¿Qué pasará con Trump y los republicanos?

Pero, sobre todo, los más sorprendidos es posible que sean los propios republicanos, ahora enfrentados al dilema de respaldar la invocación de la vigesimoquinta enmienda de la Constitución para destituir al presidente o quedarse al margen y secundar con su inacción al hombre que alentó el asalto al Capitolio. Ayer, varios dirigentes del partido admitían que se sopesaba la primera posibilidad. La citada enmienda ha sido utilizada en muy pocas ocasiones. Se introdujo en la Constitución en 1967 tras el asesinato de John F. Kennedy como un recurso para evitar el vacío de poder al autorizar la sustitución de un presidente «que no es capaz de llevar a cabo sus poderes y deberes». Paradójicamente, la última vez que esta norma surgió a debate fue hace unos meses, cuando Trump ingresó en un hospital afectado por el coronavirus.

La presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, instó ayer a poner en marcha el proceso tras asegurar que «es una emergencia» privar del poder al presidente saliente en los días que quedan hasta la investidura de Joe Biden el próximo 20 de enero. A la vista de los altercados del miércoles, algunos representantes ya han transmitido al Congreso su opinión de que Trump «no está en su sano juicio» y, encerrado en su propio laberinto, nadie sabe cuál será su siguiente paso.

La destitución, sin embargo, no es sencilla cuando se trata de una salida forzada (hasta ahora se ha aplicado por enfermedad, con la aquiescencia del mandatario, o fallecimiento). Requiere una tramitación ante el Congreso que incluso le da al presidente la oportunidad de rebatir el recurso, lo que no deja claro que Trump fuera a salir de la Casa Blanca en breve, cuando la investidura de Joe Biden será el día 20. Cabría, eso sí, un trámite acelerado y la posibilidad de que el vicepresidente, el republicano Mike Pence, ocupara el liderazgo del país hasta entonces, pero todo resulta muy remoto.

Los efectos de una iniciativa así son ahora mismo inciertos dentro del partido, que ha bordeado el cisma en estas últimas semanas y donde el trumpismo todavía tiene abundantes adeptos. Lo que parece más diáfano es que al final, a poco más de una semana de terminar en el cargo, el magnate arrastra en su caída todo y a todos. Con él se hunden sus incondicionales, el Partido Republicano, el control del Senado, la credibilidad de las instituciones que prometió 'limpiar', la clase política y hasta la propia Casa Blanca.

Porque, además, lejos de un acto aislado, los acontecimientos en Washington se vieron replicados a través del país en una cadena de amenazantes protestas en las capitales de otros Estados donde turbas de manifestantes airados se abrieron paso en los edificios legislativos, forzando su evacuación.

En respuesta a las amenazas violentas, en Utah se ordenó a los empleados del Capitolio estatal abandonar el inmueble. En Georgia, la Policía tuvo que escoltar al secretario de Estado, Brad Raffensperger, a un lugar seguro ante una demostración de milicias ante la sede legislativa de Atlanta. En el Estado de Washington el gobernador Jay Inslee y su esposa debieron ser trasladados de la mansión oficial cuando un grupo de 'trumpistas' violó el perímetro.

Manifestantes en Salem quemaron la efigie de la gobernadora de Oregón, Kate Brown. En Sacramento, los agentes trataban de contener los enfrentamientos entre grupos rivales. En Kansas un grupo de manifestantes pro-Trump entraron en el Capitolio en Topeka mientras distintas protestas contra Biden se celebraban en Austin, Texas, Little Rock, Arkansas y otras ciudades. Aunque muchas de ellas estuvieron bajo control, numerosos partidarios del presidente saliente se presentaron con armas de fuego y escudos antidisturbios.