Cuatro de cada diez españoles limitarían el precio de los alquileres de vivienda

Varios inmuebles con anuncios de alquileres de pisos. / M. Martin

Según el CIS, el 45% vive en arrendamiento por no tener ingresos suficientes para comprar y un tercio ve especulación y poca oferta en el mercado

José Antonio Bravo
JOSÉ ANTONIO BRAVOMadrid

El problema de la vivienda ya no está entre las principales preocupaciones de los españoles, ni ven que lo sea para el país frente al paro –la gran asignatura pendiente a juicio del 62,5% de los ciudadanos, según el último barómetro publicado ayer por el CIS– e incluso las cuestiones económicas (25,4%). Sin embargo, no está lejos de las pensiones, el principal problema para el 14,6% frente al 6,8% que destacan aquí las cuestiones inmobiliarias.

En cualquier caso, mantiene un peso relevante porque a ocho de cada diez españoles –el 81,8% de quienes no tienen residencia propia– les gustaría más comprar una casa que vivir en régimen de alquiler. Y hasta el 90% considera que el Gobierno debería proteger «de manera activa» el derecho constitucional a tener una vivienda digna. En este sentido, la secretaria general del ramo, Helena Beunza, coincidió ayer con ejecutivos del sector en que es necesario un pacto de Estado de larga duración, más de 15 años.

Pero, ¿cómo debería protegerse ese derecho? Para cuatro de cada diez (el 41,8%) debería establecerse «una política de limitación del precio de los alquileres». No obstante, algo más de la mitad (52,8%) sitúa en primer lugar la construcción de viviendas sociales para las personas que tienen pocos recursos económicos. No muchos menos demandan que se concedan hipotecas «baratas» (el 49,9%), e incluso que se fomente la construcción de casas a coste «asequible para las clases medias» (el 46,9%). Tres de cada diez solicitan incluso que se «socialice el suelo» para evitar que luego se encarezcan los precios finales de los inmuebles.

No obstante, de nuevo prácticamente cuatro de cada diez españoles insiste en el tema del alquiler, pues reclaman (el 38,3%) un parque público suficiente de este tipo de viviendas. Eso sí, una abrumadora mayoría de casi el 82% prefiere tener una casa en propiedad que residir en régimen de arrendamiento, mientras que el 13% lo seguiría eligiendo aunque tuviera capacidad para adquirir un inmueble. Y es que la razón esgrimida por casi la mitad (el 45%) de quienes viven en alquiler para no comprar 'ladrillo' es «no tener ingresos suficientes». Y si lo extendemos a quienes viven aún con sus padres, dos de cada tres (el 66,8%) no lo hace por falta de dinero.

De hecho, la conocida máxima de que «siempre es mejor comprar que alquilar» es refrendada por dos de cada tres (el 66,4%) de los encuestados por el CIS, mientras que solo el 17,2% está en desacuerdo con ello. Asimismo, seis de cada diez (59,7%) estiman que es también «la mejor forma de ahorrar para el futuro».

Papel de la Administración

Ahora bien, ¿hasta dónde debería llegar el papel de las administraciones públicas respecto al alquiler? Pues ocho de cada diez (el 83,2%) abogan por que creen un parque de vivienda en régimen de arrendamiento y casi los mismos piden que también fomenten la construcción e incluso rehabilitación de casas destinadas a ese fin. El 44% considera incluso que se deberían dar créditos baratos para ese fin, y la mitad (52,3%) reclama ayudas públicas.

El CIS no incluye en su cuestionario ninguna pregunta sobre una posible burbuja en los precios del alquiler, pero sí pregunta a los ciudadanos que notan en la zona donde viven: ahí el 51% los ve «caros» o «muy caros». En cuanto a su evolución, un 21% afirma que están subiendo «mucho», y otro 26,8% que al menos aumentan «algo», mientras que el 27,4% los ve «estables». Apenas el 1% cree que están bajando. Ese encarecimiento responde, según un tercio (35%), directamente a la especulación, aunque casi los mismos (32,7%) apuntan a una oferta reducida.

Capítulo aparte merece el problema de la okupación de casas. Cuatro de cada diez (39%) expulsaría a estas personas «inmediatamente», mientras que otro 31% propone darles «soluciones habitacionales alternativas» y casi un 23% apuesta por la vía del diálogo. Ahora bien, si una persona se fuera unos días de su vivienda (por ejemplo, por vacaciones) y a la vuelta se encontrara que está okupada, el 85% estiman que las autoridades deberían desalojarles, como mucho, en 48 horas.