¿Y si un trabajador se va de la empresa con una lista de clientes?

¿Y si un trabajador se va de la empresa con una lista de clientes?

La nueva ley de secretos empresariales pone el foco en la necesidad de que el empresario proteja de una forma efectiva los activos intangibles de la compañía

JORGE MURCIA

No pasa muchas veces, pero sí de vez en cuando: un empleado abandona su empresa para trabajar en otra o montar su propio negocio. Y con él se lleva una lista de clientes de la que hasta ese momento había sido su casa. ¿Está sustrayendo un secreto profesional? ¿Puede un juez sancionarle? ¿Qué amparo procura la ley al empresario que ve cómo un antiguo trabajador se larga con información sensible? A estas y otras muchas preguntas trata de dar respuesta la nueva ley de Secretos Empresariales que entró en vigor el 13 de marzo.

Una actualización de la normativa que pretende dar una mayor seguridad jurídica a la protección de lo que se conoce como «activos intangibles» de una empresa. Es decir, aquellos bienes y derechos con un valor económico empresarial, aunque no estén incluido en los activos de la compañía. «No es lo mismo que valor patrimonial. No son materialmente tangibles. Son otra cosa. Y por eso resulta más difícil su protección», dice Pedro Learreta, socio director de Garrigues. Learreta expuso las principales novedades de la nueva normativa en la charla 'Cómo proteger jurídicamente los activos intangibles de la empresa. Ley 1/2019 de Secretos Empresariales', organizada recientemente por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), Garrigues y la Bolsa de Bilbao.

Uno de los principales valores del nuevo marco normativo es que «fija con más claridad qué es y qué no es secreto empresarial». Según la ley recientemente aprobada, en esa definición encaja cualquier información o conocimiento (tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero) que reúna tres condiciones. En primer lugar, que sea «no generalmente conocido», ya sea en su conjunto «o en la configuración y reunión precisas de sus componentes» por personas pertenecientes a círculos en los que normalmente se utilice. Además, tiene que tener un valor empresarial.

Y, lo que en opinión de Learreta constituye «el meollo de la nueva ley», ha de ser objeto de medidas razonables para mantenerlo en secreto. «Si unos empleados se van de mi empresa y se llevan información, habrá que preguntarse si he hecho lo razonable para protegerlo. Si por ejemplo lo tenía en una carpeta encima de una mesa y no he restringido adecuadamente el acceso a esas informaciones, los tribunales no van a ser sensibles con mis demandas», considera el jurista.

Pero, ¿una lista de clientes es siempre un secreto empresarial? Depende. «No es lo mismo un listado de 16 nombres, que otro con 16 nombres y 16 domicilios. En el primer caso, parece claro que no lo es. Si hay algo más, pues... ya se verá», apunta Learreta. Según recoge la ley, la información relativa a unos clientes será considerada secreto empresarial en función de su contenido. Pero en ningún si se trata de datos que un trabajador «pueda retener en su memoria».

La normativa contempla -y sanciona- como «obtención ilícita» el acceso, la apropiación o copias no autorizadas de información o datos. No entra en esta categoría, por ejemplo, «el ejercicio del derecho de información en el ámbito laboral» (por ejemplo, la que proporcionan los sindicatos a los trabajadores). También considera ilícita la utilización de secretos empresariales «sin el consentimiento del titular». Y cuando se incumple «un acuerdo de confindencialidad» u otra obligación de no revelar secretos.

La figura de la «indemnización coercitiva»

En cuanto al ejercicio de acciones judiciales (ante el juzgado de lo Mercantil), la ley de Secretos Profesionales crea «una nueva figura en el derecho español»: la indemnización coercitiva a favor del demandante. Significa que el demandado habrá de pagar una determinada cuantía por cada día transcurrido hasta que se produzca el cumplimiento de la sentencia. Un importe que se acumulará al que corresponda percibir al demandante como indemnización.