Batería de iniciativas de Mateos para «garantizar la transparencia» en Haro

Patricia Mateos revisa sus papeles en el escaño que ocupa en el salón de plenos durante el desarrollo de una sesión anterior./R. Solano
Patricia Mateos revisa sus papeles en el escaño que ocupa en el salón de plenos durante el desarrollo de una sesión anterior. / R. Solano

La portavoz del Círculo de Podemos presentará las propuestas en pleno, convencida de que «la corrupción prosperacon la opacidad de las decisiones públicas»

R. RIVERA

Patricia Mateos trata de explotar los principios de «transparencia» e información pública, frentes donde, a la vista de las críticas formuladas por oposición y vecinos en lo que va de legislatura, el gobierno tripartito de la Corporación jarrera muestra más síntomas de debilidad, para otorgar contenido político al pleno ordinario convocado para pasado mañana, miércoles.

La portavoz del círculo local de Podemos Haro, respaldada por el grupo municipal del PP que le otorgó los avales necesarios para poder tramitar su iniciativa como moción, al tratarse de una concejala no adscrita, defenderá ante el órgano ejecutivo la puesta en marcha de una batería de medidas que considera «esenciales para prevenir la corrupción y abrir las ventanas de las instituciones para esclarecer cómo y por qué se toman determinadas decisiones, cómo éstas se aprueban y ejecutan, y cómo podemos evaluar los resultados que dan».

Su iniciativa se sustenta sobre la base de que «la Corporación municipal que dirige este Ayuntamiento tiene la obligación de responder a lo que los ciudadanos nos demandan» y «la transparencia es una de esas reivindicaciones». Pero también en la convicción de que «la corrupción prospera con la opacidad de las decisiones públicas, ya que el corrupto y el corruptor pueden hacer que sus actos pasen inadvertidos ante la ciudadanía».

Frente a ese contexto, descrito en esos términos por la líder del 'círculo' jarrero, Mateos defiende en el preámbulo del documento que «el derecho a la información y la transparencia fomentan la integridad, la eficacia, la eficiencia y la responsabilidad de las autoridades públicas, contribuyendo así a reforzar su legitimidad». Y recuerda, al mismo tiempo, que éstos son «derechos fundamentales reconocidos por la legislación internacional y por la propia Constitución Española» que «se constituyen en instrumento para prevenir la corrupción y para mejorar la calidad del funcionamiento de las instituciones públicas».

Ahí es donde toma cuerpo el listado de propuestas que se plantearán a la sala en el transcurso de la sesión y que apuestan, de partida, por utilizar el portal digital del Concejo como «centro principal de información (...) y difusión de la información local en los ámbitos de actuación de la sociedad civil», intentando que sea «de fácil acceso, navegación y actualización frecuente», y garantizando que especifique y publique «íntegramente los acuerdos y convenios con otras entidades públicas y privadas». Especialmente «en aquellos que supongan una disminución de los ingresos municipales, debiendo publicar una relación de motivaciones para ello».

Aunque lo más llamativo de ese primer listado se centra, en realidad, sobre los propios corporativos y la maquinaria administrativa del Concejo al exigir que se haga pública «la relación nominal de los cargos electos y la cuantía de las remuneraciones de unos y otros por asistencia a plenos y comisiones», así como «la información relativa a las retribuciones del alcalde y concejales, los horarios establecidos para el desarrollo de las tareas de los cargos electos y una memoria semanal con las actividades realizadas, la relación de puestos de trabajo (RPT) de la plantilla municipal, los reglamentos de las comisiones en las que participan empleados municipales, y la información y publicidad sobre los procesos selectivos del personal (bases, plazos, composición del tribunal, pruebas, listas de admitidos y excluidos, reclamaciones o impugnaciones)».

Más allá de la propuesta que anima a publicar «sin extractar» los acuerdos de las juntas de gobierno, los decretos de Alcaldía y los plenos, cumplinedo con la Ley de Protección de Datos, la edil no adscrita enumera diversas medidas para reforzar el control financiero y la gestión en las contrataciones.

Y con esa intención alude, en concreto, a la necesidad de facilitar el movimiento 'on-line' de los mandatos de pago generados por Intervención y de publicar todos los documentos referentes a las cuentas anuales del Concejo y a los presupuestos municipales, los informes de Auditoria o los de los órganos de control externo (Tribunal de Cuentas) y el importe de la deuda pública municipal y los datos acerca de la evolución de la deuda en comparación con ejercicios anteriores.

Y de informar sobre la composición y convocatoria de las mesas de contratación, otorgando «prioridad al uso de procedimientos abiertos, en vez de los negociados», publicando la lista y cuantía de las operaciones con los proveedores, adjudicatarios y contratistas, y dando a conocer el importe de lo ya ejecutado o cobrado en las distintas obras y proyectos financiados con el fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local.

Pero sobre todo editando la relación de empresas contratadas para estas obras y proyectos, y los pliegos de condiciones de los servicios y actuaciones en curso, «así como las medidas de control (establecidas) para garantizar que los contratos se cumplen» en la adjudicación de «servicios que, por su propia naturaleza, no pueden ser adjudicados a empresas y deben cumplirse por personal contratado».

Se apuesta, en última instancia, por crear «la revista municipal prevista en el Reglamento de Participación Ciudadana, dando cabida en ella a los partidos, con y sin representación municipal, y a otros colectivos vecinales para sea una revista informativa y no de propaganda como se viene haciendo», denuncia la concejala de Podemos.

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