El lado humano del caso Linares Rivas

Al fondo, edificio sobre el que pesa la orden de ejecución de obras y desalojo dictada dictada por el Ayuntamiento de Haro. /R. Solano
Al fondo, edificio sobre el que pesa la orden de ejecución de obras y desalojo dictada dictada por el Ayuntamiento de Haro. / R. Solano

Los veintiún inquilinos afectados por la ordende desalojo y ejecución forzosa de obras en la cubierta recuerdan al Concejo que carecen de los recursos necesarios

ROBERTO RIVERA

Los expedientes administrativos, siendo de papel y transitando por mesas y despachos en las oficinas del Concejo, soportan todo. Aunque, como en este caso, encallen durante cerca de tres años sin saber por qué y acaben acelerándose de un día para otro, sometiéndose a plazos legales que no saben de almas ni de historias humanas que sepultan informes técnicos, debates políticos y decisiones basadas en fundamentos legales y principios jurídicos.

La desidia no hace sino agravar las situaciones de riesgo cuando no se resuelven de inmediato y de forma global, viene a recordar lo sucedido con el edificio número 2 de la Calle Linares Rivas, donde la estabilidad de la cubierta sitúa al límite a los inquilinos del edificio, familias compuestas por padres, abuelos y niños de muy corta edad a los que la orden de desalojo y ejecución forzosa de obras dictada finalmente por el Consistorio pone nombre, apellidos y, por encima de todo, ficha de situación personal, sacando a la luz el otro lado de este desconcertante 'affaire', el más humano y sin duda alguna el más preocupante.

Son ellos, los propios afectados, los que se han encargado de recordarlo por escrito.

Y con ello han puesto sobre la mesa el estado de exclusión social en el que se encuentran los veintiún vecinos que respaldan la misiva. Tanto porque carecen de los medios económicos necesarios para afrontar una actuación de alto coste (la demolición controlada del tejado actual y la construcción de uno nuevo bajo la supervisión técnica de un arquitecto), como por su pertenencia a la etnia gitana.

Según ha podido saber este medio, los afectados han puesto en conocimiento de la cúpula municipal que en la mayor parte de los casos soportan cargas familiares con el único ingreso de los 400 euros que reciben por la asignación de la renta de ciudadanía, sujeta a revisión tras obtener el respaldo del departamento de Servicios Sociales. Aunque a esa evidente limitación económica se suman, además, las dificultades con que podría encontrarse una vintena de gitanos, entre ellos varios niños, a la hora de buscar una vivienda o un local donde realojarse tras cumplir la orden de salida que ha emitido el Ayuntamiento, por barato que fuese.

Sin obviar, al mismo tiempo, que con esos ingresos les resultaría materialente imposible llevar a cabo las obras que se les exigen. Ni en el plazo de cuarenta y cinco días que se les ha marcado, mediante acuerdo de la junta de gobierno local, ni en un margen más amplio.

He ahí la encrucijada en la que se encuentran, dramáticamente, las familias que habitan las viviendas del inmueble declarado en situación de ruina por la inestabilidad de su cubierta. Admiten el estado de riesgo extremo en el que viven junto a los menores (una familia formada por un matrimonio y cuatro pequeños optó por abandonar la vivienda antes incluso de emitirse la orden de desalojo entregada el pasado mes de agosto, para 'okupar' un inmueble de El Mazo antes de regularizar su situación en la Dirección General de Servicios Sociales). Pero carecen de alternativa alguna para poder dejar sus propiedades.

 

Fotos

Vídeos