Los soplones de la CNMV

Los soplones de la CNMV

El organismo regulador del mercado de valores recibió el año pasado 704 denuncias anónimas a partir de las que ha abierto 316 investigaciones

IRATXE BERNAL

El enero del año pasado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNVM) decidió crear un canal que permitiera la denuncia anónima de irregularidades cometidas por sociedades que emitan valores o presten servicios de inversión. Aunque está abierto a todo el mundo, el canal no está pensado para formular denuncias o plantear consultas, que ya se puede hacer a través de otras vías; su objetivo es recibir soplos de «empleados, antiguos empleados u otras personas que presten o hayan prestado servicios en entidades que hayan podido cometer infracciones», que pueden así informar sin miedo a represalias. Y en este tiempo hay quien ha llamado, quien ha escrito un email e incluso quien se ha personado en las oficinas de la CNMV para dar cuenta de hasta 704 posibles delitos financieros.

El organismo regulador asegura en el informe anual que resume su actividad durante 2018 que, de estas 704 denuncias, 525 fueron desestimadas tras solicitar información a las propias empresas denunciadas mientras que las otras 316 sí «contenían elementos fácticos suficientes para proceder a su análisis» y han dado lugar a investigaciones. Las solicitudes de información realizadas gracias a la colaboración de los anónimos han pasado a engrosar el total de 865 requerimientos a entidades supervisadas realizados por la CNMV el año pasado. El resto de las 179 comunicaciones recibidas no han dado pie a ningún trámite por tratarse en realidad de reclamaciones o consultas (para las que ya hay otros servicios de atención) o por referirse a cuestiones «que quedan fuera de las competencias de la CNMV».

'Whistleblowing'

La adopción de la figura del llamado 'whistleblowing' (o denunciante anónimo) surge a partir de la normativa europea que planteaba ya en 2014 promover la creación de «mecanismos eficaces para permitir la comunicación de infracciones posibles o reales». Una vez traspuesto el reglamento comunitario, para facilitar estas comunicaciones confidenciales la CNMV habilitó un número de teléfono, una dirección de correo ordinario y otra de email junto con un formulario en la propia web de la CNMV. También se puede acudir en persona a las oficinas del organismo regulador, opción que durante el año pasado sólo tomó un denunciante.

El formulario habilitado en la web ha sido el medio más empleado por los denunciantes, con un total de 326 notificaciones recibidas. Al acceder a él, el organismo regulador explica que si se desea permanecer en el anonimato (lo que es opcional) basta con rellenar la parte dedicada a explicar los hechos de los que se quiere informar obviando ofrecer ninguna información de contacto. Si además de ofrecer una información puntal se quiere «mantener una línea de comunicación con la CNMV» y pasar a ser, digamos, confidente habitual, el organismo da la opción de crear una contraseña.

Para que sean tomadas en consideración, estas denuncias deben contener «elementos fácticos de los que razonablemente se derive, al menos, una sospecha fundada de infracción», por lo que se pide a los usuarios que den una descripción detallada de la posible irregularidad, la identidad de las personas o entidades involucradas en la posible conducta ilícita y las fechas en que hubieran tenido lugar las presuntas infracciones.

Por otra parte, el número de reclamaciones registradas alcanzó las 1.018, cifra que supone un incremento del 2% con respecto al año anterior. De ellas, 348 no fueron admitidas a trámite, un 14,5%. De las admitidas, 107 se cerraron sin informe final y 196 aún están siendo investigadas. Los motivos más habituales de estas reclamaciones están en la información recibida tanto antes como después de la comercialización de productos financieros, el propio proceso de compraventa o traspaso y el cobro de comisiones, aunque también destacan las realizadas por la conveniencia o idoneidad de los productos al público al que iban dirigidos o por la titularidad de éstos en los casos de adquisición tras el fallecimiento del titular original.