El tripartito jarrero decide prescindir de los servicios de su secretaria municipal

La secretaria del Consistorio jarrero toma notas, detrás de la alcaldesa Laura Rivado. /R. Solano
La secretaria del Consistorio jarrero toma notas, detrás de la alcaldesa Laura Rivado. / R. Solano

El equipo de gobierno no renovará el contrato con la asistente jurídico, que venía trabajando en la Administración jarrera desde el ejercicio 2004

ROBERTO RIVERA

El gobierno tripartito pone fin a la etapa de María de las Mercedes González Martínez como secretaria del Ayuntamiento de Haro, cargo que ha venido ocupando, recordaban fuentes de la Administración jarrera, desde el año 2004. Y lo hace, además, con el respaldo firme y explícito del grupo municipal del Partido Popular, y la aceptación de la concejala no adscrita Patricia Mateos.

Se trata de una decisión que fue trasladada a la asesora jurídica de la Corporación riojalteña en los últimos días y tras abrir consultas Leopoldo García, teniente de alcalde regionalista, con Alberto Olarte, presidente del PP y portavoz de la formación conservadora que contemplaba entre sus acciones de gobierno, de alcanzar esa cuota de responsabilidad en el municipio, la salida de la secretaria, cuya labor y criterio a la hora de gestionar el debate en los plenos había cuestionado abiertamente en numerosas ocasiones.

Así fue como el concejal del PR trasladó a la interesada que, a diferencia de lo realizado a lo largo de los últimos quince años, no se procedería a la renovación de su contrato anual y, consecuentemente, se habilitaría para el desempeño de sus funciones a una de las dos letradas del propio Concejo, previsiblemente Mónica Valgañón.

Se desconocen, en principio, los motivos que han conducido a esta decisión, avalada por todas las fuerzas políticas, aunque soprende por cuanto fue ratificada en el puesto, mediante la renovación anual de su contrato, después de las polémicas suscitadas públicamente por la sentencia que obligaba al Consistorio a hacerse cargo de la diferencia económica que había entre los costes reales de la urbanización del entorno de la Calle Magdalena y lo liquidado a los afectados como contribuciones especiales (alrededor de un millón de euros), por un cúmulo de deficiencias en la tramitación del expediente, a nivel administrativo y técnico; la que certificó el libre acceso de un investigador local a los fondos del Archivo Histórico Municipal, después de recurrir éste a los tribunales; la que impuso a la Administración local una multa de 12.000 euros por un caso de acoso laboral;y la que anuló por completo el proceso de promoción interna iniciado en el seno de la Policía Local para la selección de dos oficiales del cuerpo, al denunciar uno de los aspirantes su exclusión del listado de aspirantes y aceptarse su derecho a participar en los exámenes desde el Juzgado de lo Contencioso Administrativo.

De los argumentos valorados por el equipo municipal de gobierno que ha respaldado su labor a lo largo de toda la legislatura no se conocen detalles. Sí queda claro que tanto el tripartito como el único partido de la oposición han coincidido en la conveniencia de afrontar una nueva etapa en la gestión del Consistorio a dos meses de las elecciones municipales.

La solución final al respecto, aceptaron unos y otros, deberá ser adoptada por la próxima Corporación, la que resulte de la cita del 28 de mayo.

Hoy, junta de gobierno

Dentro del contexto municipal se anuncia, por otra parte, una nueva junta de gobierno en la que los representantes de las tres fuerzas con mando en el Ejecutivo jarrero abordarán varias cuestiones relacionadas con la ejecución subsidiaria de la actuación material de derribo del edificio número 25 de la Calle de la Ventilla y del número 1 de la Calle del Papagayo, así como la toma de conocimiento de la nueva composición de la junta urbanística que se encarga de la gestión del sector industrial del Polígono de Fuente Ciega.