«No vamos a trasladar a los consumidores los costes de alargar la vida de las nucleares»

– La solución salva la demanda actual, pero no garantiza la futura.

– Tenemos una saturación más en términos administrativos que eléctricos. En Euskadi desde 2020 hemos concedido 2,6 gigavatios, lo que permite duplicar el consumo de la comunidad. El reto es que esas autorizaciones se conviertan en proyectos reales, en vez de en apuestas especulativas.

– Los 5.200 megavatios que se van a liberar son el 15% de la capacidad del país. ¿Cómo lo han explicado a otras comunidades?

– Hemos visto de todo y hemos dado respuesta a todos. Desde zonas industrialmente consolidadas como Euskadi, que buscaban electrificar consumos existentes, hasta otros territorios que han hecho una apuesta fuerte por la generación renovable, que se traduce en la llegada de nueva industria.

– Han priorizado la industria como pedía Euskadi.

– Sí, es lo que más valor aporta.

– El Gobierno vasco dice que la proliferación de centros de datos supone un «lejano oeste energético» que es necesario ordenar.

– Me remito a los datos. En el sector de los centros de datos se estima que necesitamos entre tres y cuatro gigavatios más para 2030. A día de hoy ya hay concedidos en España 12,5. Tenemos que ver cuáles son esos proyectos, porque a lo mejor están duplicados o triplicados o en una fase muy temprana. También hay agentes con comportamientos especulativos. Y, al final, perjudican a todos porque acaparan capacidad.

– ¿Y cómo se ordena esto?

– Ahora los permisos no caducan. Una posible solución sería fijar una caducidad de cinco años: si en ese plazo no se ha puesto en marcha, que pase al siguiente.

– El aumento de potencia va a tardar años en llegar. Euskadi pide que se pueda aprovechar toda la disponible en cada posición de las estaciones. ¿Para cuándo?

– Antes de verano ya las pusimos sobre la mesa con el decreto 'antiapagón', que suscitó un consenso en el mundo empresarial, sindical, ecologista y el sector, pero el Congreso lo tumbó. El Gobierno ya está trabajando en aquellas medidas que no requieren de rango de ley. También estamos tramitando un nuevo real decreto.

– Por ir a lo concreto, ¿qué medidas se van a recuperar?

– Lo primero es reforzar el control para que todos los agentes del sistema cumplan sus obligaciones. En segundo lugar, se impulsa el almacenamiento y la flexibilidad para integrar mejor las renovables. Y, en tercer lugar, se introducen medidas para asignar de forma más eficiente la red eléctrica, como fijar usos concretos de las conexiones y establecer caducidades.

– Para que el sistema funcione son necesarias redes sólidas. Las eléctricas reclaman aumentar su retribución y amenazan con llevarse las inversiones a otro lado. Iberdrola ya está en ello.

– El regulador europeo dice que lo primero que hay que hacer antes de invertir en más redes es mejorar las existentes. Si hay una inversión descoordinada corremos el riesgo de matar la electrificación. Las redes no se pagan de la nada, sino del peaje que abonamos en la factura. El objetivo es encontrar la forma más eficiente de dar respuesta a las necesidades. Nosotros hemos planteado en un real decreto aumentar los límites de inversión en un 60% hasta 2030, pero no vale cualquier cosa. Este aumento tiene que ir dirigido a mejorar la robustez de la red y dar respuesta a demandas industriales. La CNMC ha cambiado el modelo y ahora dice que va a pagar más o menos en función de los resultados que consigan. Lo vemos positivo.

– Pero retribución sigue por debajo de la media europea.

– Lo que no se suele decir en estos debates es que la tasa de retribución en España es la misma durante seis años. Ningún marco normativo de la UE tiene esta viabilidad. Las rentabilidades hasta ahora han sido más que razonables. Los resultados de los grupos empresariales son públicos.

– Volviendo a Iberdrola, está preparando una demanda contra Beatriz Corredor por achacarle la responsabilidad del apagón.

– No sé si ayuda a identificar lo ocurrido a nivel técnico que operemos en un contexto de amenaza de denuncias.

– ¿Qué parte de la responsabilidad del apagón es de Red Eléctrica y cuál de las eléctricas?

– El informe del Ministerio identificó dos problemas principales: desconexiones indebidas y falta de capacidad de control dinámico de tensión, bien por planificación insuficiente o porque lo previsto no funcionó como debía. Lo que quedó claro es que en ese momento faltó control de tensión en el sistema. La CNMC investiga ahora qué agentes incumplieron,

– Red Eléctrica advirtió la semana pasada de nuevos episodios de sobretensión parecidos al 28 de abril. ¿Estamos en riesgo de sufrir otro apagón?

– No. Lo que se detectó fueron variaciones de tensión algo más bruscas de lo deseable, pero siempre dentro de los parámetros. Desde el 28 de abril el operador gestiona el sistema con mayor prudencia y en los próximos meses entrará en vigor una nueva normativa que permitirá que no solo las centrales convencionales, sino también las renovables y el almacenamiento, regulen la tensión. Dará un control más repartido, rápido y barato.

– ¿Se ha corrido demasiado rápido para integrar las renovables?

– Los expertos europeos dejaron claro que no. Lo que sí hemos visto tras el apagón es que se utilice el cero eléctrico como forma de justificar determinados modelos.

– Euskadi apenas genera un 17% de renovables. ¿Por qué cuesta tanto avanzar?

– Debemos tener claro que la oportunidad industrial está ligada al desarrollo de las renovables. Si esa inversión se hace al otro lado de los Pirineos o del Mediterráneo, la oportunidad no llegará aquí. Como sociedad debemos entender que una cosa depende de la otra: ver paneles solares significa también que mañana tendremos empleo.

– El apagón ha reabierto el debate nuclear. ¿Sigue siendo válido el calendario de cierre que se pactó en 2019?

– Los que lo pactaron fueron las propias empresas y no nos han trasmitido una conclusión distinta. El Gobierno tiene claro que no va a trasladar a los consumidores los costes de gestión de residuos nucleares para abaratar costes a unas pocas actividades.

– Las eléctricas ultiman una petición para extender la vida útil de Almaraz.

– Nos hemos enterado por la prensa. Cuando llegue la petición aplicaremos la normativa. Lo que no vamos a hacer es lo que ha hecho Bélgica, que ha prolongado la vida de los nucleares comprometiendo el precio de la energía a 85 euros el megavatio hora, cuando la renovable en España puede entrar por 30 o 40. Tampoco queremos la 'garoñización' de Almaraz. En Garoña había un planteamiento de cierre y un plan de dinamización socioeconómica. Se jugó a que tenía que alargarse y al final el territorio quedó abandonado.

– Las ayudas del plan Moves se han agotado en Euskadi. El Gobierno vasco pide más fondos.

– Tenemos que analizarlo, pero la dotación de 400 millones que se puso sobre la mesa es histórica. Apostamos por una fiscalidad verde. España es el país 22 de 27 de la UE en fiscalidad del diésel y el número de 20 en gasolina. Hemos planteado equiparar el diésel a la gasolina, lo que generaría recursos para políticas de movilidad sostenible.

– ¿Es realista el objetivo de descarbonizar el parque móvil para 2050?

– La experiencia es que la tasa de adopción del vehículo eléctrico siempre crece más rápido de lo que esperamos. Si nos quedamos parados, nadie nos va a esperar.