El tripartito ordena por fin el desalojo del inmueble de Linares Rivas de Haro

De sus inquilinos más de la mitad son meores. /R. Solano
De sus inquilinos más de la mitad son meores. / R. Solano

El acuerdo aparece en el acta de la última junta de gobierno y concede a los inquilinos los tres días que fijó como plazo el arquitecto municipal en su informe del 9 de julio

ROBERTO RIBERA

Ciertamente, ha tardado en llegar. Más de lo que aconsejó, incluso, el propio arquitecto de la Administración jarrera tras inspeccionar el edificio y constatar el verdadero alcance y la gravedad de las advertencias trasladadas por el director de las obras que ejecutaba de forma subsidiaria el Ayuntamiento de Haro para reparar los daños que presentaba el alero del tejado y ponía en riesgo la seguridad de los viandantes. Pero ha llegado al fin, y con sello de 'obligado cumplimiento'.

Los inquilinos del edificio número 2 de la Calle Linares Rivas, una veintena de personas y más de la mitad de ellas menores de edad, deberán desalojar el inmueble en el plazo de tres días, una vez reciban la notificación oficial de la Administración local que ha dilatado el caso hasta la saciedad, ya que fue hace tres años cuando les ordenó que ejecutasen las obras detalladas por sus técnicos para garantizar la estabilidad del bloque y evitar daños a terceros. Pero ese mandato topó con una solicitud de prórroga para no más de tres meses que acabó estirándose hasta principios de este año. y con pésimos resultados a la vista del estado en que se encuentra ahora el viguerío de su tejado.

Es algo que descubrió, enormemente sorprendido, el director de la obra contratada por el Concejo y ahora aparcada 'sine die', y que certificaría, semanas después, la propia Unidad Municipal de Obras. La cubierta del edificio se encuentra seriamente dañada y el arquitecto del Concejo no ve más solución para poder dar luz verde en su momomento al regreso de sus actuales ocupantes y propietarios que la sustitución de todo el tejado, una vez se redacte un proyecto previo, de forma que no amenace al resto de su estructura de venirse abajo.

Lo más curioso del acuerdo adoptado ahora por los miembros de la junta de gobierno, integrada por representantes de los tres socios de gobierno (PSOE, Ganemos Haro y PR+), es que la orden de desalojo aparece en el acta de la última junta de gobierno local, pero el técnico que coordina la Unidad de Obras presentó sus conclusiones con fecha 9 de julio y dejaba claro, ya por entonces, que los inquilinos debían abandonar sus viviendas en el plazo de tres días, delegando en la Alcaldía la adopción de esa medida mediante decreto, al considerar la delicada situación del edificio.

No se hizo así.

Muy al contrario. Semanas después, cuando se dio lectura a su demoledor informe técnico en ese mismo órgano ejecutivo, la cúpula del Concejo decidió que se trasladase el documento del arquitecto a los vecinos y tuvo que ser la secretaria de la Corporación la que advirtiese, en esa misma sesión, que se trataba de una solución insuficiente al no suponer ningún mandato y tratarse de un mero trámite informativo, y que el Ayuntamiento debía posicionarse al respecto y ordenar su salida mediante acuerdo ejecutivo.

Éste llega semanas después y afectará a veinte de las veintiséis personas que están empadronadas o viven en el edificio, ya que una familia compuesta por cuatro niños y sus padres abandonaron hace tiempo el piso que habitaban hasta hace algunos meses al entender el enorme riesgo que suponía para todos ellos el estado en que se encuentra el inmueble en cuestión y seriamente cuestionado, al mismo tiempo.

Y, aunque con retraso, acepta las consideraciones de su técnico que confirma «la situación de ruina de la cubierta al presentar ésta un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales, lo que hace que no sea compatible la ocupación y el uso del inmueble mencionado en tanto no se acometa la revisión de estado de la totalidad del inmueble y se ejecuten las obras de demolición y reforma necesarias que garanticen la seguridad y la salubridad de la edificación. Habida cuenta de la situación de peligro y falta de seguridad en el inmueble que se constata en el informe del arquitecto municipal de fecha 9 de julio de 2018», certifica tal cual el acuerdo adoptado por la junta de gobierno, sus miembros ordenan «el desalojo de los ocupantes por motivos de seguridad en el plazo de tres días a contar desde la notificación del presente acuerdo».

Curiosamente, y como desveló este medio hace algunos días, en el articulado se hace referencia explícita a «los acuerdos adoptados por la junta de gobierno local en fechas 27 de julio de 2015 y 1 de febrero de 2016, sobre orden de ejecución a la comunidad de propietarios». Porque el problema no es nuevo.