En el País Vasco el 56% de las horas extra no son remuneradas

En el País Vasco el 56% de las horas extra no son remuneradas
Pankra Nieto

Expertos legales y de la Inspección de Trabajo analizan en una jornada de APD la norma que obliga al control de los horarios laborales

IRATXE BERNAL

Los trabajadores españoles echan cada semana 6,5 millones de horas extraordinarias, de las que el 48% no se remunera de ninguna manera. Ni se pagan ni se cotizan por ellas. Un porcentaje que, según los datos del cuarto trimestre de la EPA de 2018, en Euskadi se eleva hasta el 56% y que equivaldría a crear 74.000 puestos de empleo. Estas cifras evidencian que en nuestro mercado laboral existe un «uso y abuso» de la prolongación de la jornada laboral y ponen de relieve la necesidad de implantar medidas de control.

Hasta ahí, todo el mundo de acuerdo. Donde surgen las diferencias es a la hora de decidir qué medidas y sobre quién aplicarlas. ¿Sólo en las empresas privadas o también en la Administración? ¿Y quiénes tienen que fichar? ¿Únicamente los curritos a pie de máquina o también el personal fuera de convenio? La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) celebró ayer en Bilbao una jornada dedicada a analizar la entrada en vigor el pasado 12 de mayo de la obligación del registro de la jornada laboral. El encuentro, organizado con el patrocinio de la empresa especializada en soluciones informáticas Sermicro y su filial Dinsa con la colaboración del Bufete Barrilero y Asociados, el Consejo Español para el Registro de la Jornada y la Bolsa de Bilbao, reunió a un centenar de personas interesadas en resolver sus dudas sobre una regulación que, según todos los expertos, «en este período de transición genera más preguntas que respuestas».

«El perfil medio de quien trabaja esas horas extra es un hombre de clase media que tiene un empleo de carácter técnico en el sector servicios. Es decir, no hablamos sólo del típico trabajador explotado que de primeras puede venirnos a la cabeza», empezó matizando Víctor Monreal, jefe de la Inspección de Trabajo de Gipuzkoa. Según sus datos, hay 400.000 personas que, sumando esas horas de más, acaban echando el equivalente de una o incluso dos jornadas extra de trabajo cada semana. «Un problema que hay que atajar, porque el porcentaje de horas extras (sobre todo no remuneradas) crece más que el de creación de empleo», señaló haciendo hincapié además en la necesidad de una reflexión sobre el control de esas horas pero también sobre las causas por las que son necesarias.

Una cuestión a la que José Ramón Mínguez, socio del área laboral de Bufete Barrilero y Asociados y funcionario en excedencia del Cuerpo Superior de Técnicos de la Seguridad Social, sumó otra: ¿cómo controlar la jornada laboral en el sector público? «Para mí es evidente que, aún siendo muy necesario, el control de los horarios tiene una carga ideológica y una clara intención recaudatoria. ¿Por qué se quiere poner control sobre las horas extra en la empresa privada y no se presta atención al dineral que se nos escapa con el absentismo y las incapacidades temporales en la Administración? No puedo evitar acordarme de aquello de 'consejos doy que para mí no tengo'», señaló.

Premura legislativa

Así que, insistiendo en la necesidad de realizar un registro de los horarios, Mínguez reprochó al Gobierno la premura, «algo relacionada con la cita electoral», con la que se ha realizado la redacción del decreto ley del registro de jornada. «De hecho, estoy seguro que la propia guía elaborada por el Ministerio de Trabajo y subida el 13 de mayo (un día después de la entrada en vigor de la Ley) será reformada porque quien la redactó no estuvo muy acertado y en algunos puntos figuran auténticas barbaridades», dijo ante la sonrisa cómplice de Monreal, quien aprovechó el comentario para aclarar que la Inspección de Trabajo no ha colaborado en su elaboración. «La complejidad de legislar ante una casuística tan variada como la que puede haber en cada empresa es tal que me temo que al final haremos lo que en el argot resumimos como 'estar al caso concreto'», explicó.

El jefe de la Inspección de Trabajo de Gipuzkoa le dio la razón, añadiendo que además hay que sumar la complejidad de establecer un criterio jurídico único ante un mismo caso. Lo hizo recordando la sucesión de sentencias, recursos y consultas legales que han precedido a la redacción de la norma. La última, hace sólo unos días, justo tras la entrada en vigor del decreto ley; el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado la razón a CC OO en su pleito con Deutsche Bank, que se se había negado a establecer un sistema de registro de la jornada laboral aludiendo a que la jurisprudencia del Tribunal Supremo no contemplaba esa obligación. Finalmente, la Audiencia Nacional elevó el caso al Tribunal de Luxemburgo, que el pasado 14 de mayo dio la razón al sindicato.

«Desde la entrada en vigor de la obligación de realizar el registro, el tema se ha convertido en un debate mediático, pero antes lo fue político y, mucho antes, técnico», señaló Monreal, quien también lamentó la falta de recursos que hasta ahora ha lastrado a la Inspección para actuar. «¿Qué hacíamos antes? Pues lo que se podía. Acudíamos a las empresas a hacerles las preguntas que se supone que teníamos que hacer y nos contestaban lo que sabían que tenían que decirnos -señaló resignado-. Así que ante la clásica duda sobre qué instrumentos emplear para realizar este registro, mi respuesta es clara: me vale cualquiera porque antes no tenía ninguno. Los únicos requisitos son su fiabilidad y la invariabilidad».

Más problemas que soluciones

A este respecto, José Ramón Urtubi, secretario general de general del Consejo Español para Registro de Jornada, aseguró que, aunque la norma permite llevar el control con papel y lápiz o un Excel, este organismo recomienda recurrir a un sistema digital, sencillo («que no genere más trabajo o problemas que los que tiene que solucionar»), que contemple toda la casuística posible dentro de la empresa y que esté accesible a todos los trabadores desde la nube, aunque con medidas de seguridad que eviten su manipulación y garanticen la protección de datos. «Por suerte, muchas empresas ya ofrecen soluciones para gestionar toda esta información a precios accesibles también para autónomos con trabajadores a su cargo o micropymes, y el registro se puede realizar desde dispositivos como el móvil que todos estamos ya acostumbrados a utilizar», subrayó. Por último recordó que, sea cual sea la herramienta empleada para realizar el registro, éste ha de estar a disposición de la Inspección en el propio centro de trabajo. El mero hecho de disponer del registro pero no tenerlo disponible en la propia empresa ya es motivo de sanción, advirtió.

«Lo más claro que se puede decir es que cuidado con hacer el tonto, porque se está interpretando muy mal eso de que las multas son de hasta 6.250 euros. Y no. No es lo mismo que las horas extra las realice un único empleado a que las realicen 49, por ejemplo. Ni es lo mismo no remunerar las horas extras que pagarlas en B o en C disfrazándolas de pluses varios. En esos casos podemos estar hablando de 206.265 euros más el acta de liquidación de las cuotas adeudadas a la Seguridad Social con un recargo del 35%. Así que cuidado, porque al principio la Administración irá a lo gordo, pero después la propia sociedad irá transformando su percepción de las horas extra. Esta legislación ha venido para quedarse», advirtió como conclusión José Ramón Mínguez.