Macron endurece su política migratoria

«Cuando decimos sí, es realmente sí. Cuando decimos no, es realmente no». Rodeado de cuatro de sus ministros, el jefe del Ejecutivo francés, Édouard Philippe, resumía así las 20 medidas anunciadas para adaptar la inmigración a las necesidades del país y con las que el Gobierno ha buscado, dijo, un «justo equilibrio entre el derecho y el deber». Francia, afirmó Philippe, es un país «abierto pero no 'naif'» y mientras la nueva política simplificará y facilitará las gestiones para aquellos que llegan de forma legal, también reserva mano dura, insistió, para aquellos que abusan del sistema.

A pocos días de cumplirse el aniversario de la primera manifestación de los 'chalecos amarillos' -que han marcado la agenda política y social del último año y han obligado a Emmanuel Macron a hacer concesiones-, y ante las perspectivas de un nuevo invierno caliente por la previsible contestación a la reforma del sistema de pensiones que el presidente se trae entre manos, el Ejecutivo galo ha optado, no obstante, por agitar una de las banderas tradicionales de la derecha y la ultraderecha, la inmigración ilegal.

Si bien, según los últimos sondeos, la pérdida de poder adquisitivo, la protección social o incluso la crisis climática son algunos de los asuntos que más preocupan a los franceses, el Gobierno parece más inquieto por los números de sus adversarios políticos, especialmente los de Marine Le Pen, la líder de la Reagrupación Nacional (el antiguo Frente Nacional). Las encuestas muestran que la líder ultraderechista y el presidente se encuentran codo con codo en cuanto a intención de voto, y Macron parece haberse decidido a pescar en la charca tradicional de la derecha.

La medida más llamativa de la batería que se pondrá en marcha en los próximos meses es la imposición de una serie de cuotas de entrada de inmigrantes según las necesidades de su mercado laboral, siguiendo el modelo de países como Canadá o Australia, una idea reciclada que ya quiso poner en marcha Nicolas Sarkozy en 2007. El Ejecutivo quiere así «responder a las necesidades de mano de obra de las empresas», ya que, según la ministra de Trabajo, Muriel Pénicaud, «una de cada dos» compañías tiene dificultades para encontrar candidatos. Las listas de oficios «en tensión», es decir, con más dificultad para encontrar mano de obra, como la construcción o la hostelería, se revisarán cada año y se simplificarán las gestiones tanto para el trabajador como para el empleador.

El Gobierno no especificó este miércoles, sin embargo, si el sistema de cuotas va a aumentar o reducir el número de migrantes económicos que actualmente llegan a Francia -unos 33.000 el año pasado- y que apenas suponen el 13% del total. Sí señaló que el plan prevé duplicar el número de estudiantes extranjeros hasta 500.000 de aquí a 2027, con el fin de «acentuar nuestra influencia internacional», remarcó Philippe.

Más difícil lo tendrán, sin embargo, los demandantes de asilo y aquellos migrantes que entren en el país de manera irregular. El Ejecutivo planea limitar las prestaciones sanitarias durante los primeros tres meses en Francia a los demandantes de asilo, algo que no afectará ni a los niños ni a las urgencias.

Según la ministra de Sanidad, Agnes Buzyn, la medida pretende evitar el fraude de aquellas personas que proceden de países seguros -citó como ejemplos Georgia y Albania- y que piden asilo en Francia solo para beneficiarse de la prestación sanitaria gratuita. Las personas que entren con un visado de turista, y se queden después de manera irregular, tampoco podrán beneficiarse de la atención médica hasta tres meses después de que expire su visado.

Unos 200 funcionarios más ayudarán a agilizar los trámites de la demanda de asilo (unos 120.000 en 2018, un 22% más que en el año anterior), que hoy lleva unos doce meses y que el Gobierno quiere reducir a seis, centrándose primero en los procedentes de países seguros (y que previsiblemente serán rechazados).

Édouard Philippe también anunció este miércoles que los campamentos insalubres de migrantes que concentran en el noreste parisino a entre 1.500 y 3.000 personas serán evacuados antes de fin de año. Para ello se crearán tres nuevos centros de «retención administrativa», con el objetivo de facilitar la repatriación de aquellos que no han conseguido obtener un permiso de residencia.