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Martes, 12 de marzo 2019, 23:47
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Nada es como era. Y la economía, mucho menos. El 'fenómeno Uber' lo invade todo. Y sobre eso han reflexionado dos analistas de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Elsa Santamaría e Ignasi Beltran de Heredia, cuya conclusión es que «si se potencia una economía low cost, se tendrá un Estado de Bienestar low cost». A su juicio, «estamos en un momento decisivo. El crecimiento de la economía de las plataformas y la precarización del trabajo que algunas conllevan hace necesaria y urgente una regulación global que garantice los derechos de los trabajadores». Trabajadores que para la Organización Internacional del Trabajo, OIT, son los «jornaleros del siglo XXI».
«Si no se toman medidas, corremos el riesgo de 'uberizar' toda la economía», advierte Ignasi Beltran de Heredia. El modelo de negocio sobre el que se sustentan algunas de estas plataformas (Glovo o Deliveroo), «únicamente es viable si los prestadores de los servicios no son trabajadores por cuenta ajena», explica, «ya que difícilmente subsistirían si tuvieran que asumir las mismas cargas sociales que sus competidores no digitales». Estos modelos pueden estimular el empleo, admite, «pero a costa de la precariedad absoluta. Y la población no es consciente del riesgo que conllevan».
De hecho, según un informe reciente elaborado por la compañía de recursos humanos Adecco y el Instituto Cuatrecasas, el 59% de los directores de recursos humanos cree que la economía de plataformas digitales generará empleos una vez esté bien regulada, y el 37,4% opina que creará muchos puestos en los próximos años.
Por otra parte, los españoles opinan que estas plataformas mejoran la vida de los usuarios, pero abogan por un mayor control de ellas, tal y como se desprende de una encuesta realizada el pasado mes por la empresa de análisis de datos 40dB.
«El debate suele centrarse en si los trabajadores de estas plataformas son autónomos o deberían ser asalariados. La consideración de una u otra figura cambia sus condiciones de trabajo», explica Elsa Santamaría. «También se discute si deberían ser considerados autónomos económicamente dependientes, pero sus condiciones de trabajo afectan también a otras cuestiones menos discutidas, como por ejemplo que los trabajadores no disponen de los recursos, sobre todo colectivos, para negociar las condiciones laborales y establecer mejoras en sus puestos de trabajo».
«Siguiendo un proceso de ensayo-error, estas plataformas progresivamente se están revistiendo de una sofisticada ingeniería jurídica para tratar de eludir (ficticiamente) la laboralidad. Pero es obvio que las plataformas no son meras intermediarias cuando penalizan al trabajador si rechaza trabajos u obtiene malas puntuaciones de los usuarios, por mucho que aleguen que cada persona es libre para escoger o no un servicio», opina Ignasi Beltran de Heredia.
En nuestro país, por el momento, son los jueces los que están determinando la modalidad laboral de los trabajadores de estas plataformas, aunque las sentencias son contradictorias. La última la dictó a finales de febrero un juzgado de Oviedo, que dio la razón a Glovo sobre la legalidad de su modelo laboral. Y esta sentencia llegó justo después de que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Barcelona opinara todo lo contrario y ordenara a la Seguridad Social que diera de alta a los repartidores de Glovo como trabajadores asalariados.
Para regular las plataformas digitales es necesario un acuerdo internacional, tal como propone Judith Carreras, consejera en la Oficina de la Organización internacional del Trabajo (OIT). «Hay muchas realidades distintas dentro de la economía de las plataformas», explica. «No es lo mismo una plataforma de crowdworking, en la que los trabajadores realizan un servicio para un cliente que está en cualquier país del mundo, que empresas como Uber o Cabify, que intermedian entre el cliente y el trabajador para realizar un servicio que se resuelve físicamente en un mismo lugar». Sin embargo, ambos modelos plantean retos parecidos, por ejemplo, en términos de responsabilidad fiscal y laboral.
Carreras pone como ejemplo el Convenio de Trabajo Marítimo, aprobado por la OIT, que establece un marco internacional para todos los trabajadores de la marina mercante. A su juicio, en el caso de las plataformas digitales, también se tiene que llegar a un acuerdo legalmente vinculante entre los 187 países miembros, las empresas y los representantes de los trabajadores.
Máxime cuando en España alrededor del 3% de la población trabaja en este tipo de empresas, un porcentaje algo menor que en Europa, «y con el tejido productivo de España es de esperar que, en poco tiempo, muchas compañías tradicionales se integren en lo que se ha denominado economía de plataformas».
Según el estudio internacional presentado recientemente por la OIT, los trabajadores de estas empresas están cobrando por debajo del salario mínimo interprofesional, alrededor de 4 dólares la hora. Además, apenas 6 de cada 10 tienen seguro de salud y solo el 35 % cotiza para una pensión o plan de jubilación.
«Estas plataformas no pueden servir de excusa para crear trabajos exentos de unos mínimos de calidad y que se muevan en los márgenes laborales», opina Santamaría. Normalizar la precariedad y convertirla en algo estructural para el mercado de trabajo puede tener consecuencias devastadoras, ya que tendremos cada vez más «una mayor y más consolidada clase social de trabajadores pobres que no pueden desarrollar una vida digna, en una situación de exclusión y vulnerabilidad social», dice la profesora de la UOC.
Las plataformas digitales tratan a sus trabajadores como jornaleros del siglo XXI, apuntan desde la OIT, y «sorprende que los consumidores de estas plataformas sean insensibles a la extrema precariedad de los prestadores del servicio», añade Beltrán de Heredia. «La pregunta que debemos hacernos es qué futuro del trabajo queremos, porque esto supone definir qué tipo de sociedad queremos. Tenemos que anticiparnos y regular, no para frenar el crecimiento de estas empresas, sino para corregir su tendencia», dice Carreras.
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