La industria vasca blinda su responsabilidad medioambiental

Un trabajador de una fábrica ajena a la información./El Correo
Un trabajador de una fábrica ajena a la información. / El Correo

Medio centenar de compañías se ven obligadas a reforzar sus garantías financieraspara hacer frente a posibles episodios de contaminación

Jorge Murcia
JORGE MURCIA

La industria vasca se ha visto obligada a reforzar las garantías de que podrá hacer frente a episodios graves de contaminación. Casi medio centenar de compañías, la gran mayoría de ellas del sector petroquímico y eléctrico, han tenido que revisar durante el último año sus evaluaciones de riesgos medioambientales. En la práctica esto significa que estas empresas se han visto en la tesitura de renegociar los seguros que casi todas ellas tienen suscritos para cubrirse ante derrames de líquidos contaminantes, emisiones de gases que superen los límites legales, o cualquier otro accidente contaminante.

El pasado 31 de octubre finalizaba el plazo de un año otorgado por ley para que las empresas con mayor riesgo de contaminar suscribieran una garantía financiera. Se trata de un instrumento que permite asegurar que estas compañías disponen de suficientes recursos para prevenir y, en su caso, reparar los daños que pudieran causar con su actividad.

El origen de esta obligación está en el gravísimo accidente acaecido en la mina que la empresa sueca Boliden-Arpisa explotaba en Aznalcóllar (Sevilla). La rotura de una balsa de residuos de metales pesados originó un vertido que contaminó los ríos Agrio y Guadiamar, y afectó muy seriamente al parque de Doñana. Unos pocos años después de aquel desastre entró en vigor una directiva europea que preveía la posibilidad de que los Estados miembros de la Unión obligaran a las empresas a constituir un modelo de garantía que pudiera asumir el coste de reparación de este tipo de daños.

La Orden Ministerial 1040/2017, que desarrolla la Ley de Responsabilidad Medioambiental de 2007, encuadraba a las empresas en tres órdenes de prioridad. Las de 'número uno' tenían un año de plazo para blindarse con esas garantías. En Euskadi esta obligación afecta a 47 empresas. «La mayoría de ellas, por no decir todas, ya tenían suscritas esas garantías. Son empresas de bastante nivel, muchas de ellas multinacionales con su correspondiente seguro de responsabilidad medioambiental», explica Luis Blanco Urgoiti, secretario general de AVEC- KIMIKA, la Asociación Vasca de Empresas Químicas. Entre esas compañías están las centrales eléctricas de más de 50 megavatios de potencia, petroquímicas como Petronor (Muskiz), General Química (Lantarón) o Kem One (Hernani), y otras fábricas de considerable tamaño como Bridgeston (Basauri).

Por lo tanto, lo que significaba la entrada en vigor de la nueva normativa es que esas empresas se han visto obligadas a revisar todas sus evaluaciones de riesgos medioambientales «con una metodología concreta», la impuesta por el que hace un año se denominaba Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (ahora las políticas medioambientales corresponde al Ministerio de Transición Ecológica). Después, y a partir de dichas reevaluaciones, las empresas debían renegociar las pólizas suscritas con sus respectivas compañías de seguros.

Una circunstancia que, según Blanco Urgoiti, no ha supuesto un grave quebranto económico, «al menos para las empresas de nuestro sector». Sí ha significado, en cambio, «mucho trabajo». Dentro de un año terminará el plazo otorgado a las empresas encuadradas en la 'priodidad dos', que afecta sobre todo a sectores como el del acero, la fundición, o los laboratorios farmacéuticos.

Tres posibilidades de suscribir garantías

La normativa contempla tres posibilidades para constituir las garantías financieras: la suscripción de un seguro, contar con el aval de una entidad financiera, o que las empresas lleven a cabo reservas técnicas mediante la dotación de un fondo específico. «Todas nuestras empresas han ido por la vía del seguro», dice el secretario general de AVEC-KIMIKA.

El director de Responsabilidad Medioambiental de AIG, José Luis Lorenzo, considera que, «de las tres opciones que ofrece la normativa, la contratación de un Seguro de Responsabilidad Medioambiental es la solución más idónea para transferir las exposiciones y riesgos de las empresas y la única posibilidad existente para una transferencia real de sus responsabilidades». Lorenzo recuerda que los incidentes medioambientales no son tan esporádicos como se cree, «pues la mayoría no aparecen en los medios de comunicación».

 

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