El castigo que prevé el Gobierno para las jubilaciones anticipadas

La primera medida, ya adelantada por Escrivá en alguna ocasión, iría encaminada a desincentivar la jubilación adelantada de quienes han cotizado por bases más altas, que actualmente reciben las pensiones más altas sin merma alguna aunque adelanten su retiro. Para ellos, el Gobierno plantea aplicar los coeficientes reductores sobre la cuantía de la pensión en vez de hacerlo sobre la base de cotización.

Otra de las propuestas que se están estudiando pasa por crear nuevos coeficientes penalizadores que endurezcan los ya existentes y que podrían ser aún mayores para quienes soliciten la jubilación inmediatamente después de haber alcanzado la edad en que es posible hacerlo; es decir dos años antes de la edad legal, que ha quedado establecida en los 66 años. De modo que a partir de los 64 años (cuando ya se puede solicitar) la penalización se iría reduciendo a medida que nos acercáramos a los 66.

Para poder aplicarla se plantea el establecimiento de coeficientes penalizadores mensuales en lugar de trimestrales que se emplean hoy. En la actualidad, cuando la jubilación es voluntaria, se aplica una penalización del 2% por trimestre cuando se haya cotizado menos de 38 años y 6 meses; del 1,875% cuando se alcancen los 38 años y 6 meses pero no los 41 años y 6 meses; de 1,750% si llegamos a 41 años y 6 meses pero estamos por debajo de los 44 años y 6 meses, y del 1,625% cuando se acredite un período de cotización igual o superior a 44 años y 6 meses.

Además, y para fomentar que los trabajadores retrasen su retiro, se prohibirá a las empresas obligarles a abandonar su puesto una vez llegada la edad legal de jubilación, algo que actualmente se puede establecer en los convenios si el empleado tiene al cumplir la edad legal derecho al 100% de la pensión.

Desde 2013 se pueden jubilar de manera anticipada quienes tengan acreditado un período mínimo de cotización de 35 años y, como mucho, tengan dos años menos de la edad exigida en ese momento. Sólo quedan exentos de este requisito los profesionales que realicen labores consideradas «penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres» y quienes tengan una discapacidad «igual o superior al 45% o al 65%» y de los primeros también parece haberse acordado la reforma. Además de tener que sobrecotizar por ello como hasta ahora, estos trabajadores tendrán que demostrar que han ejercido estas labores después de cumplir los 52 años.

El Gobierno también incluirá las jubilaciones parciales en esta propuesta, de modo que también aplicará penalizaciones a quienes quieran reducir su jornada laboral en la misma proporción que el salario con idea de completado con el paro o con parte de la pensión sin que eso después repercuta en la pensión que cobrarán al alcanzar la edad ordinaria de jubilación. Además, limitará la posibilidad de concentrar esas jornadas partidas en jornadas completas de trabajo, algo que la legislación actual permite y que hace posible que un empleado cumpla con las horas pendientes en un período de tiempo menor del inicialmente establecido para así dejar de trabajar antes, aunque aún no se pase a estar legalmente jubilado.