¿Qué impuestos se pagan en la Comunidad de Madrid y qué es la armonización fiscal que plantea el Gobierno?

La reforma fiscal reclamada por ERC al Gobierno a cambio de su apoyo a los Presupuestos ha reabierto el debate sobre la armonización de los impuestos cedidos a las comunidades autónomas. En concreto, el portavoz de la formación catalana, Gabriel Rufián, ha puesto el foco sobre el Impuesto de Patrimonio, que a su juicio debería ser más progresivo para las grandes fortunas, lo que permitiría «acabar con el dumping fiscal de facto y con el paraíso fiscal montado por la derecha en la Comunidad de Madrid».

Antes de nada hay que aclarar que aunque el Gobierno haya aceptado la propuesta de ERC, este compromiso no implica un cambio en el entramado recaudatorio. Para poner en marcha semejante reforma fiscal hay que modificar la ley orgánica de financiación autonómica, algo que ya ha ocurrido con anterioridad pero para lo que se requiere mayoría absoluta de la Cámara, frente a la aprobación de los Presupuesto Generales, que sólo requiere mayoría simple.

Esta ley otorga a las autonomías la soberanía de algunos tributos (sucesiones, donaciones, impuesto de transmisiones patrimoniales e impuesto de patrimonio), de modo que es cada comunidad la que determinan qué tipos se fijan para su recaudación, qué mínimos quedan exentos o qué bonificaciones se establecen. Hay comunidades que no han desarrollado fiscalidades propias y para las que el Estado establece unos tipos impositivos, el llamado régimen común.

Hay comunidades que no han desarrollado fiscalidades propias y para las que el Estado establece unos tipos impositivos,. En el caso del Impuesto de Patrimonio tras la aprobación de los nuevos Presupuestos este régimen común establece una escala progresiva, del 0,2% al 3,5% en el tipo más elevado, que es el aplicable a las fortunas superiores a los diez millones de euros.

Esto es importante porque la verdadera pelea tras el Impuesto de Patrimonio viene de su capacidad para atraer o repeler a las grandes fortunas. Por norma general, quienes tienen menos de 700.000 euros ahorrados y una vivienda valorada en menos de 300.000 están exentos este gravamen en cualquier comunidad, pero a partir de ahí toca retratarse y lo suyo es que quien pueda intente hacerlo donde le cueste menos.

Y en esa puja por intentar ser lo más atractivo posible, Madrid optó por no tener competencia y por establecer una bonificación del 100%. Es decir, allí no se paga nada por elevado que sea un patrimonio mientras que a ese mismo contribuyente en Bizkaia, por ejemplo, se le aplicaría una tasa de entre el 0,2% y el 2% a partir los 800.000 euros ahorrados y una valoración de 400.000 para la vivienda habitual. En el caso de Cataluña, la tasa va del 0,21% al 2,75% y encima se aplica a partir de los 500.000 euros. De modo que a partir de esa cifra, pudiendo mudarse es fácil que haya quien prefiera instalar su residencia en la capital. Al menos, en términos fiscales.

Al margen de las negociaciones entre ERC y el Gobierno, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha comentado en otras ocasiones que existe «unanimidad» sobre lo «complejo y poco transparente» que resulta una financiación autonómica que conlleva a diferencias «injustificadas» entre las comunidades, por lo que desde el Gobierno se estudiaba antes de la reclamación de Rufián la modificación de la norma. De hecho, recordó que en realidad esta es una línea de trabajo abierta por Cristóbal Montoro.