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El sistema de pensiones español no tiene ningún problema de sostenibilidad. No, al menos, uno estructural. Pero sí se puede ver afectado de forma «coyuntural» para un determinado segmento de la población: las personas nacidas entre finales de la década de 1950 y mediados de la de 1970 aproximadamente. Es la generación del 'baby boom', la que tendrá que asumir un mayor sacrificio durante un periodo de tiempo para que el gasto en pensiones no se dispare.
Estas personas «podrán elegir entre un ajuste pequeño en su pensión o alternativamente podrían trabajar algo más». Esta frase, pronunciada el pasado jueves por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, cayó como una bomba. Por su rotundidad, pero también por el momento escogido, horas antes de la firma en Moncloa de la nueva reforma de las pensiones.
Un acuerdo, firmado por el Gobierno y agentes sociales, que entre otros objetivos persigue poner solución al creciente déficit del sistema. En sólo una década el gasto en pensiones ha pasado de los 6.900 millones de euros mensuales a los más de 10.000 millones que suponen actualmente. La solución pactada pasa por, entre otras medidas, penalizar aún más las prejubilaciones y al mismo tiempo incentivar el retraso de la edad de retiro de los trabajadores.
Además, se ideará un nuevo sistema que sustituya al factor de sostenibilidad, un mecanismo de ajuste de las futuras pensiones en función del envejecimiento de la población, y que fue ideado en la reforma de 2013 impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Se trata, según indicó el actual presidente, Pedro Sánchez, de «asegurar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones ante el gran desafío del 'baby boom' de la próxima década».
Los 'baby boomers' constituyen una generación nacida en los años posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial, aunque en España se retrasó más de una década respecto a los países más avanzados del momento. No existe un consenso sobre cuándo comenzó y acabó el periodo concreto que alumbró a este grupo poblacional. Hay quienes lo sitúan entre 1958 y 1977. Veinte años en los que nacieron casi 14 millones de personas, más del doble de los nacimientos registrados en las dos décadas precedentes. Y 4,5 millones más que los producidos en los veinte años siguientes.
Sobre este grupo de personas y sus pensiones recaerá el «esfuerzo» que pidió Pedro Sánchez el pasado jueves durante la firma del acuerdo. Los primeros 'baby boomers' en jubilarse serán los nacidos en 1958. Y podrán hacerlo en 2023 siempre que tengan cotizados 37 años y 9 meses o más. Si no, deberán esperar a cumplir 66 años y 4 meses.
Sin embargo, algunos ya han empezado a prejubilarse -dos años antes de la edad legal- para evitar el hachazo que el ministerio de Seguridad Social dará a quienes se jubilen antes de tiempo. Se hará mediante el endurecimiento de los coeficientes reductores de la pensión, que además pasarán a aplicarse por cada mes que se adelante la jubilación, y no sobre cada trimestre, como sucede ahora.
El serio aviso de Escrivá despertó la indignación de los dos grandes sindicatos del país, Comisiones Obreras y UGT. Unai Sordo, líder del primero de ellos, subrayó que el firmado «no es un acuerdo para cargar las pensiones en las futuras generaciones».
El propio ministro apenas tardó un día en matizar sus propias declaraciones. «Siempre digo que hay que transmitir certidumbre a los pensionistas, y ayer (por el jueves pasado) no transmití adecuadamente esa certidumbre al hablar de algo que todavía está por definir. Se me entendió mal», se excusó. El ministro se refería a la estructura del futuro mecanismo de equidad intergeneracional que sustituya al factor de sostenibilidad. La negociación sobre este instrumento, que se presupone ardua, se ha dejado para un poco más adelante.
Escrivá quiso destacar que lo realmente importante, tanto para los actuales pensionistas como para los futuros, es que se garantiza la revalorización de sus pensiones conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC)
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