«El gran reto de la nueva fiscalidad medioambiental europea será que no impacte en los consumidores más vulnerables»

El objetivo de descarbonización que la Unión Europea se ha fijado para 2020 presenta un buen número desafíos recogidos en el llamado Pacto Verde Europeo. Entre ellos, articular una nueva política fiscal energética y medioambiental que promueva el cambio de hábito de las personas pero con el menor impacto posible en el bolsillo de hogares y empresas. Aspectos que Macarena Larrea, investigadora del Instituto Vasco de Competitividad-Orkestra especializada en políticas energéticas, climáticas e industriales, analiza en el informe 'Tendencias en fiscalidad energética y medioambiental en el entorno europeo'

-Comenta en suartículo que la fiscalidad energética no solo debe ser convergente, sino revisada porque la actual directiva que la regula se ha quedado obsoleta. ¿En qué sentido?

-La Directiva 2003/96/CE, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad, tenía entre sus objetivos armonizar la fiscalidad energética con el fin de que no perjudicara al mercado interior de la UE y evitara posibles distorsiones en materia de competencia, así como reducir el consumo energético. Sin embargo, el contexto ha cambiado, la política energética y climática de la UE ha evolucionado y ahora tiene como principal objetivo lograr la descarbonización. En esta línea, se plantea la necesidad de una reformularla para que vele por una imposición equitativa de todos los tipos de energías, proporcional a su emisión de CO2 y a su contenido energético.

-¿Qué más aspectos debe abordar?

-Simplificar la estructura de los niveles mínimos de imposición y garantizar una armonización de los tipos, teniendo en cuenta los cambios en el IPC armonizado a escala de la UE. La directiva de 2003 no recoge nuevos combustibles como el biometano, el hidrógeno, los combustibles renovables de origen no biológico y otros 'e-fuels'. Tampoco recoge gravámenes para nuevos usos y no tiene en cuenta la posibilidad del almacenamiento de la electricidad para su posterior venta. La existencia de exenciones y reducciones al transporte marítimo, aéreo, a la agricultura, etc. hace que no haya habido incentivos para la inversión en equipos más eficientes en estos sectores. Además, el actual sistema no incentiva la inversión en eficiencia energética, uno de los pilares de la política energética y medioambiental de la UE, ni en otro orden de temas, la conexión de los buques en puerto a la red eléctrica en tierra.

-Habla de que se espera una propuesta de mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). ¿En qué consiste exactamente?

-En un precio que se establecería sobre las emisiones de carbono de las importaciones de determinados bienes. Por otro lado, descuentos relacionados con el precio del carbono que se haya soportado durante el proceso de fabricación (ya sea por derechos de emisión o por un impuesto sobre el carbono), para los exportadores de los Estados miembro en el momento en que sus productos salen de las fronteras de la UE. Su objetivo es eliminar la ventaja en precio de los productos de terceros países que no soportan este tipo de cargas que en la UE sí.

-La fiscalidad del transporte, otra de las cuestiones que aborda en el artículo, ¿cree que sufrirá una gran modificación en la medida que los modos y usos del transporte ya están cambiando?

-La fiscalidad sobre los medios de transporte, que no está armonizada a nivel europeo ni de la UE, ya está sufriendo cambios en el caso del transporte por carretera, que han llevado a desarrollar incentivos para la adquisición de vehículos de energías alternativas. Por ejemplo, de vehículos eléctricos, de hidrógeno o de pila de combustible. O a aumentar los tipos impositivos en función del nivel de emisión de los vehículos. En el caso del transporte aéreo se observa una tendencia a establecer impuestos por trayecto o pasajero, así como al transporte de mercancías por esta vía. Y varias compañías aéreas europeas están desarrollando sistemas de compensación de sus emisiones.

-En cuanto a la fiscalidad sobre la contaminación/residuos y recursos, ¿intuye un impulso, y la creación de nuevas figuras impositivas? ¿Por qué figuras cree que pasa, o está pasando ya, este tipo de fiscalidad?

-Yo diría que estamos ya en ese proceso de creación de nuevas figuras impositivas. A modo de ejemplo y siguiendo la estela de otros países de nuestro entorno y recomendaciones de la UE, en el Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados del Gobierno español se ha incluido un impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables. Además este año se ha cerrado la consulta pública sobre la regulación del impuesto por el depósito de residuos en vertederos y la incineración de residuos.

-¿A cuánto aspira la CE que suba la recaudación de este tipo de impuestos, ya sea en porcentaje sobre el total de impuestos, o sobre el PIB?

-A priori no me consta que haya un objetivo de cuánto debería suponer el volumen de recaudación por este tipo de fiscalidad. En todo caso, no se debe obviar que avanzar en el cumplimiento de los compromisos medioambientales, muchas veces asociados a sus correspondientes figuras impositivas, va a llevar a una continua evolución de la recaudación por estos impuestos. Por tanto, también tendría sentido que no se establezca un objetivo en esta materia y que esta fiscalidad se vaya adaptando a lo largo del tiempo.

-¿Cree que Europa es partidaria de dar un destino específico a la recaudación fiscal medioambiental?

-La actual directiva europea sobre fiscalidad energética no establece nada al respecto. Sin embargo, como se recoge en el informe, varios países están orientándose a ello. En general, el destino de la recaudación por nuevas figuras impositivas medioambientales tiende a favorecer los procesos de transición hacia economías bajas en carbono, como sucede en Suecia o Francia. O a ayudar a los colectivos más vulnerables ante aumentos de la tributación, caso de Francia e Irlanda. Volviendo al caso de la fiscalidad sobre la energía, la Comisión parece ser consciente de que la política fiscal puede afectar negativamente al poder adquisitivo de los consumidores más vulnerables.

-¿Y qué se puede hacer al respecto?

-Bruselas considera necesario que la revisión de la directiva de 2003 adopte medidas de política social que se puedan financiar mediante el reciclado de los ingresos fiscales. En este caso, la Comisión abogaría por el empleo de los ingresos procedentes de la fiscalidad sobre la energía y sobre el medio ambiente para apoyar una reducción de la fiscalidad sobre el trabajo.

-¿Hasta qué punto será difícil alcanzar ese equilibrio buscado entre la fiscalidad, las emisiones y el impacto sobre hogares y empresas?

-En el estudio no hemos realizado el ejercicio de buscar un posible punto óptimo, pero entiendo que ese es el reto de los reguladores, lograr un equilibrio entre las señales económicas (la fiscalidad), las emisiones y el impacto sobre los hogares y las empresas. Especialmente aquellos más vulnerables y, en particular, las de las empresas más afectadas por la competencia internacional. En esta línea, en el proceso revisión de la actual directiva se va a realizar un ejercicio de modelización y simulación para valorar el impacto de las diferentes opciones a nivel macroeconómico y sobre los hogares.

-¿Es partidaria la CE de aumentar la fiscalidad sobre el sector residencial para incentivar una mayor eficiencia de consumo energético? Aún hay muchas comunidades de vecinos que consumen no ya diésel, sino incluso carbón.

-El único documento sobre la revisión de la directiva de fiscalidad energética al que podemos acceder plantea que la citada revisión considere la diferenciación entre combustibles para motores y combustibles para calefacción, racionalizando las posibilidades actuales de aplicar tipos diferenciados, exenciones y reducciones. Si bien los aumentos de impuestos para los combustibles fósiles en el sector del transporte o la calefacción son incentivos para el cambio de comportamiento; a corto plazo, es posible que los consumidores no puedan cambiar fácilmente sus patrones de consumo. Por ello, deberá evaluar todo esto de manera cuidadosa. Además, señala que la atención se centrará en abordar las subvenciones a los combustibles fósiles. Y evitar incoherencias entre la fiscalidad y el régimen de comercio de derechos de emisión, la directiva sobre energías renovables y la directiva sobre eficiencia energética. En todo caso, por el momento, no se sabe exactamente qué va a plantear la Comisión.