Urkullu se compromete a crear en julio un fondo millonario para influir en empresas estratégicas

El lehendakari Iñigo Urkullu se ha comprometido a crear el próximo mes de julio el fondo de inversión destinado a tomar participaciones accionariales en empresas vascas, cuyo objetivo será defender el arraigo de los centros de decisión y evitar deslocalizaciones. La pasada semana, el Parlamento vasco aprobó una resolución, respaldada por los partidos PNV, PP y PSE, en la que se instaba al Ejecutivo a materializar ese fondo en el tercer trimestre del año. Aunque por el momento no se han aclarado los detalles del mismo, anuncios anteriores situaban en 250 millones de euros la dotación económica del mismo, así como la existencia de aportaciones privadas al mismo, junto con una gestión privada. El lehendakari ha hecho este anuncio en el transcurso de la presentación de BRTA, una sociedad con mayoría de capital público que aspira a absorber y concentrar algunas de las actividades de los centros tecnológicos de Euskadi. 

La creación de este fondo fue anunciada por el gabinete de Urkullu a principios de la presente legislatura, a finales de 2016. Inicialmente fue concebido para tomar participaciones accionariales en empresas cotizadas, cuya actividad resulte decisiva en el País Vasco y sobre las que existiesen dudas en torno a la permanencia futura del centro de decisión. Todo apunta, sin embargo, a que sus inversiones se extenderán también a empresas que no están en Bolsa. El asunto ha cobrado especial importancia en los últimos meses, ante el asalto del fondo de inversión británico Zegona a Euskaltel, donde se ha convertido en el primer accionista y donde ha forzado el relevo en la cúpula ejecutiva, con el nombramiento de un consejero delegado, José Miguel García.

En la práctica, el Ejecutivo ya puso en marcha la primera piedra de este fondo a finales de 2017, cuando adquirió un 1,24% de la empresa guipuzcoana CAF, por 15 millones de euros, que hasta entonces estaba en manos de Kutxabank. Una operación que no fue suficientemente explicada ya que, aparentemente, CAF no atraviesa riesgo alguno de deslocalización, más aún cuando el paquete de acciones más significativo está en manos de una sociedad de cartera que es propiedad de la plantilla de la compañía. En aquel momento se especuló, sin embargo, que el Gobierno hacía la operación para ayudar a Kutxabank a anotar unas plusvalías extraordinarias al cierre del ejercicio de 2017 y contribuir así a 'arreglar' su resultado contable de ese ejercicio.

La creación de este fondo de inversión ha generado muchas expectativas, aunque nadie oculta que puede generar no pocos quebraderos de cabeza al Gobierno vasco. El portavoz del PP en el Parlamento vasco, Antón Damborenea, ya advirtió la pasada semana desde la tribuna del Parlamento vasco que «no puede servir para crear un INI vasco, con inversiones en empresas de dudosa o nula rentabilidad». Y es que una de las tentaciones habituales que existe en el entramado empresarial vasco -también en los sindicatos- es la exigencia para que el Gobierno inyecte fondos en empresas que se encuentran en situación de crisis. El objetivo de este fondo, más bien, se dirige a compañías que estén en una posición diametralmente opuesta. Esto es, con una alta rentabilidad o una posición destacada en el mercado, que las haga apetecibles para protagonizar operaciones corporativas. Unas operaciones que, a su vez, pueden generar absorciones por parte de grupos más grandes y con ello la pérdida del cuartel general en Euskadi y de la generación de riqueza que ello genera. En la práctica, supone un intento de sustituir el papel de influencia en el sector empresarial que ha ejercido hasta hace algún tiempo Kutxabank -con sus participaciones en Petronor, Euskaltel o Iberdrola, por ejemplo-, pero que el banco ha dejado a un lado.