El Tribunal de Comercio de EE UU bloquea los aranceles que Trump y el de Apelaciones los restablece

Con esa sentencia, que el Gobierno de EE UU ha apelado, quedan en el aire los acuerdos que negocia con el Reino Unido, China, la Unión Europea y tantos otros frentes abiertos desde el 2 de abril, fecha que Trump declaró 'Día de la Liberación', al anunciar una suerte de aranceles globales tan arbitrarios que los expertos todavía no han podido descifrarlos.

En realidad no se sabe, como pasa con Trump qué es lo que sucederá. El miércoles el Tribunal de Comercio, efectivamente, suspendía los aranceles. El jueves, el Tribunal de Apelaciones falla, provisionalmente, del lado de la Casa Blanca y restablece los gravámenes hasta el 9 de junio, plazo que da a las partes para presentar alegaciones.

«El tribunal no interpreta la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA, por sus siglas en inglés) como una fuente de autoridad ilimitada», escribió el panel de tres jueces en su decisión, dejando sin efecto los gravámenes que discurrían entre el 10% mínimo para todos los socios comerciales y el 145% con el que golpeó a China.

En su primer artículo, la Constitución de EE UU atribuye al Congreso la facultad de regular el comercio exterior, imponer aranceles y recaudar impuestos. Una potestad que hunde sus raíces en la experiencia histórica de la revuelta del Té con la que la corona británica intentó gravar a las colonias en 1773, desatando el proceso de independencia.

El tribunal considera que, al tolerar el abuso del presidente en esas funciones regulatorias, el Congreso «ha abdicado impropiamente» de su deber legislativo en otra rama del gobierno, la del ejecutivo. Un golpe a la separación de poderes que derriba la visión de los padres fundadores. Por este motivo, los juristas creen que si Trump lleva el caso hasta el Tribunal Supremo podría perder, pese a haber nombrado a tres de los cinco jueces conservadores que están en mayoría ideológica.

Durante el proceso, el abogado del Departamento de Justicia que defendió la decisión del Gobierno argumentó que el objetivo no era legislar el comercio, sino crear las palancas necesarias para «sentar en la mesa a los socios comerciales», dijo Brett Shumate, sin convencer al tribunal. «Puede que sea un plan muy noble, pero tiene que ajustarse al estatuto», atajó la jueza Jane Restani, nombrada para el cargo por Ronald Reagan, que cuestionó también la capacidad ilimitada del presidente para declarar una emergencia nacional. «¿Significa eso que el presidente puede declarar una emergencia nacional por la escasez de mantequilla de cacahuete?», preguntó irónica.

La emergencia nacional sí aplica, sin embargo, a los aranceles del 25% sobre el acero, aluminio y semiconductores, que seguirán vigentes al no estar incluidos en este fallo. Para estos materiales críticos el Departamento de Comercio se ampara en una ley de 1962 sobre materiales necesarios para la defensa nacional y la infraestructura. El gobierno de Trump deberá encontrar otro sustento legal si quiere mantener su política proteccionista en el resto de los productos. Una opción barajada sería la de recurrir a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, ya utilizada durante su primer mandato contra China, y considerada jurídicamente más sólida.

Un portavoz de la Casa Blanca avanzó que el presidente utilizará «todas las herramientas del poder ejecutivo para afrontar esta crisis» que «ha decimado a las comunidades estadounidenses, dejado atrás a los trabajadores y debilitado la base industrial de Defensa, hechos que el tribunal no disputa», observó. «No le corresponde a jueces no electos decidir cómo confrontar una emergencia nacional, sino al presidente», desafió.

El fallo del tribunal responde a una demanda presentada por una coalición de empresas afectadas por los aranceles, lideradas por la importadora neoyorquina de vinos y licores V.O.S. Selections, y otra interpuesta por una docena de estados, apoyados por 148 congresistas, que también dicen sufrir «consecuencias directas». Falta por aclarar en qué momento dejarán de aplicarse los gravámenes que ya se estaban recaudando. En cualquier caso, el presidente acaba de perder, al menos por el momento, su gran baza para renegociar los acuerdos comerciales que tan «injustos» le parecen.