Caso Linares Rivas 2, tres años en vía muerta

Estado del edificio./R. Solano
Estado del edificio. / R. Solano

El equipo de gobierno actual ordenó en julio de 2015 la ejecución de las obras que inició, de forma subsidaria, el pasado mes de mayo

ROBERTO RIBERA

Glosa el refranero. «De aquellos polvos, estos lodos». Que sorprendiese sobremanera la celeridad con la que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Haro citase al pleno para conocer el posicionamiento de las diferentes fuerzas políticas sobre la cesión de uso de los pisos municipales de El Coso al Gobierno de La Rioja, no resulta nada extraño. Tampoco que la alcaldesa recurriese a esta fórmula, aún reconociendo que podía haber convocado para ello a la junta de portavoces (de la que no participa la edil no adscrita Patricia Mateos), porque con ello se habría evitado el pago de las comisiones que perciben cada uno de los ediles por asistir al órgano ejecutivo, unos 35 euros por barba.

Los problemas que arrastra el edificio número 2 de Linares Rivas, el motivo por el que el Concejo busca acomodo a las veinte personas que siguen viviendo en su interior a pesar de haber instado el arquitecto a desalojarlos «en el plazo de tres días» con fecha 9 de julio, viene de largo. De muy largo. Y el equipo de gobierno lo sabe porque ha dado largas al asunto durante cerca de tres años.

Para constatar esa afirmación basta con revisar las actas de la junta de gobierno de 27 de julio y 14 de septiembre de 2015. Sí. De 2015.

En la primera de ellas aparece el informe realizado por el arquitecto del Concejo tras la visita girada al inmueble a instancia de uno de sus propietarios, en el que «estima se proceda con urgencia a la reparación y consolidación de los elementos de fachada que estuvieran en mala situación, a la reparación y tratamiento de la estructura de madera, a la reparación de los acabados de cubierta, tablero, tejas, canalones y bajantes, ejecutando la reparación de los mismos, previa aprobación del proyecto de rehabilitación».

La cúpula municipal, bajo la presidencia de Laura Rivado, asume su dictamen; ordena a la comunidad de propietarios que presente «en un plazo inferior a treinta días» un proyecto que recoja todas esas actuaciones y proceda a su ejecución; y advierte que, «de no llevar a efecto esta orden en el plazo indicado, se llevará a cabo por el organismo requirente, con cargo al obligado, a través del procedimiento de ejecución subsidiaria».

En la segunda, dos meses después y a punto de expirar el plazo otorgado (finalizaba el 17 de septiembre), la junta recibe un escrito redactado por «Enrique Jiménez Gabarri, presidente de la Asociación de Promoción Gitana de La Rioja, en representación de la comunidad de propietarios, en el que solicita una prórroga para poder cumplir con la orden de ejecución» dictada por la Administración local.

El tripartito accede a la petición, otorga tres meses de prórroga y entiende que de esa manera podrán presentar la documentación requerida en la redacción de ese mismo acuerdo. Pero deja claro, no obstante, que «el plazo para cumplir con la orden de ejecución finaliza el 17 de diciembre de 2015, que será en todo caso improrrogable», dicta la junta de gobierno. Tal cual.

No se hizo absolutamente nada. No hasta octubre de 2016, mes en el que se ordena el inicio de la «acción material» de los trabajos con carácter subsidiario y por razones de «seguridad». El proyecto no se encarga, en todo caso, hasta mayo de 2017 mediante decreto de Alcaldía. Pero un año después, mayo de 2018 ya, cuando se acometen por fin las obras, el arquitecto que las dirige echa el freno de mano y advierte al Concejo del «riesgo de derrumbe» que presenta el inmueble por el pésimo estado de la cubierta.

Desde entonces ya conocen todo lo sucedido porque ha sido detallado en estas mismas páginas.

El arquitecto municipal accedió al interior del edificio a finales de mes y emite, con fecha 9 de julio, un informe demoledor y alarmante, al mismo tiempo. Insta a reparar todas las deficiencias que detecta en la estructura del tejado pero advierte, sobre todo, a los responsables del Concejo que deben proceder al desalojo de sus ocupantes en un plazo de «tres días», sin que hasta ahora se haya dictado esa orden. Los inquilinos, salvo una familia formada por un matrimonio y cuatro menores que se alarman con el aviso y 'ocupan' una vivienda de la Comunidad que tratan de regularizar ahora, siguen viviendo allí.

Sólo recibieron copia del informe técnico a mediados del pasado mes de julio. Pero la secretaria accidental del Consistorio ya advirtió en la junta donde se dio cuenta del informe y de su reenvío a los vecinos dentro del apartado de comunicados y correspondencia (24 de julio de este año) que «con el traslado a la propiedad del informe del arquitecto (...) no es suficiente y que el Ayuntamiento ha de adoptar resolución o acuerdo al respecto».

No se ha producido. Sólo el envío de un mismo escrito a diferentes órganos regionales con fecha 1 de agosto para hablar de «la demanda urgente de viviendas surgida» en Haro.

Redondo dijo que había que ceder las viviendas de El Coso al Ejecutivo riojano «por lo que puede venir», en alusión a este caso. Pero lo que puede venir viene de lejos.