¿Quién se lleva los contratos públicos?

¿Quién se lleva los contratos públicos?

Los autónomos reclaman mayores facilidades para acceder a un «nicho de negocio» hoy copado por grandes compañías que después subcontratan la prestación de los servicios licitados

IRATXE BERNAL

Según el Observatorio de la Contratación Pública, más del 75% de los trabajos licitados por las administraciones (los de importes por encima de los 5.000 euros) son adjudicados a medianas o grandes empresas. Es decir, autónomos y microempresas se quedan con sólo una cuarta de un pastel muy mal repartido, según este colectivo, debido a las trabas que los profesionales que trabajan por cuenta propia y las firmas de diez o menos empleados se encuentran para acceder a estas licitaciones. Y desde 2014, la UE les da la razón. De hecho, las últimas directivas sobre la contratación pública rebajan los requisitos de acceso para primar la calidad y la oportunidad de negocio. Dicho de otro modo, para ampliar la red de proveedores más allá de las grandes compañías.

Sin embargo, pese a que la incorporación el año pasado de esas directivas a la legislación española sobre la materia, las asociaciones sectoriales aún aseguran que las administraciones mantienen «muchos impedimentos» que limitan el acceso de autónomos y pequeños emprendedores a «este fundamental nicho de negocio». «Las grandes trabas siempre han sido tener que demostrar una solvencia técnica y económica que rara vez esta a su alcance. Después hay que unir experiencia en la prestación de ese servicio a otras administraciones, algo que nunca puedes adquirir porque nunca logras trabajar para ninguna. Al final, hay casi 15.000 millones de euros en la licitación de 17.000 contratos públicos a los que no tenemos acceso», lamenta Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta).

«Carecer de esa capacidad operativa y músculo económico no implica que no se pueda realizar el servicio que se licita, pero la Administración tiende a curarse en salud y, para asegurarse que la prestación no se paralice en mitad del contrato porque la firma seleccionada para prestarlo no tenga la estructura necesaria, acaba planteando unos requisitos sólo posibles para grandes empresas», explica Celia Ferrero, vicepresidenta de Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). El problema, asegura, es que el planteamiento no sólo es un «tópico» («el autónomo es el que más cumple»), sino que además esas grandes compañías se pueden permitir apurar mucho los precios hasta límites insostenibles para los autónomos que pudieran competir por la licitación. «Pueden incluso permitirse ir a pérdida porque su capital social lo respalda», señala.

Lo peor es que si consiguen ofrecer esos precios tan bajos es porque aprietan en la cadena de subcontratación. Es decir, a autónomos y pequeñas empresas que de primeras no han podido optar al contrato pero que son quienes acaban prestando el servicio subcontratadas por las firmas adjudicatarias. «¿Cómo se entiende si no que empresas como ACS se presenten a concursos de guarderías?», pregunta Ferrero.

«Son simples comisionistas»

«Son simples comisionistas», coincide Abad, quien además las acusa de dar pie a la fama de mala pagadora de la Administración. «Cuando se habla de la deuda que ésta tiene con los autónomos no se dice toda la verdad. La Administración muy rara vez tiene deudas con los autónomos; quienes las tienen son las empresas que las subcontratan. Y no las tienen precisamente porque ellas no cobren. Las administraciones están obligadas al cumplimiento de los plazos establecidos de la Ley de Morosidad y, en su inmensa mayoría, cumplen. Pagan en menos de 60 días», asegura antes de subrayar que «no estaría pedir que quien no pague a sus proveedores no pueda presentarse a los concursos públicos».

Después quedan las trabas meramente burocráticas. «La complejidad administrativa es siempre muy alta, lo que acaba discriminando a las pequeñas estructuras. A veces, preparar una propuesta conlleva tanto trabajo, tantas horas recopilando documentación y certificados, que el autónomo que está solo y no tiene quien le gestione ese tipo de cosas se ve superado. Antes, cuando los contratos menores, los que no se tenían que licitar, iban hasta los 15.000 euros, todavía merecía la pena. Pero ahora son de hasta 5.000 y muchas veces los profesionales por cuenta propia acaban por desanimarse, por asumir que no merece la pena el esfuerzo», añade Celia Ferrero.

En su opinión, «en los contratos menores se podría cambiar el proceso cuando se trate de personas físicas. Podría haber una comprobación a posteriori. Una vez seleccionadas las ofertas que interesan, la Administración podría solicitar al autónomo que corresponda toda la información y documentación que requiera, un trámite que podría ahorrar a los profesionales cuyas propuestas hayan sido descartadas. Además, podría bastar con que te hayan acreditado para trabajar con una administración una vez para quedar identificado como proveedor que cumple unos requisitos y no tener que aportar de nuevo la misma documentación en cada concurso». Junto a la necesidad de simplificar los trámites, la responsable de ATA también sugiere la creación de un servicio dentro de la propia Administración para ayudar a los autónomos a presentar («y entender») eses propuestas.

Agrupaciones de interés económico

Los responsables de ambas agrupaciones insisten en que es ahí, en esos contratos menores, donde los autónomos pueden tener más oportunidades. Y también donde más han de ponerse las pilas. «Como no se licitan es imposible saber de cuántos hablamos, pero son miles y miles. Un caladero en el que no estamos pescando en parte porque estamos anquilosados, trabajando cada uno por su cuenta en vez de hacerlo creando estructuras más potentes a las que la UE ya ha abierto la puerta», lamenta Abad.

El representante de Upta se refiere a la obligación europea que establece que, siempre que sea posible, los contratos se fraccionen en varias partidas presupestarias para que pymes y autónomos tengan más facilidad para participar en los procesos de adjudicación. «Lo que se pide es la creación de mecanismos que permitan licitar más actividad pública en empresas de menor tamaño, algo posible gracias a las agrupaciones de interés económico, que las administraciones deberían promocionar», insiste.

Las agrupaciones de interés económico a las que se refiere serían asociaciones integradas por varios autónomos para acceder juntos a un contrato público. A diferencia de las uniones temporales de empresas (UTEs), al finalizar sus respectivas tereas cada quien facturaría sus servicios individualmente a la Administración. «Sería, por ejemplo, encargar la rehabilitación de un edificio a autónomos de diferentes gremios en vez de a una sola empresa. Nos parece además algo fundamental para el desarrollo de la economía circular, muy especialmente en el ámbito municipal (donde se licitan el 36% de los concursos públicos) y más aún en entornos rurales», insiste Abad.

«Quienes viven en un sitio deberían ser los primeros en optar a los contratos de su administración más cercana, a los ingresos que generan sus propios impuestos. Nos parece clave que el dinero se quede en el municipio, que no se fugue a la ciudad porque el contrato se lo ha llevado una gran empresa en vez de alguien del entorno», explica el responsable de Upta. «Es una pena, porque son los concursos públicos donde más cabida hay para la participación de pequeñas estructuras pero los requisitos son planteados desde el punto de vista de la Administración central, que piensa en el autónomo de Madrid o Barcelona, pero no en el Motilla del Palancar (Cuenca) que a lo mejor no tiene ni ordenador», apostilla Celia Ferrero.