguen leyes que permiten la privatización y los convenios sanitarios.

«La gente de Miranda somos personas luchadoras que no vamos a consentir que nuestra sanidad la conviertan en una sanidad de beneficencia para pobres», aseguraba José Ignacio Redondo, integrante también del Observatorio en la plaza de España; desde donde, apuntó, que están «consultando con asesores legales» la forma de conseguir que los políticos «incompetentes que nos ignoran, tengan alguna penalización por permitir que la sanidad pública se esté destruyendo».

Y es que no entienden cómo puede haber diez altos cargos en la Consejería de Sanidad que cobran al año 868.296 euros, pese a no cumplir con las obligaciones encomendadas.