La elevada multa por ver fútbol pirata: muchos ya han recibido la carta

El fútbol pirateado existe casi desde que nació internet, pero la forma de perseguir este delito ha dado un giro radical en el último año. Si hasta entonces el objetivo de LaLiga (propietaria de los derechos televisivos) eran aquellos que compartían la señal televisiva de manera ilegal, ahora se persigue también a los usuarios finales. Es decir, los espectadores que ven el partido pirateado, que se exponen a tener que pagar multas de hasta 350 euros.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, siempre ha sostenido que «tan ladrón es el que emite la señal pirata como el que la ve o la compra a precios irrisorios». La entidad organizadora del fútbol profesional español consiguió hace poco más de un año el aval de la justicia para identificar y pedir compensaciones a estos usuarios finales.

Por aquel entonces, en la primavera de 2024, el Juzgado de lo Mercantil Número 8 de Barcelona emitió un auto que permitía actuar contra quienes acceden a redes o páginas webs piratas.

Así, LaLiga se sintió autorizada a solicitar a las operadoras de internet datos sobre la identidad de los espectadores del fútbol pirateado. Es decir, de aquellos que habían accedido a direcciones IP de servicios de 'cardsharing', un método mediante el que un usuario que ve un contenido de forma legítima decide retransmitir su señal para que otros puedan decodificarla y ver el contenido de forma ilegal.

Una vez obtenida esa información, comenzaba el envío de cartas exigiendo una «compensación» por daños y perjuicios que se elevaba hasta los 450 euros, bajo amenaza de demanda judicial.

Según revela Bandaancha.eu -portal de noticias, guías y foros sobre fibra y móvil- algunos de los operadores de telecomunicaciones (en concreto, Digi, Orange y Vodafone) preguntaron al juez si debían desvelar datos personales de esos espectadores, como el nombre y apellidos, la dirección postal de la instalación de la línea y de facturación, y el DNI.

El magistrado emitió posteriormente un auto aclarando que el objetivo de la autorización eran los responsables de al difusión de estas señales televisivas, y no sus espectadores.

Sin embargo, la LaLiga sigue persiguiendo a estos últimos. Especialmente a los usuarios de AceStream, protocolo que permite compartir y ver vídeos a través de internet. Lo pueden acreditar decenas de usuarios vascos, que en los últimos meses vienen recibiendo cartas de LaLiga con la exigencia de un pago que oscila entre los 250 y los 350 euros.

En realidad no se trata de una multa, sino una exigencia de «acuerdo de cesación» de la conducta infractora para evitar la vía judicial, y que al mismo tiempo solicita el pago de una compensación por daños y perjuicios.

Según informa David González, desde el pasado mes de septiembre y hasta mediados de marzo el Juzgado Mercantil de Vitoria validó 25 conciliaciones entre usuarios de emisiones ilegales de partidos que habían sido identificados por LaLiga.

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