El sector eólico presiona al Gobierno

Las últimas adjudicaciones de emplazamientos eólicos formalizadas en 2016 y 2017 -un total de 8.700 megavatios, han dejado un regusto amargo- y por una suma de motivos. En las últimas semanas se ha extendido la idea de que buena parte de esas nuevas instalaciones no van a poder cumplir los compromisos de puesta en marcha, también por razones de todo tipo. Desde dificultades financieras puntuales de algunos adjudicatarios, retrasos en la tramitación de los permisos e incluso insuficiencia de las redes que deben evacuar la energía de los parques. También hay un malestar sensible en algunos actores tras comprobar que esas adjudicaciones se han convertido ahora en un puro bazar especulativo, ya que los promotores están vendiendo una parte de los parques con las consiguientes plusvalías, antes incluso de que acabe la construcción. Y todo ello -y aquí está la cuestión fundamental-, después de apreciar que en esas subastas se atendió únicamente a cuestiones ligadas a la oferta económica -tradúzcase por menor exigencia de subvenciones- y no a cuestiones más subjetivas pero que tienen trascendencia en la economía española.

Así las cosas, los fabricantes eólicos quieren que el Gobierno tenga en cuenta -además de la oferta económica- el valor añadido para el país que supone la propuesta de un promotor concreto, en función de su compromiso de incorporar equipos -turbinas, palas, torres, etc.- fabricadas en Europa. La cuestión tiene algo de vuelta al pasado, ya que las adjudicaciones de parques que se realizaron en España a finales de la década de los 90 en el arranque del nuevo siglo -siguiendo una práctica muy habitual en todo el mundo- tenían incorporadas las denominadas 'compensaciones industriales locales'. Esto es, el compromiso de los promotores de los parques de que la adjudicación llevaría aparejada alguna instalación industrial, en la comunidad autónoma en la que se iba a instalar el parque. Difícilmente sería replicable el modelo de entonces, porque fruto de aquella política nacieron como setas las fábricas de torres y muchas también de palas de aerogeneradores, que años más tarde, ya sin un parque nuevo que llevarse a la cuenta de resultados en España, entraron en crisis y camino de la desaparición. Pero, al menos, exigen los fabricantes, el Gobierno español debería exigir -tradúzcase por ofrecer un plus- a quienes se comprometan a construir sus parques eólicos con material 'made in Europe'.