empleo juvenil y prácticas no laborales

Jóvenes estudiantes asisten a un foro sobre juventud y empleo./JORDI ALEMANY
Jóvenes estudiantes asisten a un foro sobre juventud y empleo. / JORDI ALEMANY
Begoña Etxebarria
BEGOÑA ETXEBARRIADirectora de Novia Salcedo Fundación

El desempleo juvenil es una lacra que la sociedad no se puede permitir: según datos de Lanbide del tercer trimestre de 2018, el número total de parados registrados en Euskadi es aún de 123.037, con un mayor incremento en el tramo de 25 a 34 años y subidas del 9,3% entre los de estudios universitarios, del 5% entre los de FP y del 4,8% entre los de bachillerato.

Los jóvenes quieren conocer y elegir su futuro profesional y necesitan espacios en los que poder entrenar competencias ligadas a la resolución de problemas, al trabajo en equipo y al desarrollo de la autonomía y la creatividad. Por su parte, las empresas necesitan incorporar personas jóvenes que respondan a los retos de innovación a los que se enfrentan. Y a pesar de los esfuerzos de los distintos agentes educativos y empresariales para cooperar, sigue existiendo un enorme trabajo por hacer en la empleabilidad de los jóvenes en términos de innovación.

Las prácticas profesionales no laborales (reguladas y remuneradas) son el instrumento más eficaz para fomentar el empleo juvenil. Su eficacia es incuestionable, y está avalada por los datos: sólo un agente laboral como la Fundación Novia Salcedo, en los últimos 8 años ha gestionado nada menos que 5.480 becas de prácticas profesionales no laborales en empresas del País Vasco (más otros 480 internacionales), de los cuales 3.735, es decir un ¡68,5%!, se materializaron en un contrato laboral. Y las universidades, las agencias de desarrollo, los centros de formación y los colegios profesionales podrían aportar otros tantos datos. No existe ninguna otra fórmula de acceso al primer empleo con ratios siquiera similares.

La necesidad y eficacia de las prácticas está avalada por los propios jóvenes: según las encuestas de NSF a sus jóvenes en prácticas, un 89% consideran que han adquirido competencias profesionales clave, logren o no un contrato laboral.

El debate, por tanto, no es o no puede ser prácticas sí o prácticas no. Las prácticas con un marco de calidad, una reglamentación adecuada, una tutorización constante y un seguimiento y evaluación de los aprendizajes individualizados, serían suficientes para garantizar la calidad y eficacia de las mismas. Cada vez menos, pero aún quedan agentes que establecen una guerra entre la seguridad del empleo actual y la incorporación laboral a través de estos instrumentos, que no son sino de transición hacia un empleo digno.

Es más, las becas de prácticas deben formar parte del cv de un estudiante, ser un valor personal, profesional y social, y ser cuasi obligatorias para todos los centros formativos. Al estar reguladas, todos ganarán en transparencia y seguridad, estudiantes, empresas, formadores, Administración…

Por eso, las prácticas no son el problema de las universidades o de los centros formativos, sino un problema y una necesidad de toda la sociedad. No hay otro camino, todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, y evitar el cortoplacismo. A todos nos interesa que los jóvenes estén formados de forma práctica. Hay que fomentar la cooperación entre los centros formativos, los organismos intermedios y las empresas. Las prácticas tienen que ser una medida clave en las políticas activas de empleo de la Administración (Lanbide, Inem, etc.), gestionadas directamente o a través de los agentes formadores (Universidad, agencias, fundaciones).

Las empresas saben que para tener unas buenas prácticas hace falta dotar a los programas de recursos económicos y personales (tutores, metodología, seguimiento y evaluación). No es tanto un coste como una inversión para contribuir a formar capital humano joven que responda a sus necesidades, tal y como lo hacen el resto de las empresas del entorno europeo. Novia Salcedo, reconocida como Agencia de Colocación Colaboradora de Lanbide, constata que en el período 2011-2018, y con un promedio de 350 empresas colaboradoras al año, ha logrado un fondo de becas para los jóvenes de 40 millones de euros. Y en ese mismo período, los programas han aportado más de 2 millones de euros a las arcas de la Seguridad Social. De esta forma, desde 2011 los jóvenes se han podido beneficiar de las ventajas (seguro de enfermedad y cómputo para la vida laboral) de un sistema que ya fue regulado entonces para las prácticas no laborales.

Por todo esto, porque no son el problema, sino la solución, las prácticas no laborales son necesarias como instrumentos de transición en el camino hacia un empleo digno, y tienen que estar reguladas y potenciadas para que sean justas, eficaces y sostenibles: justas con los jóvenes (no explotación), con los ya empleados (no trabajo encubierto), con el sistema (aportar a su sostenibilidad); eficaces, con una metodología y un seguimiento adecuado que aseguren que cumplen su fin; y sostenibles, que tengan un coste asumible para los centros formativos y los empleadores, de forma que no sean inviables, también para las pymes, que hoy en día ni siquiera están y son los grandes empleadores del país.

 

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