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j. murcia/c. vallejo
Miércoles, 30 de diciembre 2020, 01:09
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Los contribuyentes saludarán el nuevo año con una subida en ciertas figuras tributarias dirigidas a reducir la brecha fiscal de España respecto a otros países de la zona euro. Los incrementos afectan a diferentes impuestos, tanto directos como indirectos, y han suscitado el rechazo de algunos sectores como la patronal de empresarios o el Banco de España, que los consideran contraproducentes en un momento de crisis económica. Estos son algunos de ellos.
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El Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF)experimentará una subida de dos puntos porcentuales para las rentas del trabajo a partir de los 300.000 euros. Además, se incrementarán los tipos para las rentas del capital a partir de los 200.000 euros: pasarán del 23% al 26%. Según datos del Hacienda, estas subidas afectarán al 0,17% de los contribuyentes españoles: 36.194 personas que pagarán 144 millones de euros más en 2021 y otros 346 millones en 2022.
El incremento se corresponde con el tramo estatal del impuesto, aunque no obliga a las comunidades autónomas con regímenes fiscales propios, como Euskadi y Navarra. No obstante, el resto de autonomías pueden compensar la subida decretada por el Gobierno central bajando los tipos en el tramo que ellas gestionan. De hecho, Madrid tomó la decisión hace un mes de bajar medio punto el tramo autonómico del IRPF a todos sus contribuyentes.
El Gobierno quiere desincentivar los planes de pensiones individuales frente a los del trabajo. Por eso modificará las deducciones por aportaciones a estos instrumentos de ahorro. Por un lado reduce desde los 8.000 hasta los 2.000 euros el límite de aportación máxima sujeta a deducción en los planes individuales. Sin embargo, el límite conjunto de aportaciones a los planes de empleo se incrementa en 2.000 euros (de 8.000 a 10.000 euros). Euskadi, con su instrumento propio como son las EPSV, queda al margen.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez tocará un tributo que afecta a toda la ciudadanía, independientemente de su renta. Pero sólo subirá el que grava las bebidas edulcorada y azucaradas -excepto los lácteos-. Estos productos pasarán de tributar un 10% al tipo máximo del 21%. El Gobierno calcula que la subida le reportará unos 400 millones de euros, la mayor parte (340 millones) en 2021. El ministerio de Hacienda explica que este incremento favorecerá hábitos más saludables entre la población. Además, sigue las recomendaciones de la Comisión Europea y la OCDE de limitar la aplicación de tipos reducidos de IVA.
El impuesto sobre primas de seguros grava las operaciones de seguros y capitalización. Las entidades aseguradoras repercuten este tributo a los tomadores de los contratos, que son los que han de hacer frente a la carga impositiva. Este impuesto, que no sube desde 1998, pasará del 6% al 8% y reportará a Hacienda más de 500 millones de euros en los próximos dos años. El Gobierno justifica la subida con el argumento de que en otros países es bastante más elevado. Por ejemplo, en Italia va desde el 9% al 33%, y en Alemania alcanza el 19%.
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) consolidan el Impuesto sobre el Patrimonio, una figura derogada el 1 de enero de 2008 y restablecido de forma transitoria en los años 2011 y 2012. Desde entonces se prorrogan año a año. El Gobierno incrementará el tipo que se aplica a partir de los 10 millones de euros, que pasará del 2,5% al 3,5%.
El de Patrimonio es, no obstante, un impuesto que regulan y cobran las comunidades autónomas y por lo tanto, suya es la última palabra. Sin embargo el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere armonizar los tributos cedidos a las autonomías -como también lo son el de Sucesiones y Donaciones- mediante el establecimiento de un tipo mínimo.
Los cambios en este tributo que grava los beneficios de las empresas consisten en la limitación al 95% de la exención sobre dividendos y plusvalías y filiales (actualmente es del 100%). Las pymes podrán seguir aplicando la exención total durante tres años para que no vean penalizada su expansión e internacionalización. El Gobierno asegura que estos cambios sólo elevarán la factura fiscal de 1.739 empresas, el 0,12% del total. Y por una cuantía de 1.520 millones de euros en dos años.
La gran mayoría de empresas vascas quedan al margen de estos cambios, que sólo afectan a aquellas cuyo volumen de operaciones en Euskadi esté por debajo del 75%. Es el caso, por ejemplo, de Iberdrola.
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