El Gobierno riojano asume la gestión de los pisos sociales de El Coso en Haro

Fachada del edificio donde el Gobierno pretende realojar a los inquilinos de Linares Rivas./R. Solano
Fachada del edificio donde el Gobierno pretende realojar a los inquilinos de Linares Rivas. / R. Solano

La medida se presume solución al problema que arrastran los inquilinos del edificio de Linares Rivas, pero no antes de «cuatro o cinco meses»

ROBERTO RIVERA

El Gobierno de La Rioja se hace cargo formalmente de la gestión de los pisos que el Ayuntamiento de Haro poseía en El Coso y abre, con ello, una vía de solución al problema que arrastran los veintiún vecinos que siguen ocupando, a día de hoy y agrupados en cinco unidades familiares, el interior del edificio número 2 de la Calle Linares Rivas, sobre el que pesa una orden de desalojo contra la que presentaron un recurso de reposición, ya desvelado por este medio, que contó con el visto bueno de los servicios jurídicos del Consistorio y que podría haber sido aceptado por la cúpula municipal en la última junta de gobierno, celebrada con suspense esta misma semana.

Que el paso dado por la Consejería de Políticas Sociales se presuma la solución definitiva al dilema que ha acabado generando el retraso arrastrado por el expediente de ejecución de obras impuesto por ese mismo órgano ejecutivo hace tres años, lo demuestra el caso de la sexta de las familias que ocupaban el inmueble, afectado por el profundo deterioro de la cubierta que, de acuerdo con el criterio de los arquitectos, debe ser demolida y reconstruida a continuación para garantizar la seguridad de los inquilinos.

Compuesta por un matrimonio con cuatro hijos menores, optó por abandonar el edificio meses atrás, al conocer la gravedad de las deficiencias que habían sido apreciadas en el tejado, y 'ocuparon' una vivienda de El Mazo, en concreto uno de los chalés que se conocen en la ciudad como 'de los maestros' y que pertenecen al Ejecutivo regional, solicitando al mismo tiempo el amparo de los Servicios Sociales por la gravedad que revestía su situación.

En la actualidad, ha podido saber este medio, esperan la confimación de que todos ellos podrán realojarse en un piso de El Coso. Serían los primeros afectados en obtener una vivienda de la Comunidad al haber iniciado, con mucha antelación, todo el procedimiento administrativo previo.

Pero, según apuntaban a este periódico esas mismas fuentes, ése parece ser, a medio plazo, el destino provisional del resto de sus vecinos, una veintena de miembros de la comunidad gitana de Haro que esperan, como ellos, a la ejecución de los trabajos de reforma y adecuación que serán llevados a cabo en los módulos cuya propiedad les fue cedida por el Consistorio jarrero hace unas semanas, eximiéndose de toda responsabilidad futura.

Gran premura de tiempo

Ése, el factor tiempo, es en realidad el elemento que ha acabado asumiendo todo el protagonismo en este caso, una vez que el arquitecto municipal emitió a primeros de julio un informe que aconsejaba el desalojo del edificio en un plazo de «tres días».

Han pasado ya tres meses desde que trasladara sus preocupantes conclusiones a la cúpula del gobierno tripartito y, sin embargo, en el interior del inmueble siguen viviendo hoy en día veintiún personas, más de la mitad de ellas, menores de edad. Y, según ha podido saber este medio, el plazo que se marca el Ejecutivo regional, que recibió el expediente de cesión de las viviendas hace menos de quince días, para la adecuación de sus 'nuevas' propiedades y más que probable domicilio de todos ellos es de «cuatro o cinco meses».

Demasiado margen como para seguir corriendo riesgos, aun en el caso de haber sido aceptado el recurso de reposición que presentaronante la Administración local a finales del mes de septiembre.

En ese contexto se circunscriben los últimos movimientos que, siempre de acuerdo con la información facilitada por fuentes próximas al caso, parecen haberse producido a lo largo de los últimos días, un periodo en el que se han mantenido al menos dos encuentros entre el Ayuntamiento y algunos de los afectados.

Una de ellas fue con el alcalde accidental, Leopoldo García, que planteó dos opciones a sus interlocutores: acomodarse en domicilios de unidades familiares vinculadas a los inquilinos de Linares Rivas o buscar viviendas de alquiler en la ciudad garantizándoles que, sostienen, el Concejo se haría cargo de los recibos correspondientes a tres de las cinco familias hasta la finalización de las obras en los pisos de El Coso, e instándoles a lograr que las otras dos pudiesen realojarse con sus familiares de forma provisional.

La otra habría sido con Javier Redondo y el preámbulo de la visita que recibieron, al día siguiente, del arquitecto municipal, acompañado por agentes de la Policía Local, para constatar si se había producido el desalojo y obviando que había un recurso de reposición contra la orden municipal. «El concejal dijo que tenía miedo por lo que podía pasar y le constestaron que si creía que los vecinos que están dentro no lo tenían, con niños pequeños asu cargo. Lo que no podemos hacer es salir a la calle sin ningún sitido donde ir», relataba uno de ellos.

 

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